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viernes, 21 de agosto de 2026

Análisis privados detectan niveles muy altos de plomo y metales pesados en vecinos de Los Mateos, en Cartagena

 

 Por Macu Alemán   
      Periodista. Desde 1992 en Onda Regional de Murcia.


La Plataforma de Suelos Contaminados alerta de la exposición a metales y amianto y reclama medidas de protección, especialmente para los niños


Niveles muy altos de plomo y otros metales pesados en Los Mateos, Cartagena.



     Análisis de laboratorios privados confirman niveles muy altos de plomo y metales pesados en vecinos y casas del barrio cartagenero de Los Mateos junto a la parcela donde el ayuntamiento quiere construir vivienda pública. La Plataforma de Suelos Contaminados denuncia la exposición a metales y amianto y reclama protección, especialmente para los niños.

Uno de los vecinos que vive frente a esta parcela contaminada ha interpuesto una denuncia en el juzgado. Antonio Fernández tiene 63 años, está recibiendo quimioterapia por un cáncer y vive en este barrio situado junto a desaparecida fábrica de Potasas y Derivados. Análisis en las casas y en las personas revelan niveles muy altos de plomo y metales pesados. Lo más preocupante son los niños: su nieto tiene 12 microgramos por decilitro en sangre. Más de 10 microgramos se considera peligroso para adultos pero en el caso de los menores la cifra es cero.

Hoy han vuelto a denunciar irregularidades en la manipulación y depósito de los residuos que llevan desde enero acumulados en montones o sacas en la parcela solo cubiertos por plásticos. Se sienten abandonados por las administraciones que deben velar por su seguridad.

La previsión vecinal ha conseguido que la dirección general de Salud Pública se haya comprometido al menos a realizar estos controles de sangre, según la plataforma de Suelos Contaminados. Son ya más de cuarenta las denuncias que se han interpuesto por estas y otras irregularidades que el ayuntamiento de Cartagena niega. Fulgencio Sánchez, es miembro de este colectivo.



Fuente: Onda Regional de Murcia

jueves, 19 de marzo de 2026

Lecciones del Mar Menor

 

      Economistas sin Fronteras.


El Mar Menor simboliza el choque entre desarrollo y sostenibilidad. De su colapso ambiental a su reconocimiento como sujeto de derechos, su historia combina crisis, innovación y esperanza para repensar nuestra relación con la naturaleza


     El Mar Menor es una laguna de 135 km² ubicada en Murcia, equivalente aproximadamente a un tercio de Andorra o a la mitad de Malta. Ha sido ocupado por los humanos desde el Paleolítico y en él se han encontrado restos arqueológicos de civilizaciones íberas. Los romanos lo llamaron Belich y Mare Palus, “laguna”; y los árabes, Buhayrat al-Qasr, “la Albufera del Alcázar”. Tras la Reconquista se le denominó simplemente Albufera, hasta que se impuso su nombre actual: Mar Menor. Esta denominación lo diferencia de su hermano mayor, el Mediterráneo, unas 18.500 veces más extenso y del que le separa una manga de 21 kilómetros. Desde el siglo XX fue uno de los paisajes más reconocibles del sureste: un ecosistema singular, con un fuerte vínculo cultural local y un motor económico.

Sin embargo, el modelo de desarrollo nunca tuvo en cuenta el equilibrio con el ecosistema. La agricultura y la ganadería se intensificaron; el sector turístico apostó por el volumen más que por el valor añadido, con una presión creciente sobre el territorio; y los impactos de otras actividades, como la minería en las sierras cercanas, fueron acumulándose.

El resultado fue un colapso multicausal. Apartir de la década de 1960, el Mar Menor pasó a verse —en palabras de Teresa Vicente— “como un vertedero y como una fuente de beneficios”.


Colapso multicausal del Mar Menor.

