Por Rosa Roda El vecindario pide una reunión urgente con el Delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y con los mandos de la Guardia Civil y recuerdan que el Seprona tiene la obligación legal de actúar
La Asociación de Vecinos del Sector Estación y la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena han presentado un escrito ante la Delegación del Gobierno en el que cuestionan abiertamente la actuación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en el entorno de El Hondón. Lo que reprochan no es una decisión concreta, sino algo que consideran más profundo: la percepción de que, ante un problema que califican de estructural y persistente, la respuesta institucional ha sido más administrativa que operativa.
El núcleo de la crítica no se sitúa en el plano jurídico, sino en el terreno práctico. Según los firmantes, las intervenciones realizadas hasta ahora no se han traducido en actuaciones materiales suficientes sobre el terreno. En su escrito enumeran lo que, a su juicio, debería haberse producido: personación inmediata en las zonas denunciadas, inspecciones técnicas in situ, levantamiento de diligencias completas, identificación de focos y posibles responsables, así como toma de muestras con cadena de custodia para su análisis en laboratorios acreditados.
Los colectivos recuerdan que el SEPRONA actúa como policía judicial especializada en materia medioambiental y que, ante la posible existencia de delitos contra el medio ambiente o la salud pública, su actuación -según sostienen- no debería limitarse a la mera tramitación administrativa o a la remisión de escritos entre organismos.
Escorrentías hacia el Mediterráneo
Para los vecinos, el problema no es nuevo. Pero sí lo es, aseguran, el grado de exposición actual. En el escrito describen la presencia de residuos peligrosos dispersos en antiguos enclaves industriales del entorno de El Hondón y Los Mateos. Sostienen que algunos de esos materiales son arrastrados por la lluvia hacia la rambla de El Hondón y la rambla del Cobre, cauces que finalmente desembocan en el mar Mediterráneo.
También alertan de la dispersión aérea de partículas. Según explican, el viento levanta polvo procedente de estos terrenos que termina depositándose en terrazas, patios y, en ocasiones, dentro de las propias viviendas.
El polvo que entra en casa
Uno de los aspectos que consideran más sensibles es la posible presencia de materiales similares a fosfoyesos con componente radiológico natural (NORM). Los vecinos subrayan que no afirman que exista un riesgo confirmado, pero sí reclaman que se investigue y se mida con rigor.
Por este motivo solicitan, si fuera necesario, la intervención del Consejo de Seguridad Nuclear para evaluar la naturaleza de los materiales presentes en la zona. Argumentan que cuando el polvo entra en los hogares deja de ser un problema exclusivamente industrial o urbanístico y pasa a afectar directamente a la salud, a la intimidad y a los derechos fundamentales de las personas.
El escrito cita expresamente varios preceptos constitucionales: el artículo 15, relativo al derecho a la vida y a la integridad física; el artículo 18, que protege la inviolabilidad del domicilio; el artículo 43, sobre la protección de la salud; y el artículo 45, que reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.
Petición de intervención estatal
La denuncia no se dirige únicamente a la Guardia Civil. Los vecinos apuntan también a posibles responsabilidades de distintos organismos estatales. Señalan que, si existe afección a cauces públicos, la competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura. Y si los arrastres alcanzan el litoral, debería intervenir la Demarcación de Costas del Estado en Murcia.
Por ello reclaman la convocatoria urgente de una reunión en la Delegación del Gobierno en la que participen todas las administraciones implicadas: Guardia Civil, organismos hidráulicos, Demarcación de Costas y, en su caso, el Consejo de Seguridad Nuclear.
Su objetivo, explican, es evitar que el problema continúe diluyéndose en intercambios de informes entre administraciones. Reclaman un calendario claro de actuaciones, inspecciones sobre el terreno y resultados verificables.
Un problema que, dicen, sigue activo
Cartagena convive desde hace décadas con el legado de su pasado industrial: antiguas fundiciones, vertederos y depósitos de residuos vinculados a la actividad minera y metalúrgica. Pero los vecinos sostienen que la situación actual no puede considerarse únicamente un pasivo histórico ya clausurado.
Según exponen en su escrito, se trataría de un escenario activo en el que los materiales siguen desplazándose con la lluvia y el viento, con posibles efectos sobre el entorno urbano.
Los colectivos advierten de que, si no se producen actuaciones efectivas, estudian trasladar la situación a la Fiscalía y también a la Comisión Europea por un posible incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de residuos, aguas y calidad del aire.
La Delegación del Gobierno deberá decidir ahora si convoca la reunión solicitada por los colectivos vecinales. Mientras tanto, los vecinos mantienen su reclamación de actuaciones sobre el terreno para determinar si las irregularidades denunciadas pueden constituir un posible delito medioambiental o si, como temen, la contaminación continúa avanzando sin una respuesta efectiva.
¿Qué órdenes reciben los agentes del Seprona en Cartagena?
Un documento interno de la Guardia Civil, fechado el 1 de marzo de 2025 y firmado por el jefe de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de Cartagena, refuerza las críticas vecinales sobre la falta de actuaciones operativas ante los problemas de contaminación en la zona. El informe, al que tuvo acceso RRNEWS, señala que no se realizó ninguna intervención sobre el terreno tras recibir tres denuncias enviadas por correo electrónico entre el 5 y el 18 de marzo sobre la situación del vertedero de residuos peligrosos de Torreciega tras varios episodios de lluvias intensas.
Según el documento, las denuncias siguieron un recorrido administrativo entre distintas unidades -SEPRONA de Cartagena, UPRONA de Murcia y el juzgado- sin que se ejecutaran inspecciones ni actuaciones materiales. En una de ellas se alertaba de que más de 41 millones de litros de agua contaminada con metales pesados podrían haber sido arrastrados hacia la dársena del puerto de Cartagena desde los terrenos de la antigua Española del Zinc. Otra advertía del posible vertido de unos 2,5 millones de litros de lixiviados y residuos peligrosos hacia la rambla del Hondón, mientras que una tercera denunciaba movimientos de sustancias peligrosas dentro de la parcela contaminada sin medidas de prevención.
Es decir, el UPRONA de Murcia ordena informar, pero no actuar. El 31 de marzo, UPRONA de Murcia envió un correo electrónico indicando que debía informarse al denunciante de que las denuncias habían sido remitidas al juzgado. Eso es todo. Cierre administrativo. Ninguna instrucción sobre medidas preventivas, inspecciones o seguimiento. Nada.
El documento oficial que detalla todo este proceso, y que lleva el sello de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil, expone de manera descarnada un sistema que funciona a base de correos, órdenes contradictorias y, sobre todo, inacción.
El propio documento refleja problemas de coordinación entre unidades y concluye que las denuncias fueron finalmente remitidas al juzgado, sin que conste la realización de inspecciones ni medidas preventivas sobre el terreno. Para los colectivos vecinales, este episodio evidencia una gestión basada en trámites administrativos y comunicaciones internas, pero con escasa respuesta operativa ante un problema ambiental que consideran grave. Los vecinos saben que algo pasa con el Seprona y por eso piden una reunión urgente con el Delegado del Gobierno y los altos mandos de la Guardia Civil.
Fuente: RRNEWS
