Periodista murciana.
El vecindario pide una reunión urgente con el Delegado del Gobierno,
Francisco Lucas, y con los mandos de la Guardia Civil y recuerdan que
el Seprona tiene la obligación legal de actúar
La
Asociación de Vecinos
del Sector Estación
y la Plataforma
de Suelos Contaminados de Cartagena
han presentado un escrito ante la Delegación del Gobierno en el
que cuestionan
abiertamente la actuación del Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en el entorno de El
Hondón. Lo
que reprochan no es una decisión concreta, sino algo que consideran
más profundo: la percepción de que, ante un problema que califican
de estructural y persistente, la respuesta institucional ha sido más
administrativa que operativa.
Irresponsabilidad de las administraciones con los terrenos de El Hondón.
El
núcleo de la crítica no se sitúa en el plano jurídico, sino en el
terreno práctico. Según los firmantes, las intervenciones
realizadas hasta ahora no se han traducido en actuaciones materiales
suficientes sobre el terreno. En su escrito enumeran lo que, a su
juicio, debería haberse producido: personación inmediata en las
zonas denunciadas, inspecciones técnicas in situ, levantamiento de
diligencias completas, identificación de focos y posibles
responsables, así como toma de muestras con cadena de custodia para
su análisis en laboratorios acreditados.
Suelos mineros El Hondón en Cartagena.
Los
colectivos recuerdan que el SEPRONA actúa como policía judicial
especializada en materia medioambiental y que, ante la posible
existencia de delitos contra el medio ambiente o la salud pública,
su actuación -según sostienen- no debería limitarse a la mera
tramitación administrativa o a la remisión de escritos entre
organismos.
Escorrentías
hacia el Mediterráneo
Para
los vecinos, el problema no es nuevo. Pero sí lo es, aseguran, el
grado de exposición actual. En el escrito describen la
presencia de residuos peligrosos dispersos en antiguos enclaves
industriales del entorno de El Hondón y Los Mateos. Sostienen
que algunos de esos materiales son arrastrados por la lluvia hacia la
rambla de El Hondón y la rambla del Cobre, cauces que finalmente
desembocan en el mar Mediterráneo.
También
alertan de la dispersión aérea de partículas. Según explican, el
viento levanta polvo procedente de estos terrenos que termina
depositándose en terrazas, patios y, en ocasiones, dentro de las
propias viviendas.
El
polvo que entra en casa
Uno
de los aspectos que consideran más sensibles es la posible presencia
de materiales similares a fosfoyesos con componente radiológico
natural (NORM). Los vecinos subrayan que no afirman que exista un
riesgo confirmado, pero sí reclaman que se investigue y se mida con
rigor.
Por
este motivo solicitan, si fuera necesario, la
intervención del Consejo de Seguridad Nuclear para
evaluar la naturaleza de los materiales presentes en la zona.
Argumentan que cuando el polvo entra en los hogares deja de ser un
problema exclusivamente industrial o urbanístico y pasa a afectar
directamente a la salud, a la intimidad y a los derechos
fundamentales de las personas.
El
escrito cita expresamente varios preceptos constitucionales: el
artículo 15, relativo al derecho a la vida y a la integridad física;
el artículo 18, que protege la inviolabilidad del domicilio; el
artículo 43, sobre la protección de la salud; y el artículo 45,
que reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.
Petición
de intervención estatal
La
denuncia no se dirige únicamente a la Guardia Civil. Los
vecinos apuntan también a posibles responsabilidades de distintos
organismos estatales. Señalan que, si existe afección a cauces
públicos, la competencia corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Segura. Y si los arrastres alcanzan el litoral,
debería intervenir la Demarcación de Costas del Estado en Murcia.
Por
ello reclaman la convocatoria urgente de una reunión en
la Delegación del Gobierno en la que participen todas
las administraciones implicadas: Guardia Civil, organismos
hidráulicos, Demarcación de Costas y, en su caso, el Consejo de
Seguridad Nuclear.