Teresa Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho, es precisamente una de las figuras clave en esta historia. Lideró una iniciativa popular sin precedentes, respaldada por 640.000 firmas, para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica. La iniciativa dio lugar a una ley pionera en Europa: por primera vez, un ecosistema obtenía derechos propios reconocidos en el ordenamiento jurídico. El cambio era conceptual. El Mar Menor dejaba de ser únicamente un objeto de protección ambiental para convertirse en un sujeto de derechos: derecho a existir, a evolucionar de forma natural, a ser protegido, conservado y restaurado.


El Mar Menor, la laguna española contaminada que se defiende en los tribunales.

Este hecho histórico es un referente por múltiples razones. Fue el primer proceso de este tipo en Europa y, además, nació directamente desde la ciudadanía y no de partidos políticos. La iniciativa ha tenido un fuerte reconocimiento internacional: la ONU lo ha reconocido como uno de los World Restoration Flagships, Teresa Vicente recibió el Premio Goldman, considerado el Nobel ambiental, y el caso ha servido de inspiración para otras iniciativas, como la del río Tins en Galicia o el creciente interés en ecosistemas como el Manzanares, la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro o Doñana.

Situación actual: la personalidad jurídica en práctica

Lejos de ser el final del camino, la personalidad jurídica del Mar Menor es el inicio de un intento de curar un ecosistema en estado crítico. La ley fue ratificada por el Tribunal Constitucional frente a la oposición de algunos partidos, y hoy el Mar Menor tiene NIF, cuenta bancaria y una estructura de gobernanza compuesta por tres órganos: un Comité de Representantes, una Comisión de Seguimiento —los “guardianes”— y un Comité Científico. La ley establece que cualquier vulneración de sus derechos puede generar responsabilidad penal, civil, ambiental y administrativa.

Esto ya no es teórico. El Mar Menor, a través de sus representantes, ha comenzado a personarse en procedimientos judiciales, por ejemplo frente a daños derivados de vertidos.

El Mar Menor, la laguna española contaminada que se defiende en los tribunales.


En paralelo, se ha puesto en marcha el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor, con un presupuesto de 675 millones de euros. Entre sus medidas destacan la creación de un cinturón verde alrededor de la laguna, el cierre de miles de hectáreas de regadío ilegal, la restauración de ecosistemas en la cuenca vertiente o el replanteamiento de ciertas infraestructuras, como puertos.

Sin embargo, las tensiones persisten. Teresa Vicente ha dimitido como Tutora del Mar Menor, denunciando obstáculos y fricciones con las administraciones estatal y autonómica, a las que acusa de priorizar sus propios intereses frente a la defensa del ecosistema.

Y, mientras tanto, ¿cómo está la laguna en 2026? El Mar Menor sigue enfermo. No se han repetido episodios como el de 2019, pero, por ejemplo, en octubre de 2025 se produjo un nuevo episodio de anoxia, breve pero intenso, tras la dana Alice. La propia Teresa Vicente lamenta que “en una zona semidesértica donde la lluvia debería ser motivo de celebración, la dana nos hace temblar, porque arrastra (los fertilizantes de) la agricultura intensiva y los purines de la ganadería hacia la laguna, lo que unido a otros factores como el calor provoca de nuevo la anoxia”.


Abrazo al Mar Menor.

El Mar Menor: entre esperanzas y tensiones

El caso del Mar Menor es muchas cosas a la vez. Es, en primer lugar, un precedente ambiental y económico. Durante años, los impactos sobre el ecosistema fueron tratados como externalidades o problemas del futuro. Hasta que dejaron de serlo. Cuando el desequilibrio del ecosistema se materializó, el propio modelo económico que lo causó quedó gravemente afectado: el valor de los activos turísticos ha disminuido significativamente, la actividad pesquera se ha visto mermada y la agricultura intensiva junto a la laguna se ha prohibido. Esto muestra que la necesidad de un equilibrio entre economía y naturaleza ha dejado de ser una cuestión teórica, y puede prepararnos para afrontar otras crisis ambientales.

