Las seis islas de la Región de Murcia que están en manos privadas

 

 Por Miguel Rubio   

      Redactor del diario La Verdad.

Linajes famosos y grandes fortunas están detrás de estas propiedades, cinco en aguas del Mar Menor y otra en la bahía de Mazarrón

     Cuando en 1977 unos promotores pusieron sus ojos en la isla de Adentro, en Mazarrón, algo cambió en la Región de Murcia. Viviendas Funcionales SA (Vifusa), una constructora comandada por Mariano Yúfera, pretendía levantar en ese enclave costero 400 casas, un auditorio al aire libre, un hotel y un restaurante, pero el proyecto inmobiliario, diseñado por el arquitecto Demetrio Ortuño, desató las protestas de colectivos conservacionistas y se topó con el rechazo de la Comisión Provincial de Urbanismo. Fue un informe negativo de calado, en el que este organismo marcó la senda para una futura protección del litoral murciano, con especial referencia «a las pequeñas islas e islotes, los apéndices rocosos y los acantilados».

Una familia observa los trabajos en el barco fenicio de Mazarrón, frente a la isla de Adentro.

Casi medio siglo después, la isla de Adentro (o de Paco como se rebautizó entonces) vuelve a la actualidad porque la Demarcación de Costas del Estado promueve su deslinde con el fin de reforzar su protección. El expediente recuerda que ese territorio insular de apenas ocho hectáreas se encuentra en manos privadas, aunque no es el único.

Isla de Paco

De los veintitrés islotes e islas que salpican la geografía regional, seis pertenecen a particulares, según la relación recopilada por este diario con información de Ecologistas en Acción y la Consejería de Medio Ambiente. La de Paco es la única en esa situación en la franja mediterránea; las otras cinco islas privadas son las que se encuentran en el Mar Menor.

Una zódiac navega junto a la isla del Barón, en el Mar Menor.

Isla del Ciervo

Isla del Sujeto

Isla Perdiguera

Isla Rondella

El resto de espacios insulares (17) forman parte del patrimonio público y su titularidad depende de las administraciones regional y central.

¿Quién puede permitirse poseer una isla privada en la Región? Linajes famosos, grandes fortunas y potentes grupos empresariales están detrás de estas singulares propiedades, que destacan por su riqueza ambiental y un pasado cargado de historia y leyendas. Así, en aguas de la laguna marmenorense, la familia Fuertes, dueña de El Pozo Alimentación y de la promotora Profusa, se hizo con La Perdiguera; descendientes del conde de Romanones, con la del Barón o Mayor (y parece que en el mismo lote entraron las islas Rondella y del Sujeto), y la saga de Tomás Maestre, uno de los principales propietarios de La Manga, con la del Ciervo.

En cuanto a la isla de Adentro, planean dudas. La documentación de Costas, con información del Catastro, señala como titulares a los herederos del matrimonio formado por Blas Muñoz (un promotor mazarronero que ganó fortuna levantando pisos para alquiler en el cinturón metropolitano de Barcelona) y Josefa Calvet. Sin embargo, un familiar apunta a un posible error: «Ni somos los dueños ni nunca nos hemos sentido los propietarios de la isla», declara a La Verdad. «En Mazarrón nos deshicimos de todo el patrimonio; no conservamos nada», añade.

El Registro de la Propiedad apunta a otra titularidad para la isla de Adentro: dos industriales alicantinos, Juan Antonio Tolón de Gai y Felipe Fuster Santamaría, que en las décadas de los 70 y 80 mantuvieron relación por negocios con Yúfera y Blaya. El expediente de deslinde posiblemente venga a arrojar luz en esta cuestión.

Por lo demás, el conjunto de veintitrés islas de la Región sí tienen bastante en común: todas disfrutan al menos de una figura de protección ambiental, lo que da cuenta de su relevancia para el mantenimiento de los ecosistemas. Los territorios insulares del Mar Menor disfrutan de varios blindajes especiales para asegurar la conservación tanto del propio humedal como de las especies que allí habitan.

