Cuando Estados Unidos comprobó la magnitud de las consecuencias, comenzó la minusvaloración de todos y cada uno de los parámetros que describían su gravedad: superficies contaminadas, niveles de radiactividad, falsificación de los mapas radiométrico
Hace pocos días se cumplieron 60 años del accidente nuclear de Palomares (Almería, 1966). Desde 1945 no habían caído bombas nucleares en una población. Esta vez no hubo detonación nuclear ni muertos pero sí sobrada radiactividad. El explosivo convencional de dos de las cuatro bombas que cayeron, con una potencia superior a 68 veces la de Hiroshima, dispersó en 635 hectáreas casi diez kilos de plutonio, que es la sustancia más tóxica creada por el hombre.
La pérdida y espectacular búsqueda de una de las bombas, junto con la extensión de la contaminación en un lugar poblado, convirtió el accidente en el más importante de la era nuclear, hasta que veinte años más tarde se produjera el de Chernobyl. Pero, ¿por qué se afirma que es una historia abierta, inconclusa e interminable? La razón hay que buscarla desde el principio.
Cuando Estados Unidos comprobó la magnitud de las consecuencias, comenzó la minusvaloración de todos y cada uno de los parámetros que describían su gravedad: superficies contaminadas, niveles de radiactividad, falsificación de los mapas radiométricos reducidos de siete a doce veces, vigentes hasta 2013. No se salvó ni la denominación: la calificación de accidente fue rebajada por el Departamento de Defensa a «incidente», lo que implicaría la inexistencia de contaminación y contaminados por plutonio. Es el término que persiste seis décadas después. Cuando en los inicios aparecieron análisis positivos del radionucleido en los vecinos, fueron invalidados. Los 1.586 soldados con resultados positivos también fueron manipulados y reducidos a solo 422.
La descontaminación norteamericana fue un eficaz paripé destinado solo a la opinión pública. Los bidones transportados a EE. UU. apenas albergaban un 1 % del plutonio diseminado y los dos enterramientos secretos descubiertos 41 años más tarde con 4000 metros cúbicos contienen una quinta parte de las tierras que se comprometieron evacuar a su país.
Incumplieron todo lo que habían acordado por escrito unas semanas antes en Palomares. También la garantía legal de responsabilidad civil que dieron cuando en 1963 pidieron permiso para alojar submarinos nucleares con misiles Polaris en la base de Rota (Cádiz). Fue en el Acuerdo Confidencial de julio de 1964, párrafo tercero, donde se comprometían de manera inequívoca a asumir toda responsabilidad civil derivada en caso de accidente nuclear, donde cualquier reclamación “será resuelta rápidamente a través de la vía diplomática”. Sesenta años no parecen ser nada para los causantes. Este Acuerdo sigue siendo una sólida base legal en el presente para exigir su limpieza.
La pusilanimidad mostrada por la dictadura no tuvo límites. Como más del 75 % del plutonio se quedó donde estaba y dada la futura exposición crónica de los vecinos al tóxico, la Atomic Energy Comission (AEC), la Junta de Energía Nuclear (JEN) y posterior Ciemat acordaron implementar de manera subrepticia un proyecto de investigación con sus habitantes y el medio ambiente.
Fue llamado en clave: «Proyecto Indalo» (1966-2009) sin que existiera el consentimiento informado ni garantía bioética alguna. La finalidad de este acuerdo era la “recopilación de información sobre la absorción y retención de plutonio y uranio en un número representativo de un grupo de población”, según reza lo firmado apenas un mes después del accidente.
España no solo permitió los incumplimientos. Suscribió con el país causante una historia oficial a la medida de sus intereses. Tuvo como portavoz al ministro Fraga Iribarne, quien afirmó repetidamente que en Palomares todo se había quedado igual o mejor que antes del accidente y que no había peligro para la salud. Los vecinos fueron engañados y expuestos de manera continuada al inventario de plutonio, residiendo en lo que se denomina una «zona de sacrificio», donde el riesgo, al igual que la radiactividad, no se percibe pero existe y las posibles consecuencias patológicas aparecen a largo plazo y resultan muy difíciles de demostrar.
