Concentraciones simultáneas frente a los ayuntamientos de la Región de Murcia por el derecho al alquiler.

 

La Comunidad Autónoma busca una segunda vida para 40 explotaciones mineras en 8 municipios de la Región de Murcia

 

 De Murcia Plaza

Acometerá este mismo año la recuperación de cuatro explotaciones, dos de ellas ubicadas en Abanilla, una en Blanca y otra en Bullas

     La Comunidad está tramitando una segunda vida para 40 explotaciones de recursos mineros. Estos planes de restauración afectan a 8 municipios, principalmente en Fortuna (13) y Abanilla (12), y en su mayoría se trata de canteras en desuso o abandonadas.

“La restauración minera y ambiental constituye para el Gobierno regional una prioridad estratégica dentro de nuestro compromiso firme con la sostenibilidad, la protección del territorio y con hacer compatible la actividad extractiva con el respeto al medio ambiente”, señaló el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, quien destacó que, además de estos planes, su centro directivo tiene previsto abordar este 2026 la restauración de cuatro explotaciones: dos de ellas ubicadas en Abanilla, una en Blanca y otra en Bullas.

Explotación de recursos de áridos situada en el municipio de Bullas.

El director general detalló que los planes actualmente en tramitación “pueden corresponder tanto a nuevas explotaciones como a modificaciones de planes ya autorizados”, ya que la normativa sobre gestión de residuos de industrias extractivas y rehabilitación de espacios afectados por actividades mineras establece la obligación de revisar y actualizar estos planes al menos cada cinco años cuando existan modificaciones sustanciales, lo que implica una nueva tramitación y aprobación.

Actualmente, se están desarrollando restauraciones simultáneas a la explotación en 12 explotaciones de siete municipios: Mula (3), Abanilla (2), Fortuna (2), Fuente Álamo (2), Santomera, Alhama de Murcia y Totana.

“Como estrategia general, impulsamos que los nuevos planes de restauración incorporen, salvo excepciones técnicas, el principio de restauración simultánea a la explotación”, apuntó Miralles. En estos casos, las labores extractivas y las de rehabilitación se desarrollan de forma coordinada y progresiva, lo que minimiza la superficie alterada en cada momento y reduce el impacto paisajístico y ambiental.

Convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena

Además, la Consejería no solo actúa en el plano administrativo y de control, sino también en el ámbito de la restauración directa de espacios degradados. En este sentido, el director general recordó que “ya se han ejecutado importantes actuaciones como El Lirio, en Cartagena, y San Cristóbal II, en Mazarrón” e indicó que actualmente “se encuentra en fase final la obra de restauración de San Cristóbal I, también en Mazarrón”.

“Estas actuaciones demuestran que el Gobierno regional no se limita a exigir obligaciones, sino que también interviene activamente para recuperar espacios históricamente degradados, especialmente en zonas con pasivos ambientales asociados a la minería metálica”, añadió Federico Miralles.

En este sentido, la Consejería rubricó un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que permitirá avanzar en la investigación, innovación y desarrollo de nuevas soluciones técnicas para la restauración y clausura de minas, canteras y depósitos de residuos. “Este marco es especialmente relevante dada la diversidad de realidades en la Región: desde las canteras de mármol del Noroeste hasta los depósitos de residuos de minería metálica en la Sierra de Cartagena-La Unión y en Mazarrón”, explicó el director general con competencias en actividad minera en la Región.

“La estrategia del Gobierno regional es clara: compatibilizar actividad económica y protección ambiental, reforzar el control y las garantías, promover la restauración simultánea y actuar decididamente en la recuperación de espacios degradados con las mejores técnicas disponibles, consolidando un modelo de minería responsable y sostenible para la Región de Murcia, que ya es referencia a nivel nacional, especialmente en minería metálica”, finalizó Miralles.

Fuente: Murcia Plaza

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Lecciones del Mar Menor

 

 Por Francisco Ortín Córdoba

      Economistas sin Fronteras.

El Mar Menor simboliza el choque entre desarrollo y sostenibilidad. De su colapso ambiental a su reconocimiento como sujeto de derechos, su historia combina crisis, innovación y esperanza para repensar nuestra relación con la naturaleza

     El Mar Menor es una laguna de 135 km² ubicada en Murcia, equivalente aproximadamente a un tercio de Andorra o a la mitad de Malta. Ha sido ocupado por los humanos desde el Paleolítico y en él se han encontrado restos arqueológicos de civilizaciones íberas. Los romanos lo llamaron Belich y Mare Palus, “laguna”; y los árabes, Buhayrat al-Qasr, “la Albufera del Alcázar”. Tras la Reconquista se le denominó simplemente Albufera, hasta que se impuso su nombre actual: Mar Menor. Esta denominación lo diferencia de su hermano mayor, el Mediterráneo, unas 18.500 veces más extenso y del que le separa una manga de 21 kilómetros. Desde el siglo XX fue uno de los paisajes más reconocibles del sureste: un ecosistema singular, con un fuerte vínculo cultural local y un motor económico.