En cuanto a los islotes e islas del Mediterráneo, constituyen en su conjunto un paisaje protegido y, además, en la mayoría se refuerza esa figura con otras declaraciones referidas a la conservación de aves y otra fauna silvestre. Por ejemplo, en la isla de Escombreras se hace un seguimiento especial al lagarto bético, una especie única.

Panorámica de la isla de Escombreras.

Desde Ecologistas en Acción señalan que el blindaje ambiental fija las medidas a llevar a cabo. Para «las islas privadas, el principal efecto es la limitación al aprovechamiento urbanístico y turístico, que es lo que generalmente quieren hacer sus propietarios en los enclaves más grandes». A este respecto, el Grupo Fuertes señala que «no hay planes» para La Perdiguera, la segunda isla más grande de la laguna marmenorense. En la Consejería de Medio Ambiente se limitan a decir que los dueños de estos territorios «tienen las mismas obligaciones que cualquier otro que tenga terrenos en espacios protegidos».

De una mina de hierro a un residencial con 400 casas

Cómo acabó la mazarronera isla de Adentro en manos privadas tiene detrás una rocambolesca historia. La finca se inmatriculó en 1885 como una mina de hierro en lo que pudo ser una estrategia del propietario de las salinas para impedir que la fundición Santa Elisa, que se proyectaba en la zona, arrojase sus vertidos en esta playa. Desde entonces, la isla, en cuyas aguas se han descubierto restos fenicios y romanos, ha tenido varios propietarios, entre ellos un cónsul inglés, y ha formado parte de más de una herencia. En sus ocho hectáreas se conservan como únicas construcciones una vivienda, restos de las terrazas de un huerto y un aljibe, de finales del siglo XIX. En los años 70, un proyecto inmobiliario pretendió llenarla de casas, un hotel y un anfiteatro para 3.000 espectadores. Como cabeza visible de la promotora estaba Mariano Yúfera, que en 1979 se convirtió en alcalde de Mazarrón en las primeras elecciones municipales democráticas. La iniciativa fracasó. Como recuerdo quedó la gabarra construida para transportar materiales de obra a la isla.

Fuente: La Verdad

Piden más de 3 años de cárcel para el secretario general del ayuntamiento de Águilas por acoso laboral

 

 Por Alicia Negre    

       Licenciada en Periodismo por la Universidad de Murcia (UMU). Redactora de  LA VERDAD.

Un magistrado abre juicio contra el funcionario por la supuesta divulgación de un escrito de alegaciones presentado por el afectado

     El presunto acoso laboral contra un representante sindical podría sentar en el banquillo al secretario general del Ayuntamiento de Águilas. En un auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Lorca ha acordado la apertura de juicio oral contra Jesús L. por presuntos delitos de acoso laboral, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. 

Jesús López López (diario Información).

La Fiscalía solicita que se le impongan penas que suman tres años y siete meses de cárcel y hasta dos años y meses de inhabilitación para empleo o cargo público. Además, el Ministerio Público reclama que se indemnice al perjudicado en 3.835 euros, de los que el propio Consistorio tendría que responder de forma subsidiaria.

Fuente: LA VERDAD

Águilas: miedo e intimidación en el paraíso

  Por Pedro Costa Morata   

       Ingeniero, Periodista y Politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

No quiero tocar el asunto del intento de revocación de mi título de Hijo Predilecto de Águilas para no calentarme ni perturbar la serena reflexión de quienes tienen que asumir ese marrón y tratar de salir del atolladero. Así que me voy a centrar en algo que me ha asombrado y cabreado en estos días en que he tenido que frecuentar al Ayuntamiento en sus niveles administrativos, que es cuando he percibido, por transmisión angustiada desde varias personas, un miedo denso y documentado, un cierto terror ante las maniobras que ahí tienen lugar y una silente insurgencia frente a la impunidad con que esto viene desarrollándose.