Lo más desalentador fue que la llegada de la democracia no supuso ningún cambio en la exposición radiológica de sus pobladores ni se modificó un ápice la historia oficial sostenida también por los supuestos científicos de la JEN-Ciemat. Siguieron repitiendo que todo había quedado limpio y que no existía peligro alguno.No fue cuestión de ideologías políticas o de siglas. Ni con UCD, PSOE o PP hubo un mínimo avance en la verdad y la protección de los palomareños. Las élites políticas del poder central y centralista mantuvieron con firmeza la falsa historia oficial de la dictadura y la continuada exposición al plutonio de sus habitantes, dando veracidad al aforismo que el escritor Giuseppe Tomasi di Lampedusa puso en boca del protagonista de El Gatopardo: “Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie”.
Gracias a todo lo anterior, el «Proyecto Indalo» se mantuvo activo doce años en dictadura y 31 en democracia. Tras 40 años siendo expuesta la población, cultivando algunas áreas con mucho plutonio, por fin, entre 2006 y 2008 se implementaron las primeras medidas de radioprotección. La medida fue posible porque antes realizaron la caracterización radiológica, con un nuevo mapa de contaminación que derivo en la restricción de acceso y uso con el vallado de 40 hectáreas de áreas contaminadas.
Es de justicia reconocer que ese único y aislado progreso, ese punto de inflexión en los riesgos en Palomares fue gracias al equipo que formó el científico Juan Antonio Rubio cuando estuvo como presidente del CIEMAT (2003-2010) con la directora de Medio Ambiente, Teresa Mendizábal. Ella nos confesó que los mayores problemas no fueron los escollos técnicos, sino convencer a los políticos, primero del PP y luego a los del PSOE, con la llegada de Zapatero. Ardua tarea.
El impedimento no era tanto los 13,8 millones de euros del coste final, del que EE. UU. solo aportó un 13 %, sino sacar del olvido una “patata caliente” que nadie deseaba ni desea en sus manos. Más aún cuando el Ministerio de Exteriores siempre presiona para que el viejo contencioso no ponga en peligro los intereses de las empresas que están haciendo las Américas, muchas de ellas presentes en los sumarios de financiación ilegal de los partidos.
Rubio y Mendizábal sólo proponían estudiar cuánto, como y dónde se hallaba el plutonio para vallar esas tierras, proteger a sus habitantes y poder elaborar además el Plan de Rehabilitación de Palomares. Algo que consiguieron en 2010, poco antes de fallecer Rubio. Lástima que sus sucesores y el Consejo de Seguridad Nuclear se olvidaran de ese proyecto y volvieran la vista hacia otro lado.
El agravio comparativo es sangrante cuando no existieron problemas para realizar una caracterización y descontaminación en Madrid, dentro del Proyecto Integral para la Mejora de las Instalaciones del Ciemat (PIMIC). Iniciativa que lleva veinticinco años y mucho más de cien millones de euros gastados, en un lugar donde no existía riesgo radiológico alguno a sus trabajadores, donde no reside población. Pero se trata de un lugar próximo a donde viven los gestores políticos y sus familias y no se halla en la periferia peninsular, distante a 525 km.
Cuando se destapó la contaminación real con la que habían convivido los vecinos de Palomares, la historia oficial cambió. Ahora se reconoce la contaminación, pero se repite sin cesar que no hay peligro, como en la Dictadura. También se incluye el mantra de que ha de ser EEUU quien retire esas tierras ―oportuno argumento para la inacción― porque España carece de un lugar donde almacenar residuos de alta actividad como los que se generarían con la limpieza. Lo que sesgan los voceros de las élites políticas es que ello es perfectamente factible, como están los centenares de toneladas de similares residuos del combustible gastado de las centrales nucleares en seis almacenes temporales individualizados (ATI). De igual manera, se podría crear un ATI en el Cabril para Palomares, hasta que la coyuntura política permitiera devolver ese plutonio a sus legítimos propietarios.
Dado el maltrato sufrido por las generaciones de Palomares durante estos 60 años, todos los gobiernos, los organismos públicos en general y el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ciemat en particular, se hallan en deuda con la población. España está sobradamente preparada para acometer la rehabilitación según el Plan de 2010, para emprender la descontaminación que ponga fin a la angustia y el estigma padecido.
Lo único que falta es voluntad de las élites políticas, las mismas que durante estas seis décadas se han aprovechado de las circunstancias: minorías lejanas, silenciosas e invisibles, padecimientos y riesgos también invisibles.
Fuente: elDiario.es Andalucía