Sin embargo, el modelo de desarrollo nunca tuvo en cuenta el equilibrio con el ecosistema. La agricultura y la ganadería se intensificaron; el sector turístico apostó por el volumen más que por el valor añadido, con una presión creciente sobre el territorio; y los impactos de otras actividades, como la minería en las sierras cercanas, fueron acumulándose.

El resultado fue un colapso multicausal. Apartir de la década de 1960, el Mar Menor pasó a verse —en palabras de Teresa Vicente— “como un vertedero y como una fuente de beneficios”.

Colapso multicausal del Mar Menor.

Teresa Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho, es precisamente una de las figuras clave en esta historia. Lideró una iniciativa popular sin precedentes, respaldada por 640.000 firmas, para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica. La iniciativa dio lugar a una ley pionera en Europa: por primera vez, un ecosistema obtenía derechos propios reconocidos en el ordenamiento jurídico. El cambio era conceptual. El Mar Menor dejaba de ser únicamente un objeto de protección ambiental para convertirse en un sujeto de derechos: derecho a existir, a evolucionar de forma natural, a ser protegido, conservado y restaurado.

El Mar Menor, la laguna española contaminada que se defiende en los tribunales.

Este hecho histórico es un referente por múltiples razones. Fue el primer proceso de este tipo en Europa y, además, nació directamente desde la ciudadanía y no de partidos políticos. La iniciativa ha tenido un fuerte reconocimiento internacional: la ONU lo ha reconocido como uno de los World Restoration Flagships, Teresa Vicente recibió el Premio Goldman, considerado el Nobel ambiental, y el caso ha servido de inspiración para otras iniciativas, como la del río Tins en Galicia o el creciente interés en ecosistemas como el Manzanares, la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro o Doñana.

Situación actual: la personalidad jurídica en práctica

Lejos de ser el final del camino, la personalidad jurídica del Mar Menor es el inicio de un intento de curar un ecosistema en estado crítico. La ley fue ratificada por el Tribunal Constitucional frente a la oposición de algunos partidos, y hoy el Mar Menor tiene NIF, cuenta bancaria y una estructura de gobernanza compuesta por tres órganos: un Comité de Representantes, una Comisión de Seguimiento —los “guardianes”— y un Comité Científico. La ley establece que cualquier vulneración de sus derechos puede generar responsabilidad penal, civil, ambiental y administrativa.

Esto ya no es teórico. El Mar Menor, a través de sus representantes, ha comenzado a personarse en procedimientos judiciales, por ejemplo frente a daños derivados de vertidos.

El Mar Menor, la laguna española contaminada que se defiende en los tribunales.

En paralelo, se ha puesto en marcha el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor, con un presupuesto de 675 millones de euros. Entre sus medidas destacan la creación de un cinturón verde alrededor de la laguna, el cierre de miles de hectáreas de regadío ilegal, la restauración de ecosistemas en la cuenca vertiente o el replanteamiento de ciertas infraestructuras, como puertos.

Sin embargo, las tensiones persisten. Teresa Vicente ha dimitido como Tutora del Mar Menor, denunciando obstáculos y fricciones con las administraciones estatal y autonómica, a las que acusa de priorizar sus propios intereses frente a la defensa del ecosistema.

Y, mientras tanto, ¿cómo está la laguna en 2026? El Mar Menor sigue enfermo. No se han repetido episodios como el de 2019, pero, por ejemplo, en octubre de 2025 se produjo un nuevo episodio de anoxia, breve pero intenso, tras la dana Alice. La propia Teresa Vicente lamenta que “en una zona semidesértica donde la lluvia debería ser motivo de celebración, la dana nos hace temblar, porque arrastra (los fertilizantes de) la agricultura intensiva y los purines de la ganadería hacia la laguna, lo que unido a otros factores como el calor provoca de nuevo la anoxia”.

Abrazo al Mar Menor.

El Mar Menor: entre esperanzas y tensiones

El caso del Mar Menor es muchas cosas a la vez. Es, en primer lugar, un precedente ambiental y económico. Durante años, los impactos sobre el ecosistema fueron tratados como externalidades o problemas del futuro. Hasta que dejaron de serlo. Cuando el desequilibrio del ecosistema se materializó, el propio modelo económico que lo causó quedó gravemente afectado: el valor de los activos turísticos ha disminuido significativamente, la actividad pesquera se ha visto mermada y la agricultura intensiva junto a la laguna se ha prohibido. Esto muestra que la necesidad de un equilibrio entre economía y naturaleza ha dejado de ser una cuestión teórica, y puede prepararnos para afrontar otras crisis ambientales.