Tampoco voy a citar nombres -algo relativamente innecesario, dado que vengo señalando a esa Casa Consistorial desde hace algún tiempo, sin que en mis artículos falten nombres y apellidos- sino que voy a transmitir la indignación que me acomete, y que debe de alcanzar a los aguileños de bien (la mayoría, desde luego), el que la Casa de todos, la sede municipal, el centro de la voluntad popular del pueblo, se esté convirtiendo en centro de miedo y desconfianza por las maquinaciones que aumentan, y se espesan, teniendo como origen el aparato administrativo y, por muñidor y consentidor, el poder político.

Fachada neomudéjar del ayuntamiento de Águilas.

Qué poca gracia tiene esto, hay que ver a qué estamos llegando: a sentir miedo en una parte sensible del funcionariado y preocupación entre algunos ciudadanos que son objeto de amenazas e intimidaciones, como yo mismo declaro. Así que se nos llena la boca de ensalzar las excelencias de nuestro pueblo, su espectacular Carnaval, su atrayente verano, sus playas paradisíacas, etc., y resulta que en el núcleo duro de la vida municipal ha germinado el miedo: miedo a que te perjudiquen, a que se promocione y premie a quien no lo merece, a la manipulación de las contrataciones de personal, al espectáculo diario de incumplimientos -simultáneos con el abuso en la gestión- por parte de ciertos personajes clave en la administración municipal y, ¡oído cocina!, al envalentonamiento de la ultraderecha, bien situada en la Casa, ante la que la mayoría socialista no muestra intención de hacer frente. Pues sí que vamos a mejorar la imagen de Águilas, sí, y sus pretensiones de paraíso litoral.

Es de ese envalentonamiento de Vox y sus gentes de lo que quiero advertir, ya que ahí está la causa de mis recientes preocupaciones, y para que el pueblo aguileño tenga un conocimiento claro y específico de los temores que anidan y maltratan al funcionariado municipal. Y es por esto por lo que transito desde la agresión silenciosa (más no por ello menos aguda) a ciertos funcionarios municipales, a la sufrida hace unos días por mí mismo (en modo verbal, pero ciertamente preocupante) por la interpelación burda y chillona de la parte de un ciudadano aguileño hacia el que desde ese momento me he propuesto guardarme y del que no me extrañaría una segunda agresión (tan excitado lo vi).

Fue, en efecto, el martes 25 de noviembre pasado a las 13 horas cuando fui hostigado en plena calle Conde de Aranda de Águilas, a un paso de la entrada lateral del Ayuntamiento, por una persona que no conocía y que se identificó como “padre del secretario accidental del Ayuntamiento de Mazarrón” quien, después de echarme en cara el haber citado a su hijo en un artículo mío de pocos días antes, pasó a insultarme y a retarme a una pelea en descampado, a lo que respondí que, siendo yo periodista e informador sobre numerosos temas desde hace medio siglo en Águilas, Murcia y España, si él tenía alguna queja sobre el artículo que lo hiciera expresamente a la dirección editorial de la publicación, aunque veía más oportuno que fuera su hijo, el aparentemente afectado, quien lo hiciera.

Como no le acepté ni los insultos soeces ni su sugerente propuesta de pelea, me prohibió que volviera a poner a su hijo, el funcionario de Mazarrón, “en relación con el secretario municipal de Águilas”, lo que me dejó atónito (y totalmente perplejo cuando, al poco, supe que el bronquista es amigo íntimo del susodicho secretario de Águilas, con el que se reúne prácticamente cada día en su despacho municipal). Añadió el provocador, a voz en grito que “si lo vuelves a hacer te voy a mandar un amigo”, que repitió incluso cuando le pedí que lo hiciese, para que alguno de los presentes pudiera oírlo.

      Plasmé mi denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil de Águilas (y en Fiscalía de Murcia, y en Delegación del Gobierno), por sus amenazas y enfrentamiento provocador, inaceptables en una sociedad pacífica y civilizada, que fácilmente me evocó el estilo mafioso al anunciarme el “envío de un amigo”. Y pedí a los agentes que se tomaran en serio esta amenaza verbal y la investiguen y aclaren trasladándola a los Juzgados, ya que esa conducta, claro objeto de condena, parece aludir a la existencia de sicarios e incluso a una presunta relación del citado agresor con alguien que se dedique a la violencia por encargo.