Es también un precedente de ciudadanía. En un contexto de polarización política, más de 640.000 personas se pusieron de acuerdo para defender un bien común, algo que parece inverosímil hoy en día. Esto muestra que los ciudadanos, más allá de los colores políticos con los que se identifican, pueden encontrar espacios de entendimiento y cooperar.

Es, además, un precedente jurídico y de gobernanza. El Mar Menor ya tiene derechos. Pero esto abre una tensión inevitable: sigue sin tener una voz propia y está representado por un grupo de humanos. Y esos humanos tienen intereses e incentivos distintos. Algunos priorizan la protección del capital natural a toda costa; otros, objetivos económicos o políticos. La gobernanza del medioambiente será un espacio de tensión constante, como refleja la dimisión de la líder de este movimiento por la percepción de intereses en las administraciones que van más allá de la protección de la laguna. Sin embargo, esas mismas administraciones, criticadas por defender “lo suyo”, son también las estructuras democráticas que representan la voz de la ciudadanía en ese proceso.

Para mí, el Mar Menor refleja que nada es simple y me enfrenta a varios sentimientos a la vez. El colapso ambiental fue devastador. La reacción ciudadana fue extraordinaria. La innovación jurídica es histórica. Su implementación es compleja. Y el futuro sigue abierto. Este caso puede extrapolarse a otros de los grandes problemas de nuestro tiempo donde conviven el bien y el mal, y la esperanza y las tensiones.

Cierro este artículo con una reflexión del Tribunal Supremo de 1990 citada en la propia ley de personalidad jurídica del Mar Menor: “La diferenciación entre males que afectan a la salud de las personas y riesgos que dañan otras especies animales o vegetales y el medio ambiente se debe, en gran medida, a que el hombre no se siente parte de la naturaleza sino como una fuerza externa destinada a dominarla o conquistarla para ponerla a su servicio. Conviene recordar que la naturaleza no admite un uso ilimitado y que constituye un capital natural que debe ser protegido”.


Fuente: El Salto

lunes, 9 de marzo de 2026

Un estudio del CSIC ya alertó en 2014 de las peligrosas concentraciones de plomo en suelos agrícolas de Cartagena

 

 Por Rosa Roda   
       Periodista murciana.


El estudio detectó que no solo hay plomo acumulado en la tierra, sino que una parte de ese plomo puede liberarse con relativa facilidad y estar disponible para los cultivos, como frutas, verduras y hortalizas


     En 2014, un estudio científico ya alertó de las altas concentraciones de plomo presentes en suelos agrícolas del entorno de Cartagena y La Unión. El estudio se publicó la revista internacional Science of the Total Environment reveló que los suelos agrícolas del entorno de Cartagena y La Unión contienen concentraciones de plomo extraordinariamente elevadas, muy por encima de los niveles habituales en Europa y España.




La investigación, realizada por científicos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y del Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC, analizó la contaminación por metales pesados en el distrito minero de Cartagena-La Unión y concluyó que la herencia de más de dos mil años de minería sigue presente en el suelo del territorio, incluso en áreas agrícolas donde se producen alimentos.

El trabajo se publicó hace ya once años, pero sus conclusiones siguen siendo contundentes: la mayoría de los suelos agrícolas estudiados presentan niveles de plomo que superan ampliamente los valores considerados normales para suelos mediterráneos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el plomo uno de los contaminantes ambientales más peligrosos para la salud humana. En sus fichas técnicas y evaluaciones de riesgo, la OMS advierte que no existe un nivel seguro de exposición al plomo, especialmente en niños.

El estudio del CSIC viene a reforzar los resultados de una investigación de 2023 realizada de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y dirigida por Ángel Faz, cuyos datos cuestiona la Consejería de Agricultura y permanece oculto. Según el informe de la UPCT existen altas concentraciones de metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena (plomo, cadmio, zinc y cobre».


Puntos de muestreo del CSIC.