Es también un precedente de ciudadanía. En un contexto de polarización política, más de 640.000 personas se pusieron de acuerdo para defender un bien común, algo que parece inverosímil hoy en día. Esto muestra que los ciudadanos, más allá de los colores políticos con los que se identifican, pueden encontrar espacios de entendimiento y cooperar.

Es, además, un precedente jurídico y de gobernanza. El Mar Menor ya tiene derechos. Pero esto abre una tensión inevitable: sigue sin tener una voz propia y está representado por un grupo de humanos. Y esos humanos tienen intereses e incentivos distintos. Algunos priorizan la protección del capital natural a toda costa; otros, objetivos económicos o políticos. La gobernanza del medioambiente será un espacio de tensión constante, como refleja la dimisión de la líder de este movimiento por la percepción de intereses en las administraciones que van más allá de la protección de la laguna. Sin embargo, esas mismas administraciones, criticadas por defender “lo suyo”, son también las estructuras democráticas que representan la voz de la ciudadanía en ese proceso.

Para mí, el Mar Menor refleja que nada es simple y me enfrenta a varios sentimientos a la vez. El colapso ambiental fue devastador. La reacción ciudadana fue extraordinaria. La innovación jurídica es histórica. Su implementación es compleja. Y el futuro sigue abierto. Este caso puede extrapolarse a otros de los grandes problemas de nuestro tiempo donde conviven el bien y el mal, y la esperanza y las tensiones.

Cierro este artículo con una reflexión del Tribunal Supremo de 1990 citada en la propia ley de personalidad jurídica del Mar Menor: “La diferenciación entre males que afectan a la salud de las personas y riesgos que dañan otras especies animales o vegetales y el medio ambiente se debe, en gran medida, a que el hombre no se siente parte de la naturaleza sino como una fuerza externa destinada a dominarla o conquistarla para ponerla a su servicio. Conviene recordar que la naturaleza no admite un uso ilimitado y que constituye un capital natural que debe ser protegido”.

Fuente: El Salto

Vecinos de Cartagena denuncian inacción del SEPRONA ante vertidos y posible riesgo radiológico en El Hondón

 

 Por Rosa Roda   

       Periodista murciana.

El vecindario pide una reunión urgente con el Delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y con los mandos de la Guardia Civil y recuerdan que el Seprona tiene la obligación legal de actúar

     La Asociación de Vecinos del Sector Estación y la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena han presentado un escrito ante la Delegación del Gobierno en el que cuestionan abiertamente la actuación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en el entorno de El Hondón. Lo que reprochan no es una decisión concreta, sino algo que consideran más profundo: la percepción de que, ante un problema que califican de estructural y persistente, la respuesta institucional ha sido más administrativa que operativa.

Irresponsabilidad de las administraciones con los terrenos de El Hondón.

El núcleo de la crítica no se sitúa en el plano jurídico, sino en el terreno práctico. Según los firmantes, las intervenciones realizadas hasta ahora no se han traducido en actuaciones materiales suficientes sobre el terreno. En su escrito enumeran lo que, a su juicio, debería haberse producido: personación inmediata en las zonas denunciadas, inspecciones técnicas in situ, levantamiento de diligencias completas, identificación de focos y posibles responsables, así como toma de muestras con cadena de custodia para su análisis en laboratorios acreditados.

Suelos mineros El Hondón en Cartagena.

Los colectivos recuerdan que el SEPRONA actúa como policía judicial especializada en materia medioambiental y que, ante la posible existencia de delitos contra el medio ambiente o la salud pública, su actuación -según sostienen- no debería limitarse a la mera tramitación administrativa o a la remisión de escritos entre organismos.

Escorrentías hacia el Mediterráneo

Para los vecinos, el problema no es nuevo. Pero sí lo es, aseguran, el grado de exposición actual. En el escrito describen la presencia de residuos peligrosos dispersos en antiguos enclaves industriales del entorno de El Hondón y Los Mateos. Sostienen que algunos de esos materiales son arrastrados por la lluvia hacia la rambla de El Hondón y la rambla del Cobre, cauces que finalmente desembocan en el mar Mediterráneo.

También alertan de la dispersión aérea de partículas. Según explican, el viento levanta polvo procedente de estos terrenos que termina depositándose en terrazas, patios y, en ocasiones, dentro de las propias viviendas.

El polvo que entra en casa

Uno de los aspectos que consideran más sensibles es la posible presencia de materiales similares a fosfoyesos con componente radiológico natural (NORM). Los vecinos subrayan que no afirman que exista un riesgo confirmado, pero sí reclaman que se investigue y se mida con rigor.