Aproveché para recordar a la Guardia Civil el incendio de la puerta de mi domicilio de Águilas, de claro tipo terrorista, la noche del 16 al 17 del pasado junio, denunciado también en este Cuartel y del que no he tenido después información policial ni judicial alguna. Este es otro motivo de preocupación -más allá del mío- para la ciudadanía de Águilas, que debe investigarse por lo que pudiera tener de relación con este otro episodio más reciente, y por si hubiera que acumularlo, dado el carácter claramente intimidatorio de ambos sobre mi persona y mi legítima actividad periodística, a las pesquisas e informaciones oportunas sobre actos de esta índole, inadmisibles en un Estado de Derecho.

Y en esas estamos: ¡oído, paraíso!

Calnegre y Cabo Cope, una joya natural que espera protección desde hace más de 30 años

 

 Por Gloria Piñero   

      Periodista en elDiarioRegióndeMurcia.es y guionista.

La larga parálisis administrativa impuesta por los sucesivos gobiernos de la Región de Murcia impide la aprobación de las normas que deben regular este parque regional, el espacio natural más emblemático del litoral murciano

      En el extremo suroccidental de la Región de Murcia, entre los términos de Lorca y Águilas, se extiende uno de los espacios naturales más singulares del litoral mediterráneo español: el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, declarado como tal en 1992 por la Ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio.

Litoral del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, en la Región de Murcia. AMACOPE.

Dentro de sus límites se extienden montes, ramblas y calas vírgenes de alto valor ecológico que se enfrentan a las amenazas que supone una desprotección ambiental que dura ya 33 años. Es el tiempo que ha transcurrido desde que el parque aparece en los mapas oficiales sin que se haya aprobado su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el instrumento legal que debe fijar las normas, usos permitidos y límites a las actividades dentro del espacio supuestamente protegido.

Sin ese plan, no hay medidas claras para su conservación ni sanciones aplicables a las agresiones que sufre. Y, mientras la Administración autonómica persiste en un silencio que dura más de tres décadas, la degradación avanza.

30 años de inactividad administrativa

La urgencia por la “necesidad inmediata de protección”, justificó que el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope se declarase sin contar con un PORN previo. Sin embargo, la Ley 4/1992 preveía esa situación y mandataba a las administraciones competentes —en este caso, al Gobierno de la Región de Murcia— a la aprobación de dicho instrumento “en el plazo máximo de un año” desde la declaración. El ejecutivo murciano estaba entonces en manos del PSOE, que ese mismo año había aprobado los PORN de otros tres parques regionales: el de Sierra Espuña, el de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y el de Calblanque.

En 1993, la entonces Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza acordó el inicio del procedimiento de elaboración del PORN de Cabo Cope y Calnegre. Sin embargo, el proceso quedó paralizado tras la llegada del Partido Popular al Gobierno murciano, en el que permanece inamovible desde entonces.

La desprotección de Cabo Cope-Calnegre se hace especialmente patente cuando las crecidas de las ramblas depositan en su litoral toneladas de residuos plásticos, principalmente provenientes de la agricultura intensiva.

En todos estos años, es cierto que hubo intentos por parte de la Administración regional para cumplir con la legalidad respecto al parque, pero todos tan intermitentes como ineficaces: en 2012, cuando una orden de la Consejería de Presidencia creó las Áreas de Planificación Integrada e incluyó al parque en la “API 004: Costa Occidental”; y posteriormente, en 2020, cuando la Dirección General de Medio Natural volvió a iniciar formalmente el expediente de elaboración del PORN. Incluso se llegó a redactar un documento previo en 2021. Pero nunca se produjo la aprobación inicial ni su publicación oficial en el Boletín Regional.

Un paso que resulta esencial porque, sin esa aprobación inicial, no se activa el régimen de protección cautelar previsto en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que impide transformaciones sustanciales del territorio. Así que, en la práctica, la inactividad del Gobierno regional (que las organizaciones ecologistas tildan de premeditada), está sirviendo para que Cabo Cope y Calnegre se rija por la “ley del salvaje Oeste”.