193 muestras de suelo para analizar la contaminación

Para evaluar el alcance del problema, los investigadores tomaron 193 muestras de suelo repartidas por el distrito minero.

El muestreo se organizó en tres tipos de territorio: 66 muestras en zonas mineras, próximas a residuos y antiguas explotaciones; 76 muestras en zonas naturales, con vegetación mediterránea y restos mineros antiguos y 51 muestras en zonas agrícolas, donde se cultivan frutas y hortalizas.

Estas zonas agrícolas se encuentran a cierta distancia de las minas, pero dentro del área de influencia del distrito minero y de los sedimentos procedentes de los residuos.




Concentraciones de plomo muy por encima de los valores normales

Los resultados del análisis químico del suelo revelan concentraciones de plomo que los propios investigadores califican de muy elevadas.

En el conjunto del área estudiada, la media alcanza: 5.202 mg/kg de plomo total en el suelo y 261,9 mg/kg de plomo biodisponible. Pero el dato que más preocupa aparece en los suelos agrícolas.

En estos terrenos, la concentración media de plomo alcanza los 2.633 mg/kg. Una cifra que multiplica por decenas los valores habituales en suelos agrícolas, lo que equivale aproximadamente a 2,6 gramos de plomo en cada kilo de suelo.

El estudio compara estos resultados con los niveles de referencia:




Esto significa que los suelos agrícolas del entorno de la Sierra Minera contienen entre 70 y 180 veces más plomo que los niveles habituales.

Pero el estudio no solo midió la cantidad total de plomo presente en el suelo. También analizó qué parte de ese metal puede moverse en el suelo y ser absorbida por las plantas, utilizando un método llamado DTPA. En este caso, la media fue de 162,7 miligramos por kilo.

Dicho de forma sencilla: no solo hay plomo acumulado en la tierra, sino que una parte de ese plomo puede liberarse con relativa facilidad y estar disponible para los cultivos, como frutas, verduras y hortalizas.

Además, estas cifras superan ampliamente varios valores de referencia establecidos en la normativa. El Real Decreto de nutrición sostenible de los suelos agrícolas fija un máximo de 100 mg/kg, mientras que los niveles genéricos de referencia para uso agrícola sitúan el límite en 113 mg/kg.

Frente a esos valores, el estudio detecta 2.633 mg/kg de plomo total en el suelo y 162,7 mg/kg de plomo biodisponible, lo que significa que las concentraciones encontradas superan con creces los niveles considerados aceptables para suelos agrícolas.

El 90 % de los suelos agrícolas supera los niveles de referencia

La investigación advierte además de que la contaminación está ampliamente extendida.

Según los datos del estudio: “El 90 % de los suelos agrícolas presentan concentraciones de plomo por encima del valor de referencia de 137 mg/kg para suelos mediterráneos”.

Es decir, la gran mayoría de los terrenos agrícolas analizados están contaminados por plomo por encima de los valores considerados normales.

Zonas con niveles aún más extremos

Aunque las zonas agrícolas ya presentan niveles elevados, las concentraciones más extremas se registran en áreas próximas a residuos mineros.

En algunos puntos del distrito minero, los investigadores detectaron valores de hasta 30.000 mg/kg de plomo en el suelo.

Estos niveles se encuentran entre los más altos documentados en estudios de contaminación minera.

Qué se cultiva en estas zonas

El estudio describe las áreas agrícolas analizadas como terrenos dedicados al cultivo de frutas y hortalizas, típicos del entorno agrícola del Campo de Cartagena.

Estas explotaciones se sitúan en zonas llanas alrededor de la Sierra Minera, donde se han acumulado sedimentos finos procedentes de procesos erosivos y de la dispersión de residuos mineros.

Este contexto explica que los metales pesados puedan encontrarse en suelos agrícolas aunque las parcelas no estén situadas directamente sobre antiguas explotaciones mineras.

