Estudios
de Economía en
la Universidad
de Valencia. Técnico Superior en Imagen y Sonido. Desde 1985 ha
seguido de cerca todo lo relacionado con el accidente de Palomares.
Cuando
Estados Unidos comprobó la magnitud de las consecuencias, comenzó
la minusvaloración de todos y cada uno de los parámetros que
describían su gravedad: superficies contaminadas, niveles de
radiactividad, falsificación de los mapas radiométrico
Hace
pocos días se cumplieron 60 años del accidente nuclear de Palomares
(Almería, 1966). Desde 1945 no habían caído bombas nucleares en
una población. Esta vez no hubo detonación nuclear ni muertos pero
sí sobrada radiactividad. El explosivo convencional de dos de las
cuatro bombas que cayeron, con una potencia superior a 68 veces la de
Hiroshima, dispersó en 635 hectáreas casi diez kilos de plutonio,
que es la sustancia más tóxica creada por el hombre.
Actuación en alta mar en Palomares, Almería.
La
pérdida y espectacular búsqueda de una de las bombas, junto con la
extensión de la contaminación en un lugar poblado, convirtió el
accidente en el más importante de la era nuclear, hasta que veinte
años más tarde se produjera el de Chernobyl. Pero, ¿por qué se
afirma que es una historia abierta, inconclusa e interminable? La
razón hay que buscarla desde el principio.
Cuando
Estados Unidos comprobó la magnitud de las consecuencias, comenzó
la minusvaloración de todos y cada uno de los parámetros que
describían su gravedad: superficies contaminadas, niveles de
radiactividad, falsificación de los mapas radiométricos reducidos
de siete a doce veces, vigentes hasta 2013. No se salvó ni la
denominación: la calificación de accidente fue rebajada por el
Departamento de Defensa a «incidente», lo que implicaría la
inexistencia de contaminación y contaminados por plutonio. Es el
término que persiste seis décadas después. Cuando en los inicios
aparecieron análisis positivos del radionucleido en los vecinos,
fueron invalidados. Los 1.586 soldados con resultados positivos
también fueron manipulados y reducidos a solo 422.
La
descontaminación norteamericana fue un eficaz paripé destinado solo
a la opinión pública. Los bidones transportados a EE. UU. apenas
albergaban un 1 % del plutonio diseminado y los dos enterramientos
secretos descubiertos 41 años más tarde con 4000 metros cúbicos
contienen una quinta parte de las tierras que se comprometieron
evacuar a su país.
Incumplieron
todo lo que habían acordado por escrito unas semanas antes en
Palomares. También la garantía legal de responsabilidad civil que
dieron cuando en 1963 pidieron permiso para alojar submarinos
nucleares con misiles Polaris en la base de Rota (Cádiz). Fue en el
Acuerdo Confidencial de julio de 1964, párrafo tercero, donde se
comprometían de manera inequívoca a asumir toda responsabilidad
civil derivada en caso de accidente nuclear, donde cualquier
reclamación “será resuelta rápidamente a través de la vía
diplomática”. Sesenta años no parecen ser nada para los
causantes. Este Acuerdo sigue siendo una sólida base legal en el
presente para exigir su limpieza.
La
pusilanimidad mostrada por la dictadura no tuvo límites. Como más
del 75 % del plutonio se quedó donde estaba y dada la futura
exposición crónica de los vecinos al tóxico, la Atomic Energy
Comission (AEC), la Junta de Energía Nuclear (JEN) y posterior
Ciemat acordaron implementar de manera subrepticia un proyecto de
investigación con sus habitantes y el medio ambiente.
Fue
llamado en clave: «Proyecto Indalo» (1966-2009) sin
que existiera el consentimiento informado ni garantía bioética
alguna. La finalidad de este acuerdo era la “recopilación de
información sobre la absorción y retención de plutonio y uranio en
un número representativo de un grupo de población”, según reza
lo firmado apenas un mes después del accidente.
Terrenos contaminados por radiactividad en Palomares.
España
no solo permitió los incumplimientos. Suscribió con el país
causante una historia
oficial a la medida de sus intereses.
Tuvo como portavoz al ministro Fraga Iribarne, quien afirmó
repetidamente que en Palomares todo se había quedado igual o mejor
que antes del accidente y que no había peligro para la salud. Los
vecinos fueron engañados y expuestos de manera continuada al
inventario de plutonio, residiendo en lo que se denomina una «zona
de sacrificio», donde el riesgo, al igual que la radiactividad, no
se percibe pero existe y
las posibles consecuencias patológicas aparecen a largo plazo y
resultan muy difíciles de demostrar.
