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jueves, 12 de marzo de 2026

Vecinos de Cartagena denuncian inacción del SEPRONA ante vertidos y posible riesgo radiológico en El Hondón

 

 Por Rosa Roda   
       Periodista murciana.

El vecindario pide una reunión urgente con el Delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y con los mandos de la Guardia Civil y recuerdan que el Seprona tiene la obligación legal de actúar


     La Asociación de Vecinos del Sector Estación y la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena han presentado un escrito ante la Delegación del Gobierno en el que cuestionan abiertamente la actuación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en el entorno de El Hondón. Lo que reprochan no es una decisión concreta, sino algo que consideran más profundo: la percepción de que, ante un problema que califican de estructural y persistente, la respuesta institucional ha sido más administrativa que operativa.


Irresponsabilidad de las administraciones con los terrenos de El Hondón.

El núcleo de la crítica no se sitúa en el plano jurídico, sino en el terreno práctico. Según los firmantes, las intervenciones realizadas hasta ahora no se han traducido en actuaciones materiales suficientes sobre el terreno. En su escrito enumeran lo que, a su juicio, debería haberse producido: personación inmediata en las zonas denunciadas, inspecciones técnicas in situ, levantamiento de diligencias completas, identificación de focos y posibles responsables, así como toma de muestras con cadena de custodia para su análisis en laboratorios acreditados.


Suelos mineros El Hondón en Cartagena.

Los colectivos recuerdan que el SEPRONA actúa como policía judicial especializada en materia medioambiental y que, ante la posible existencia de delitos contra el medio ambiente o la salud pública, su actuación -según sostienen- no debería limitarse a la mera tramitación administrativa o a la remisión de escritos entre organismos.

Escorrentías hacia el Mediterráneo

Para los vecinos, el problema no es nuevo. Pero sí lo es, aseguran, el grado de exposición actual. En el escrito describen la presencia de residuos peligrosos dispersos en antiguos enclaves industriales del entorno de El Hondón y Los Mateos. Sostienen que algunos de esos materiales son arrastrados por la lluvia hacia la rambla de El Hondón y la rambla del Cobre, cauces que finalmente desembocan en el mar Mediterráneo.

También alertan de la dispersión aérea de partículas. Según explican, el viento levanta polvo procedente de estos terrenos que termina depositándose en terrazas, patios y, en ocasiones, dentro de las propias viviendas.

El polvo que entra en casa

Uno de los aspectos que consideran más sensibles es la posible presencia de materiales similares a fosfoyesos con componente radiológico natural (NORM). Los vecinos subrayan que no afirman que exista un riesgo confirmado, pero sí reclaman que se investigue y se mida con rigor.

Por este motivo solicitan, si fuera necesario, la intervención del Consejo de Seguridad Nuclear para evaluar la naturaleza de los materiales presentes en la zona. Argumentan que cuando el polvo entra en los hogares deja de ser un problema exclusivamente industrial o urbanístico y pasa a afectar directamente a la salud, a la intimidad y a los derechos fundamentales de las personas.

El escrito cita expresamente varios preceptos constitucionales: el artículo 15, relativo al derecho a la vida y a la integridad física; el artículo 18, que protege la inviolabilidad del domicilio; el artículo 43, sobre la protección de la salud; y el artículo 45, que reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

Petición de intervención estatal

La denuncia no se dirige únicamente a la Guardia Civil. Los vecinos apuntan también a posibles responsabilidades de distintos organismos estatales. Señalan que, si existe afección a cauces públicos, la competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura. Y si los arrastres alcanzan el litoral, debería intervenir la Demarcación de Costas del Estado en Murcia.

Por ello reclaman la convocatoria urgente de una reunión en la Delegación del Gobierno en la que participen todas las administraciones implicadas: Guardia Civil, organismos hidráulicos, Demarcación de Costas y, en su caso, el Consejo de Seguridad Nuclear.

Su objetivo, explican, es evitar que el problema continúe diluyéndose en intercambios de informes entre administraciones. Reclaman un calendario claro de actuaciones, inspecciones sobre el terreno y resultados verificables.

Un problema que, dicen, sigue activo

Cartagena convive desde hace décadas con el legado de su pasado industrial: antiguas fundiciones, vertederos y depósitos de residuos vinculados a la actividad minera y metalúrgica. Pero los vecinos sostienen que la situación actual no puede considerarse únicamente un pasivo histórico ya clausurado.