Riesgos potenciales para la salud

El estudio recuerda que la presencia de plomo en el suelo puede tener consecuencias para la salud humana, especialmente cuando se producen exposiciones prolongadas.

Los autores citan investigaciones que indican que: «cuando las concentraciones de plomo en el suelo superan los 200 mg/kg, aumenta el riesgo de discapacidad intelectual en niños»

En las zonas agrícolas analizadas, la concentración media supera los 2.600 mg/kg, es decir, más de diez veces ese umbral.

Aunque el estudio se publicó en 2014, sus conclusiones constituyen una advertencia temprana sobre el impacto ambiental persistente de la minería histórica en el entorno de Cartagena y La Unión.

El trabajo científico deja claro que la contaminación por plomo no se limita a las escombreras o a las antiguas explotaciones, sino que alcanza también a áreas agrícolas situadas alrededor de la Sierra Minera y no consta que el Gobierno regional haya adoptado medida alguna teniendo competencias en materia de agricultura, medio ambiente y sanidad.

Un territorio marcado por más de 2.500 años de minería

El distrito minero de Cartagena-La Unión fue durante siglos uno de los principales centros de extracción de plomo, zinc y hierro de Europa. La actividad minera comenzó en época romana y se prolongó durante más de 2.500 años, alcanzando su máximo desarrollo durante el siglo XIX.

La explotación cesó definitivamente en 1991, pero el paisaje conserva todavía enormes cantidades de residuos mineros, escombreras y depósitos de estériles metalíferos que siguen liberando metales pesados al medio ambiente.

El estudio recuerda que estos residuos constituyen un foco permanente de contaminación y que la presencia de metales pesados en el suelo del distrito minero está estrechamente ligada a la actividad minera histórica.

Una sustancia peligrosa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que el plomo continúa siendo una de las sustancias químicas más peligrosas para la salud pública mundial. En su ficha técnica titulada “Intoxicación por plomo y salud”, el organismo internacional recuerda que la exposición a este metal pesado puede provocar daños graves en numerosos órganos y sistemas del cuerpo humano, especialmente en la infancia.

Según la OMS, cuando el plomo entra en el organismo se distribuye por órganos como el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos, donde puede acumularse durante largos periodos de tiempo. En los huesos y los dientes puede permanecer durante años y, en determinadas circunstancias -por ejemplo durante el embarazo- volver a liberarse al torrente sanguíneo.

La OMS considera el plomo una de las diez sustancias químicas de mayor preocupación para la salud pública, debido a la magnitud de sus efectos y a la extensión de la exposición en todo el mundo. El organismo subraya además que no existe un nivel seguro de exposición, especialmente en los niños.

La exposición al plomo puede provocar alteraciones neurológicas, daños en los riñones, trastornos cardiovasculares y problemas reproductivos. En los adultos se ha asociado con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica.

Los niños pequeños son especialmente vulnerables porque su organismo absorbe una mayor proporción de plomo que el de los adultos y porque su sistema nervioso aún se encuentra en desarrollo. La exposición temprana puede causar daño neurológico permanente, con consecuencias como disminución del coeficiente intelectual, problemas de atención, dificultades de aprendizaje y trastornos del comportamiento.


Fuente: RRNEWS

martes, 24 de febrero de 2026

MANIFESTACION ANTICONTAMINACIÓN EN CARTAGENA

 

POR UNA CARTAGENA LIMPIA DE SUELOS CONTAMINADOS CON METALES PESADOS, PARA EVITAR LISIVIADOS AL MEDITERRANEO, AIRES TRANSPORTANDO VENENO A NUESTRAS VIVIENDAS.




martes, 20 de enero de 2026

Palomares rehúye el estigma del accidente nuclear 60 años después: “Sólo pedimos que limpien”

 


Por Néstor Cenizo   
      Periodista que ha publicado en El Mundo, JotDown o Líbero y actualmente colabora habitualmente con elDiario.es como corresponsal en Málaga.