Lo
más desalentador fue que la llegada de la democracia no supuso
ningún cambio en la exposición radiológica de sus pobladores ni se
modificó un ápice la historia oficial sostenida también por los
supuestos científicos de la JEN-Ciemat. Siguieron repitiendo que
todo había quedado limpio y que no existía peligro alguno.No fue
cuestión de ideologías políticas o de siglas. Ni con UCD, PSOE o
PP hubo un mínimo avance en la verdad y la protección de los
palomareños. Las élites políticas del poder central y centralista
mantuvieron con firmeza la falsa historia oficial de la dictadura y
la continuada exposición al plutonio de sus habitantes, dando
veracidad al aforismo que el escritor Giuseppe Tomasi di Lampedusa
puso en boca del protagonista de El Gatopardo: “Si queremos que
todo siga igual, es necesario que todo cambie”.
Gracias
a todo lo anterior, el «Proyecto Indalo» se mantuvo activo doce
años en dictadura y 31 en democracia. Tras 40 años siendo expuesta
la población, cultivando algunas áreas con mucho plutonio, por fin,
entre 2006 y 2008 se implementaron las primeras medidas de
radioprotección. La medida fue posible porque antes realizaron la
caracterización radiológica, con un nuevo mapa de contaminación
que derivo en la restricción de acceso y uso con el vallado de 40
hectáreas de áreas contaminadas.
Caseta en la parcela vallada en Palomares.
Es
de justicia reconocer que ese único y aislado progreso, ese punto de
inflexión en los riesgos en Palomares fue gracias al equipo que
formó el científico Juan Antonio Rubio cuando estuvo como
presidente del CIEMAT (2003-2010) con la directora de Medio Ambiente,
Teresa Mendizábal. Ella nos confesó que los mayores problemas no
fueron los escollos técnicos, sino convencer a los políticos,
primero del PP y luego a los del PSOE, con la llegada de Zapatero.
Ardua tarea.
El
impedimento no era tanto los 13,8 millones de euros del coste final,
del que EE. UU. solo aportó un 13 %, sino sacar del olvido una
“patata caliente” que nadie deseaba ni desea en sus manos. Más
aún cuando el Ministerio de Exteriores siempre presiona para que el
viejo contencioso no ponga en peligro los intereses de las empresas
que están haciendo las Américas, muchas de ellas presentes en los
sumarios de financiación ilegal de los partidos.
Rubio
y Mendizábal sólo proponían estudiar cuánto, como y dónde se
hallaba el plutonio para vallar esas tierras, proteger a sus
habitantes y poder elaborar además el Plan de Rehabilitación de
Palomares. Algo que consiguieron en 2010, poco antes de fallecer
Rubio. Lástima que sus sucesores y el Consejo de Seguridad Nuclear
se olvidaran de ese proyecto y volvieran la vista hacia otro lado.
El
agravio comparativo es sangrante cuando no existieron problemas para
realizar una caracterización y descontaminación en Madrid, dentro
del Proyecto Integral para la Mejora de las Instalaciones del Ciemat
(PIMIC). Iniciativa que lleva veinticinco años y mucho más de cien
millones de euros gastados, en un lugar donde no existía riesgo
radiológico alguno a sus trabajadores, donde no reside población.
Pero se trata de un lugar próximo a donde viven los gestores
políticos y sus familias y no se halla en la periferia peninsular,
distante a 525 km.
Cuando
se destapó la contaminación real con la que habían convivido los
vecinos de Palomares, la historia oficial cambió. Ahora se reconoce
la contaminación, pero se repite sin cesar que no hay peligro, como
en la Dictadura. También se incluye el mantra
de que ha de ser EEUU quien retire esas tierras ―oportuno
argumento para la inacción― porque España carece de un lugar
donde almacenar residuos de alta actividad como los que se generarían
con la limpieza. Lo que sesgan los voceros de las élites políticas
es que ello es perfectamente factible, como están los centenares de
toneladas de similares residuos del combustible gastado de las
centrales nucleares en seis almacenes temporales individualizados
(ATI). De igual manera, se podría crear un ATI en el Cabril para
Palomares, hasta que la coyuntura política permitiera devolver ese
plutonio a sus legítimos propietarios.
La bomba nuclear B28FI, recuperada a 870 metros de profundidad, en la cubierta del USS Petrel.
Dado
el maltrato sufrido por las generaciones de Palomares durante estos
60 años, todos los gobiernos, los organismos públicos en general y
el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ciemat en particular, se hallan
en deuda con la población. España está sobradamente preparada para
acometer la rehabilitación según el Plan de 2010, para emprender la
descontaminación que ponga fin a la angustia y el estigma padecido.
Lo
único que falta es voluntad de las élites políticas, las mismas
que durante estas seis décadas se han aprovechado de las
circunstancias: minorías lejanas, silenciosas e invisibles,
padecimientos y riesgos también invisibles.
Fuente: elDiario.es
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