Según exponen en su escrito, se trataría de un escenario activo en el que los materiales siguen desplazándose con la lluvia y el viento, con posibles efectos sobre el entorno urbano.

Los colectivos advierten de que, si no se producen actuaciones efectivas, estudian trasladar la situación a la Fiscalía y también a la Comisión Europea por un posible incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de residuos, aguas y calidad del aire.

La Delegación del Gobierno deberá decidir ahora si convoca la reunión solicitada por los colectivos vecinales. Mientras tanto, los vecinos mantienen su reclamación de actuaciones sobre el terreno para determinar si las irregularidades denunciadas pueden constituir un posible delito medioambiental o si, como temen, la contaminación continúa avanzando sin una respuesta efectiva.

¿Qué órdenes reciben los agentes del Seprona en Cartagena?

Un documento interno de la Guardia Civil, fechado el 1 de marzo de 2025 y firmado por el jefe de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de Cartagena, refuerza las críticas vecinales sobre la falta de actuaciones operativas ante los problemas de contaminación en la zona. El informe, al que tuvo acceso RRNEWS, señala que no se realizó ninguna intervención sobre el terreno tras recibir tres denuncias enviadas por correo electrónico entre el 5 y el 18 de marzo sobre la situación del vertedero de residuos peligrosos de Torreciega tras varios episodios de lluvias intensas.


El SEPRONA en El Hondón.

Según el documento, las denuncias siguieron un recorrido administrativo entre distintas unidades -SEPRONA de Cartagena, UPRONA de Murcia y el juzgado- sin que se ejecutaran inspecciones ni actuaciones materiales. En una de ellas se alertaba de que más de 41 millones de litros de agua contaminada con metales pesados podrían haber sido arrastrados hacia la dársena del puerto de Cartagena desde los terrenos de la antigua Española del Zinc. Otra advertía del posible vertido de unos 2,5 millones de litros de lixiviados y residuos peligrosos hacia la rambla del Hondón, mientras que una tercera denunciaba movimientos de sustancias peligrosas dentro de la parcela contaminada sin medidas de prevención.

Es decir, el UPRONA de Murcia ordena informar, pero no actuar. El 31 de marzo, UPRONA de Murcia envió un correo electrónico indicando que debía informarse al denunciante de que las denuncias habían sido remitidas al juzgado. Eso es todo. Cierre administrativo. Ninguna instrucción sobre medidas preventivas, inspecciones o seguimiento. Nada.

El documento oficial que detalla todo este proceso, y que lleva el sello de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil, expone de manera descarnada un sistema que funciona a base de correos, órdenes contradictorias y, sobre todo, inacción.

El propio documento refleja problemas de coordinación entre unidades y concluye que las denuncias fueron finalmente remitidas al juzgado, sin que conste la realización de inspecciones ni medidas preventivas sobre el terreno. Para los colectivos vecinales, este episodio evidencia una gestión basada en trámites administrativos y comunicaciones internas, pero con escasa respuesta operativa ante un problema ambiental que consideran grave. Los vecinos saben que algo pasa con el Seprona y por eso piden una reunión urgente con el Delegado del Gobierno y los altos mandos de la Guardia Civil.

Fuente: RRNEWS

viernes, 12 de diciembre de 2025

Águilas: miedo e intimidación en el paraíso

  Por Pedro Costa Morata   

       Ingeniero, Periodista y Politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

No quiero tocar el asunto del intento de revocación de mi título de Hijo Predilecto de Águilas para no calentarme ni perturbar la serena reflexión de quienes tienen que asumir ese marrón y tratar de salir del atolladero. Así que me voy a centrar en algo que me ha asombrado y cabreado en estos días en que he tenido que frecuentar al Ayuntamiento en sus niveles administrativos, que es cuando he percibido, por transmisión angustiada desde varias personas, un miedo denso y documentado, un cierto terror ante las maniobras que ahí tienen lugar y una silente insurgencia frente a la impunidad con que esto viene desarrollándose.

Tampoco voy a citar nombres -algo relativamente innecesario, dado que vengo señalando a esa Casa Consistorial desde hace algún tiempo, sin que en mis artículos falten nombres y apellidos- sino que voy a transmitir la indignación que me acomete, y que debe de alcanzar a los aguileños de bien (la mayoría, desde luego), el que la Casa de todos, la sede municipal, el centro de la voluntad popular del pueblo, se esté convirtiendo en centro de miedo y desconfianza por las maquinaciones que aumentan, y se espesan, teniendo como origen el aparato administrativo y, por muñidor y consentidor, el poder político.