Por este motivo solicitan, si fuera necesario, la intervención del Consejo de Seguridad Nuclear para evaluar la naturaleza de los materiales presentes en la zona. Argumentan que cuando el polvo entra en los hogares deja de ser un problema exclusivamente industrial o urbanístico y pasa a afectar directamente a la salud, a la intimidad y a los derechos fundamentales de las personas.

El escrito cita expresamente varios preceptos constitucionales: el artículo 15, relativo al derecho a la vida y a la integridad física; el artículo 18, que protege la inviolabilidad del domicilio; el artículo 43, sobre la protección de la salud; y el artículo 45, que reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

Petición de intervención estatal

La denuncia no se dirige únicamente a la Guardia Civil. Los vecinos apuntan también a posibles responsabilidades de distintos organismos estatales. Señalan que, si existe afección a cauces públicos, la competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura. Y si los arrastres alcanzan el litoral, debería intervenir la Demarcación de Costas del Estado en Murcia.

Por ello reclaman la convocatoria urgente de una reunión en la Delegación del Gobierno en la que participen todas las administraciones implicadas: Guardia Civil, organismos hidráulicos, Demarcación de Costas y, en su caso, el Consejo de Seguridad Nuclear.

Su objetivo, explican, es evitar que el problema continúe diluyéndose en intercambios de informes entre administraciones. Reclaman un calendario claro de actuaciones, inspecciones sobre el terreno y resultados verificables.

Un problema que, dicen, sigue activo

Cartagena convive desde hace décadas con el legado de su pasado industrial: antiguas fundiciones, vertederos y depósitos de residuos vinculados a la actividad minera y metalúrgica. Pero los vecinos sostienen que la situación actual no puede considerarse únicamente un pasivo histórico ya clausurado.

Según exponen en su escrito, se trataría de un escenario activo en el que los materiales siguen desplazándose con la lluvia y el viento, con posibles efectos sobre el entorno urbano.

Los colectivos advierten de que, si no se producen actuaciones efectivas, estudian trasladar la situación a la Fiscalía y también a la Comisión Europea por un posible incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de residuos, aguas y calidad del aire.

La Delegación del Gobierno deberá decidir ahora si convoca la reunión solicitada por los colectivos vecinales. Mientras tanto, los vecinos mantienen su reclamación de actuaciones sobre el terreno para determinar si las irregularidades denunciadas pueden constituir un posible delito medioambiental o si, como temen, la contaminación continúa avanzando sin una respuesta efectiva.

¿Qué órdenes reciben los agentes del Seprona en Cartagena?

Un documento interno de la Guardia Civil, fechado el 1 de marzo de 2025 y firmado por el jefe de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de Cartagena, refuerza las críticas vecinales sobre la falta de actuaciones operativas ante los problemas de contaminación en la zona. El informe, al que tuvo acceso RRNEWS, señala que no se realizó ninguna intervención sobre el terreno tras recibir tres denuncias enviadas por correo electrónico entre el 5 y el 18 de marzo sobre la situación del vertedero de residuos peligrosos de Torreciega tras varios episodios de lluvias intensas.

El SEPRONA en El Hondón.

Según el documento, las denuncias siguieron un recorrido administrativo entre distintas unidades -SEPRONA de Cartagena, UPRONA de Murcia y el juzgado- sin que se ejecutaran inspecciones ni actuaciones materiales. En una de ellas se alertaba de que más de 41 millones de litros de agua contaminada con metales pesados podrían haber sido arrastrados hacia la dársena del puerto de Cartagena desde los terrenos de la antigua Española del Zinc. Otra advertía del posible vertido de unos 2,5 millones de litros de lixiviados y residuos peligrosos hacia la rambla del Hondón, mientras que una tercera denunciaba movimientos de sustancias peligrosas dentro de la parcela contaminada sin medidas de prevención.

Es decir, el UPRONA de Murcia ordena informar, pero no actuar. El 31 de marzo, UPRONA de Murcia envió un correo electrónico indicando que debía informarse al denunciante de que las denuncias habían sido remitidas al juzgado. Eso es todo. Cierre administrativo. Ninguna instrucción sobre medidas preventivas, inspecciones o seguimiento. Nada.

El documento oficial que detalla todo este proceso, y que lleva el sello de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil, expone de manera descarnada un sistema que funciona a base de correos, órdenes contradictorias y, sobre todo, inacción.

El propio documento refleja problemas de coordinación entre unidades y concluye que las denuncias fueron finalmente remitidas al juzgado, sin que conste la realización de inspecciones ni medidas preventivas sobre el terreno. Para los colectivos vecinales, este episodio evidencia una gestión basada en trámites administrativos y comunicaciones internas, pero con escasa respuesta operativa ante un problema ambiental que consideran grave. Los vecinos saben que algo pasa con el Seprona y por eso piden una reunión urgente con el Delegado del Gobierno y los altos mandos de la Guardia Civil.

Fuente: RRNEWS