El vecindario se debate hoy entre exigir a la administración que limpie los terrenos o ignorar un incidente del que dicen que afecta más a la imagen que a las condiciones ambientales del pueblo

     El 17 de enero de 1966 Manuela Sabiote recogía tomates cuando un trozo de avión cayó a pocos metros de su huerta.


Manuela Sabiote, junto a los restos del fuselaje de un avión caído en Palomares.


En una foto que tomó un periodista o algún soldado, Manuela posa sonriente con los restos de fuselaje, las matas de tomates de fondo y algunos paisanos que observan. Es la foto que ilustra este reportaje, el rastro inocente del incidente de Palomares, del que este sábado se cumplen sesenta años.

La foto simboliza el estado de ánimo con el que el pueblo encajó el episodio. Pocas horas después, aquello se llenó de militares que hablaban inglés y buscaban un par de bombas termonucleares extraviadas, y la inocencia dio paso a las mentiras oficiales que no sirvieron jamás para evitar que el pueblo quedase marcado para siempre.

Aquella pequeña aldea del Levante almeriense acababa de sufrir uno de los más graves accidentes nucleares de la Guerra Fría. Un B-52 y un KC-135 habían colisionado durante una de las habituales operaciones de repostaje en vuelo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ejecutaba sobre la Sierra Almagrera. Palomares, con poco más de 700 vecinos, agrícola y pobre, quedaría marcada para siempre por nueve kilos de isótopos de plutonio dispersados en forma de aerosoles sobre un área aproximada de 226 hectáreas con zonas de vegetación silvestre, cultivadas y urbanas. Que cayeron cuatro bombas se supo casi al momento; todo lo demás se ocultó durante el franquismo y hasta bien entrada la democracia


El entonces ministro de Informacion y Turismo, Manuel Fraga, bañandose en la playa de Palomares próxima al lugar del accidente de dos aviones ocurrido en 1966.

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“La gente de Palomares vivió engañada 40 años. Hasta 2006 no se tomaron las primeras medidas de radioprotección con el vallado de 40 hectáreas. Antes siempre habían dicho que todo había quedado perfectamente. Manuel Fraga fue el principal vocero: decía incluso que se había quedado mejor, así de chulo era”, recuerda hoy José Herrera, quizá la persona que más ha investigado los esfuerzos de los sucesivos gobiernos, en dictadura y democracia, por enterrar el asunto bajo una capa de silencio y olvido: “Una investigadora norteamericana, Barbara Moran, me preguntó una vez cómo era posible que siguiera siendo tan secreto, cuando en su país ya habían desclasificado el Acuerdo Otero-Hall [el proyecto científico a largo plazo para estudiar los efectos de la contaminación por plutonio]”.


La bomba nuclear B28FI, recuperada a 870 metros de profundidad, en la cubierta del USS Petrel.


Plutonio y americio como fuentes contaminantes

En este pueblo que hoy supera por poco los 2.000 habitantes muchos están cansados de contar a los periodistas las mismas historias una y otra vez. Lo viven como una maldición atada al aire que respiran y la tierra que cultivan.

El sensacionalismo ocasional no ha ayudado. No hay trabajos que demuestren de forma consistente que hay aquí una incidencia mayor de algún tipo de cáncer, y los análisis regulares de las lechugas, los tomates, los caracoles, los conejos, el agua o el aire no dan motivos para la alarma. Pero la tierra contaminada sigue ahí, a menos de un metro de la superficie. “No es un pueblo contaminado, son solo unas parcelas”, dice María Isabel Ponce, actual alcaldesa pedánea (PSOE), que insiste: “Tenemos toda la tranquilidad, está vigilado a través del CIEMAT, y lo único que pedimos es que se haga la limpieza de los terrenos vallados, como llevamos pidiendo 60 años”.