Su
objetivo, explican, es evitar que el problema continúe diluyéndose
en intercambios de informes entre administraciones. Reclaman un
calendario claro de actuaciones, inspecciones sobre el terreno y
resultados verificables.
Un
problema que, dicen, sigue activo
Cartagena
convive desde hace décadas con el legado de su pasado industrial:
antiguas fundiciones, vertederos y depósitos de residuos vinculados
a la actividad minera y metalúrgica. Pero los vecinos sostienen que
la situación actual no puede considerarse únicamente un pasivo
histórico ya clausurado.
Según
exponen en su escrito, se trataría de un escenario
activo en el que los materiales siguen desplazándose con la lluvia y
el viento, con posibles efectos sobre el entorno urbano.
Los
colectivos advierten de que, si no se producen actuaciones
efectivas, estudian trasladar la situación a la
Fiscalía y también a la Comisión Europea por un posible
incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de residuos,
aguas y calidad del aire.
La
Delegación del Gobierno deberá decidir ahora si convoca la reunión
solicitada por los colectivos vecinales. Mientras tanto, los vecinos
mantienen su reclamación de actuaciones sobre el terreno para
determinar si las irregularidades denunciadas pueden constituir un
posible delito medioambiental o si, como temen, la contaminación
continúa avanzando sin una respuesta efectiva.
¿Qué
órdenes reciben los agentes del Seprona en Cartagena?
Un
documento interno de la Guardia Civil, fechado el 1 de marzo de 2025
y firmado por el jefe de la Patrulla de Protección de la Naturaleza
(PAPRONA) de Cartagena, refuerza las críticas vecinales sobre la
falta de actuaciones operativas ante los problemas de contaminación
en la zona. El informe, al
que tuvo acceso RRNEWS, señala que no se realizó
ninguna intervención sobre el terreno tras recibir tres denuncias
enviadas por correo electrónico entre el 5 y el 18 de marzo sobre
la situación del vertedero de residuos peligrosos de Torreciega tras
varios episodios de lluvias intensas.
El SEPRONA en El Hondón.
Según
el documento, las denuncias siguieron un recorrido administrativo
entre distintas unidades -SEPRONA de Cartagena, UPRONA de Murcia y el
juzgado- sin que se ejecutaran inspecciones ni actuaciones
materiales. En una de ellas se alertaba de que más de
41 millones de litros de agua contaminada con metales pesados podrían
haber sido arrastrados hacia la dársena del puerto de Cartagena
desde los terrenos de la antigua Española del Zinc. Otra
advertía del posible vertido de unos 2,5 millones de
litros de lixiviados y residuos peligrosos hacia la rambla del
Hondón, mientras que una tercera denunciaba movimientos de
sustancias peligrosas dentro de la parcela contaminada sin medidas de
prevención.
Es
decir, el UPRONA de Murcia ordena informar, pero no actuar. El 31 de
marzo, UPRONA de Murcia envió un correo electrónico indicando que
debía informarse al denunciante de que las denuncias habían sido
remitidas al juzgado. Eso es todo. Cierre administrativo. Ninguna
instrucción sobre medidas preventivas, inspecciones o seguimiento.
Nada.
El
documento oficial que detalla todo este proceso, y que lleva el sello
de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil, expone de
manera descarnada un sistema que funciona a base de
correos, órdenes contradictorias y, sobre todo, inacción.
El
propio documento refleja problemas de coordinación entre unidades y
concluye que las denuncias fueron finalmente remitidas al
juzgado, sin
que conste la realización de inspecciones ni medidas preventivas
sobre el terreno.
Para los colectivos vecinales, este episodio evidencia una gestión
basada en trámites administrativos y comunicaciones internas, pero
con escasa respuesta operativa ante un problema ambiental que
consideran grave. Los vecinos saben que algo pasa con el Seprona y
por eso piden una reunión urgente con el Delegado del Gobierno y los
altos mandos de la Guardia Civil.
Fuente:
RRNEWS
Por
Macu
Alemán 