Una exigencia formal tras décadas de silencio

El pasado 16 de septiembre de 2025, Ecologistas en Acción de la Región Murciana registró un requerimiento formal ante la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. En el mismo, al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, reclama la “inmediata aprobación inicial” del PORN del Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre, y su tramitación por procedimiento de urgencia, conforme al artículo 48.5 de la Ley 4/1989.

El documento —firmado por Ana María García Albertos, presidenta del colectivo— se apoya en una sólida base jurídica, que incluye la invocación del artículo 45 de la Constitución Española, al tiempo que advierte que la ausencia del PORN vulnera el principio de legalidad y los derechos de participación pública.

Un ejemplar de tortuga mora, símbolo de la riqueza natural de la Región de Murcia, en las inmediaciones de Cabo Cope, en Águilas. AMACOPE.

El texto subraya que esta inactividad administrativa no solo incumple la normativa estatal y autonómica, sino que “pone en entredicho el propio régimen sancionador ambiental”, al no existir un marco reglamentario aplicable dentro del parque. Y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad de recurrir judicialmente la “inactividad reglamentaria” cuando esta produce efectos lesivos para el medio ambiente o para derechos de participación ciudadana.

Así que, si la Consejería no responde en tres meses, Ecologistas en Acción estará legitimada para interponer recurso contencioso-administrativo por inactividad, abriendo así un nuevo frente judicial en aras de la protección de este espacio.

Las amenazas de siempre… y las nuevas

El Parque Regional ha sobrevivido durante décadas a amenazas de gran envergadura. En los años ochenta y noventa, una central nuclear proyectada en Cabo Cope estuvo a punto de condenarlo para siempre.

Más tarde, la presión urbanística se convirtió en el mayor peligro. En 2001, la nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia fue aprovechada para modificar los límites del parque regional y declarar la Actuación de Interés Regional (AIR) ‘Marina de Cope’, un controvertido proyecto urbanístico-turístico que pretendía un desarrollo desaforado —60.000 viviendas, cinco campos de golf, diez campos de fútbol, veinte hoteles y un puerto interior con 2.000 puntos de amarre— dentro de lo que, hasta entonces, había sido parque regional.

Los ayuntamientos de Lorca y Águilas no tardaron en buscar acomodo a la AIR en sus respectivos planes generales de ordenación, con la única oposición de Izquierda Unida. Eran los años del boom del ladrillo.

Mapa del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope. CARM.

Hubo que esperar hasta 2012 para que el Tribunal Constitucional, en una de las sentencias más simbólicas relacionadas con el urbanismo murciano, declarara nula la disposición adicional octava de la Ley autonómica del Suelo que desprotegía unas 15.000 hectáreas de espacios naturales, principalmente en Cope-Calnegre y devolviera sus límites originales al parque. Una larga batalla jurídica y social que fue posible por la interposición, diez años antes, de un recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados del PSOE, liderados por la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que respaldaron la lucha de Ecologistas en Acción, ANSE, WWF y Greenpeace.

Un tiempo que fue aprovechado por empresas y organizaciones agrícolas para que, con el Gobierno regional de brazos caídos, roturaran varios cientos de hectáreas, las convirtieran en regadío y se construyeran infraestructuras como gasolineras, almacenes y viviendas dentro del parque.

Hoy, a pesar de la sentencia, las amenazas no han desaparecido. El deterioro se manifiesta en forma de nuevas roturaciones ilegales, sobreexplotación agrícola y contaminación difusa. En las zonas agrícolas colindantes proliferan los invernaderos, el uso intensivo de plásticos y fitosanitarios, y las captaciones ilegales de agua en una comarca árida. Cada DANA, la crecida de las ramblas llenan el litoral del parque de botes, envases de fungicidas y herbicidas de uso agrícola, tubos de riego por goteo, trozos de gomas y toneladas de plásticos que contaminan la costa. Nadie responde por ello.