Desde hace décadas todo se hace depender de un acuerdo que nunca llega con Estados Unidos, responsable del accidente y el único con capacidad para transportar, tratar y almacenar los terrenos contaminados. Óscar Velasco es el hijo de Manuela, la joven que posó con los trozos de avión. También fue alcalde hasta 2023, y lo tiene claro: “Urge la descontaminación, ya”. Y alerta de que habrá un momento en que el vallado no sirva para acotar el riesgo. “El americio se va degradando y tiene otro tipo de radiación que puede salir al exterior. Eso es un peligro no solo para Palomares, sino también para poblaciones cercanas”.


Terrenos afectados por contaminación radiactiva en Palomares (Almería).


La fuente de emisiones radiológicas se compone de isótopos de plutonio (238Pu, 239Pu, 240Pu y 241Pu) y americio (241Am, generado a partir de la desintegración de su progenitor, el isótopo 241Pu). Según el CIEMAT, el 241Am y el 239+240Pu son los radionucleidos críticos debido a que son los isótopos más abundantes en concentración de actividad con los distintos componentes del ecosistema afectado: suelos, alimentos, aire, depósito, agua, organismos indicadores y sedimentos.

“Como no se ve, se oye, se siente o se huele, la gente no valora el riesgo”

Pepe Ramos tenía cinco años el 17 de enero de 1966 y dice recordar muy bien el alboroto, la excitación, cómo el pueblo pasó de ser un villorrio olvidado a centro de la atención mundial gracias a la visita del amigo americano. “No teníamos nada, y yo me escapaba de casa y me iba a montarme a los helicópteros. Nos traían chicles y Coca Cola, que nunca habíamos visto aquí”, relata. Aquello era un jolgorio del que te podías ir con algún bonito obsequio. “Mi hermana se hizo una foto encima de una de las bombas. Todo el mundo andaba por todos sitios recogiendo cosas. Hasta un destornillador de los americanos tengo todavía. El otro día me lo encontré en una caja de herramientas”.

Fuera de la burbuja de inocencia infantil, el impacto económico fue inmediato. Recoger tomates quedó prohibido por orden de la autoridad, pero lo peor fue el estigma: “Aquí se vive del campo y cuando empezaron las historias ya nadie quería productos de Palomares, se vendían con etiquetas de Murcia”, señala el hombre. Además, el reparto de las indemnizaciones abrió otra herida en el pueblo.

Durante muchos años, Ramos iba a Madrid a sacarse sangre. “Dejé de hacerlo porque enviaban cosas muy escuetas, como si fuera un simple análisis de sangre. Que yo sepa, nadie ha recibido nada de que tuviera algún problema de radiactividad. Aquí nos conocemos todos y no ha habido problemas de cáncer ni historias de esas más de lo normal”.

Pronto, los vecinos dejaron de preocuparse, anestesiados por la aparente ausencia de consecuencias y el silencio de las administraciones, que ocultaban incluso cómo un doctor de la división de Investigación Biomédica del Laboratorio Nacional de Los Álamos, Haskell Langham, los estaba utilizando como conejillos de Indias. “Como no se ve, se oye, se siente o se huele, la gente no valora el riesgo real”, lamenta Velasco. Hoy, pocos vecinos siguen haciéndose las pruebas.

“El año de las bombas”

Para las nuevas generaciones el asunto es molesto o un elemento mitológico. “El año de las bombas”, como le dijeron una vez unos niños a Herrera, que tomó prestada la frase para titular su nuevo libro, una recopilación de historias casi al modo documental de Svetlana Alexievich en Voces de Chernobyl. “He tratado de reflejar a los involuntarios protagonistas del suceso, porque la gente del pueblo apenas sale en el tratamiento periodístico del accidente. Siempre se habla del general Wilson, del doctor Langham... Y el pueblo es un figurante”.

Allí cuenta cómo las crónicas radiofónicas a través de Radio España Independiente (La Pirenaica, vinculada al Partido Comunista) rompieron por primera vez el silencio impuesto por la dictadura. Sacaban las crónicas ocultas en la ropa interior de un motorista que iba a Lorca, desde donde se enviaban a Bucarest para ser radiadas. Y también cómo ya en los 80 una jovencísima alcaldesa, Antonia Flores, abanderó la lucha por la transparencia y la dignidad del pueblo de Palomares junto a la duquesa de Medina-Sidonia.