Fachada neomudéjar del ayuntamiento de Águilas.

Qué poca gracia tiene esto, hay que ver a qué estamos llegando: a sentir miedo en una parte sensible del funcionariado y preocupación entre algunos ciudadanos que son objeto de amenazas e intimidaciones, como yo mismo declaro. Así que se nos llena la boca de ensalzar las excelencias de nuestro pueblo, su espectacular Carnaval, su atrayente verano, sus playas paradisíacas, etc., y resulta que en el núcleo duro de la vida municipal ha germinado el miedo: miedo a que te perjudiquen, a que se promocione y premie a quien no lo merece, a la manipulación de las contrataciones de personal, al espectáculo diario de incumplimientos -simultáneos con el abuso en la gestión- por parte de ciertos personajes clave en la administración municipal y, ¡oído cocina!, al envalentonamiento de la ultraderecha, bien situada en la Casa, ante la que la mayoría socialista no muestra intención de hacer frente. Pues sí que vamos a mejorar la imagen de Águilas, sí, y sus pretensiones de paraíso litoral.

Es de ese envalentonamiento de Vox y sus gentes de lo que quiero advertir, ya que ahí está la causa de mis recientes preocupaciones, y para que el pueblo aguileño tenga un conocimiento claro y específico de los temores que anidan y maltratan al funcionariado municipal. Y es por esto por lo que transito desde la agresión silenciosa (más no por ello menos aguda) a ciertos funcionarios municipales, a la sufrida hace unos días por mí mismo (en modo verbal, pero ciertamente preocupante) por la interpelación burda y chillona de la parte de un ciudadano aguileño hacia el que desde ese momento me he propuesto guardarme y del que no me extrañaría una segunda agresión (tan excitado lo vi).

Fue, en efecto, el martes 25 de noviembre pasado a las 13 horas cuando fui hostigado en plena calle Conde de Aranda de Águilas, a un paso de la entrada lateral del Ayuntamiento, por una persona que no conocía y que se identificó como “padre del secretario accidental del Ayuntamiento de Mazarrón” quien, después de echarme en cara el haber citado a su hijo en un artículo mío de pocos días antes, pasó a insultarme y a retarme a una pelea en descampado, a lo que respondí que, siendo yo periodista e informador sobre numerosos temas desde hace medio siglo en Águilas, Murcia y España, si él tenía alguna queja sobre el artículo que lo hiciera expresamente a la dirección editorial de la publicación, aunque veía más oportuno que fuera su hijo, el aparentemente afectado, quien lo hiciera.

Como no le acepté ni los insultos soeces ni su sugerente propuesta de pelea, me prohibió que volviera a poner a su hijo, el funcionario de Mazarrón, “en relación con el secretario municipal de Águilas”, lo que me dejó atónito (y totalmente perplejo cuando, al poco, supe que el bronquista es amigo íntimo del susodicho secretario de Águilas, con el que se reúne prácticamente cada día en su despacho municipal). Añadió el provocador, a voz en grito que “si lo vuelves a hacer te voy a mandar un amigo”, que repitió incluso cuando le pedí que lo hiciese, para que alguno de los presentes pudiera oírlo.

      Plasmé mi denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil de Águilas (y en Fiscalía de Murcia, y en Delegación del Gobierno), por sus amenazas y enfrentamiento provocador, inaceptables en una sociedad pacífica y civilizada, que fácilmente me evocó el estilo mafioso al anunciarme el “envío de un amigo”. Y pedí a los agentes que se tomaran en serio esta amenaza verbal y la investiguen y aclaren trasladándola a los Juzgados, ya que esa conducta, claro objeto de condena, parece aludir a la existencia de sicarios e incluso a una presunta relación del citado agresor con alguien que se dedique a la violencia por encargo.

Aproveché para recordar a la Guardia Civil el incendio de la puerta de mi domicilio de Águilas, de claro tipo terrorista, la noche del 16 al 17 del pasado junio, denunciado también en este Cuartel y del que no he tenido después información policial ni judicial alguna. Este es otro motivo de preocupación -más allá del mío- para la ciudadanía de Águilas, que debe investigarse por lo que pudiera tener de relación con este otro episodio más reciente, y por si hubiera que acumularlo, dado el carácter claramente intimidatorio de ambos sobre mi persona y mi legítima actividad periodística, a las pesquisas e informaciones oportunas sobre actos de esta índole, inadmisibles en un Estado de Derecho.

Y en esas estamos: ¡oído, paraíso!