Imagen de satélite de la Marina de Cope, donde se aprecian múltiples roturaciones y construcción de infraestructuras. Instituto Geográfico Nacional.

La falta de un PORN también impide establecer zonas de exclusión y amortiguación, lo que deja el parque expuesto a la expansión de cultivos hasta incluso dentro de sus límites naturales.

A ello se suma la presión turística creciente. Por un lado, los planes urbanizadores del Ayuntamiento de Águilas, que promueve la construcción de un camping en una zona situada a escasos 2.000 metros de importantes áreas de conservación de la biodiversidad; por otro, la costa virgen de Calnegre es, cada verano, un imán para visitantes y vehículos todoterreno, sin apenas regulación.

Mención aparte merece el vandalismo ambiental. El último ejemplo se produjo el pasado agosto: una nueva quema intencionada de tarayes en la playa del Charco, espacio integrado en el Parque. El mismo lugar que ha sido escenario de reiterados incendios en los últimos meses, según ha denunciado AMACOPE, y que se ceba con la especie Tamarix canariensis, incluida en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia donde está calificada de “interés especial”.

Pero no es el único. En los últimos años, son frecuentes la rotura intencionada de la señalización informativa, el vuelco de contenedores o el destrozo con tractores de las líneas de bolardos de madera que protegen la flora autóctona, incluidas especies vulnerables, como el azufaifo (Ziziphus lotus), el patagusanos (Salsola papillosa) o el chumberillo de lobo (Caralluma europea), cuando no directamente en peligro de extinción, como la gramínea Enneapogon persicus o la ortiga muerta de roca (Scrophularia arguta).

Así que, lo que la ley llamó en su día parque regional es, en la práctica, “un territorio a la deriva”, resumen desde Ecologistas en Acción. El resultado de la parálisis institucional es la impunidad ambiental: el espacio protegido más emblemático del litoral murciano se mantiene sin orden ni protección real.

Una joya ecológica que languidece

El valor ambiental del parque es indiscutible. En su territorio confluyen hábitats esteparios, dunas, acantilados y zonas marinas de alto interés ecológico. Es refugio de especies amenazadas como la tortuga mora (Testudo graeca), el águila perdicera, el búho real o diversas especies de flora endémica litoral.

Cala Blanca, en el término municipal de Lorca, una de las playas vírgenes que forman parte del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope.

Además, el parque forma parte de la Red Natura 2000, bajo las figuras de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Paradójicamente, estas designaciones europeas obligan a la existencia de planes de gestión coherentes. La propia normativa autonómica —Ley 6/2012 y Orden de 2012 sobre planificación integrada— establece que, cuando se solapan varias figuras de protección, la planificación debe integrarse en un único documento.

Pero el Gobierno regional, según Ecologistas en Acción, “anuló por la vía de los hechos” su decisión de incluir el PORN dentro del Plan de Gestión Integral de la Costa Occidental “sin respaldo jurídico alguno”.

En su escrito, Ecologistas en Acción también lanza una advertencia clara: “No puede haber auténtica gestión de los recursos naturales sin la previa planificación y ordenación, a través del instrumento expresamente previsto por la Ley para ello”.

La falta de ese instrumento —el PORN— priva al parque de un elemento esencial: la seguridad jurídica. Propietarios, agricultores y administraciones locales operan en un limbo normativo donde ni los límites ni los usos están definidos.

El espejo de un modelo regional

El caso de Cabo Cope–Calnegre simboliza un patrón recurrente en la política ambiental murciana: declarar espacios naturales sin dotarlos de herramientas de gestión ni recursos para su conservación.

Imagen aérea de la Manga del Mar Menor.

Mientras otras comunidades autónomas han culminado hace años la planificación de sus parques regionales, Murcia arrastra décadas de retrasos e incumplimiento de la ley.

El contraste es aún más evidente cuando se compara con la atención mediática y política que ha recibido el Mar Menor, cuya degradación ecológica ha movilizado reformas legales y plataformas ciudadanas, mientras Cabo Cope languidece a la espera de una decisión política que nunca llega y que no admite más demora.

Fuente: elDiario.es