Tuvieron que pasar dos décadas más para que en 2007 se vallaran los terrenos que contienen el material radiactivo que Estados Unidos enterró a medio metro de profundidad, el más grande de ellos en el núcleo del pueblo. Desde entonces, el CIEMAT emite un informe anual a partir de muestras de agua, tierra, aire, animales y vegetales. “Los niveles de irradiación son prácticamente irrelevantes, incluso en las zonas más afectadas”, se lee en el último de ellos. A cinco metros de unas vallas se cultivan lechugas. Nada informa de qué motiva el vallado, de eficacia dudosa con ciertos animales y que no frena al viento.


Zona de acceso restringido en el municipio almeriense de Palomares.


España ha procurado siempre mantener las miradas de terceros ajenas a lo que hay en Palomares, ignorando incluso las reclamaciones de la Comisión Europea para que complete la rehabilitación. Tampoco admite que haya puntos radiactivos fuera del vallado, como en su día denunciaron los ecologistas. Sin embargo, un informe del Gobierno de Estados Unidos al Senado de aquel país reconoció en 2023 que Palomares “sigue sufriendo los efectos” de la “contaminación residual”, que “supera los niveles” de la normativa europea. Pese a que admitía que la ayuda de Estados Unidos es “vital” para zanjar la cuestión, el informe no instaba ninguna medida para intervenir.


La Comunidad Europea dió hasta finales 2021 para que España informara del progreso en la limpieza de Palomares.


Nadie descontamina Palomares

Hoy, el gran tema que marca la agenda local es la gran urbanización de 1.600 viviendas y hotel junto a la playa de Quitapellejos, que tiene ya los parabienes de la Junta de Andalucía. “Es prosperidad para los vecinos. Queremos que Palomares no solo sea agricultura, y abrirnos al turismo y al sector servicios”, subraya su alcaldesa pedánea. Durante décadas, Palomares ha observado el desarrollo turístico de Vera o Mojácar sin participar de él. Ahora, los ecologistas alertan de que el proyecto acabaría para siempre con un entorno al que la huella nuclear quizá también haya contribuido a preservar, duplicando la población de la pedanía.


La zona en la que se proyecta la macrourbanización está en regresión por el cambio climático.

Mientras, el pueblo sigue esperando a que alguien saque de allí la tierra contaminada, unos 50.000 metros cúbicos que quedarían reducidos a unos 6.000 una vez tratados. Desde hace casi una década, Ecologistas en Acción lo intenta en los tribunales para chocar una y otra vez contra la determinación del Gobierno de mover ni una piedra. Tras un primer intento fallido, la Audiencia Nacional estudia ahora si debe hacerlo el Ministerio de Transición Ecológica. El proceso está pendiente de que se admitan o no algunas de las testificales que han pedido los ecologistas.

En su momento, el Ministerio ya alegó que las sospechas en torno a la situación radiológica en Palomares son una exageración sin fundamento, que la propuesta de Plan de Rehabilitación de 2010 es papel mojado, que no hay ninguna norma que le obligue a intervenir y que, en todo caso, no está claro que remover sea una buena idea, aunque sea para limpiar.

La tesitura, más teórica que real (al menos por ahora), divide al pueblo. “Yo no soy científico, pero tengo dos dedos de frente: si remueves la tierra va a haber un problema porque se va a liberar al aire”, dice Pepe Ramos. “Tener una contaminación así es peligroso para el ser humano. Vamos 60 años tarde”, rebate Óscar Velasco, que sólo así ve posible borrar un estigma que amenaza con durar tanto tiempo como los isótopos de plutonio: “Descontaminar es la única solución para que al fin se deje de hablar de esto”.


Fuente: elDiario.es