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lunes, 29 de diciembre de 2025

Caso Pedro Costa Morata: polémica en Águilas por la retirada del título de Hijo Predilecto a un Premio Nacional de Medio Ambiente

 

 Por Rosa Roda   
      Periodista murciana.



El caso enfrenta al ecologismo crítico con intereses agrarios y políticos en uno de los municipios más tensionados de la Región por la desprotección de Marina de Cope. El PORN sigue sin aprobarse


     Epleno del Ayuntamiento de Águilas del 30 de diciembre debatirá la posible retirada del título de Hijo Predilecto concedido en 2017 a Pedro Costa Morata, escritor, ingeniero, pensador crítico y una de las figuras históricas del ecologismo español. La iniciativa, impulsada por una solicitud ciudadana respaldada por alrededor de 300 firmas, ha desatado una intensa controversia política y social que no ha dejado de crecer en las últimas semanas.


El ecologista y periodista aguileño Pedro Costa Morata.

Lo que está en juego no es solo la continuidad de una distinción honorífica, sino el significado político y simbólico de revisar un reconocimiento institucional otorgado a una figura con una trayectoria ampliamente avalada a nivel estatal.

En el escrito presentado ante el Ayuntamiento de Águilas, los promotores de la solicitud para retirar el título de Hijo Predilecto a Pedro Costa Morata exponen una serie de argumentos que, a su juicio, justificarían la revocación de la distinción concedida en 2017.

En primer lugar, sostienen que existen “miles de aguileños” que, sin solicitar reconocimientos ni distinciones, merecerían ese honor, y consideran que el mantenimiento del título en este caso impide visibilizar a otras personas del municipio.

En segundo término, reprochan a Costa Morata que incluya de forma reiterada el título de Hijo Predilecto en su currículum y en sus escritos, lo que, según afirman, utilizaría para “mantener su estatus”, atribuyéndole además la creación de “enemigos” y el uso de “medias verdades” en sus publicaciones.

Uno de los argumentos centrales del escrito es la acusación de falta de agradecimiento hacia quien impulsó el reconocimiento institucional. Los peticionarios sostienen que Costa Morata ha mostrado una actitud de desconsideración hacia la entonces alcaldesa, María del Carmen Moreno (PSOE).

Asimismo, alegan que Pedro Costa Morata no ha contribuido a generar empleo ni futuro económico para el municipio de Águilas, afirmando que su actuación habría tenido, incluso, efectos contrarios a ese objetivo.

Por último, los solicitantes concluyen que, a su juicio, “los méritos y la conducta que justificaron la concesión de la distinción han dejado de concurrir”, y sostienen que mantener el título de Hijo Predilecto no se ajusta al interés general ni a los valores que, según afirman, representa el municipio de Águilas en la actualidad.

Costa Morata: «Estamos en manos de ignorantes, malvados y necios»

Pedro Costa Morata sostiene que la iniciativa para retirarle el título no es un hecho aislado ni una discrepancia personal, sino la consecuencia directa de su oposición histórica a la agricultura intensiva en la Marina de Cope y de su defensa de la protección efectiva del parque regional.

En una entrevista concedida a RRNEWS, identifica con claridad al promotor de la solicitud: “Quien ha iniciado el procedimiento es un agricultor de la Marina de Cope, José Martínez Quiñonero, que siempre me ha tenido manía porque yo le he atacado a él y a sus compañeros agricultores de ASAJA por el maltrato que le producen al campo, a los acuíferos, al suelo y a la atmósfera, por la agricultura intensiva”.


José Martínez Quiñonero, ex presidente de ASAJA-Águilas.

Según Costa Morata, el conflicto está íntimamente ligado a la parálisis del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, pendiente desde hace más de treinta años.

El firmante de la petición tiene a gala destruir todo lo que puede el parque natural de Cabo Cope y Calnegre y conseguir que nunca tenga el famoso PORN”, afirma, situando esta oposición como uno de los ejes del enfrentamiento político y social que ahora aflora en el ámbito municipal.

El escritor y activista considera además que la iniciativa no se limita al ámbito agrario y apunta a apoyos políticos concretos. “Esa petición es incapaz de escribirla la persona que la firma; le han ayudado otros, como el principal concejal de los tres que hay de VOX en Águilas”, sostiene. Al mismo tiempo, cuestiona el papel del Ayuntamiento en la tramitación del expediente: “Que una petición de un ciudadano corriente sea asumida por la Alcaldía, como figura en el orden del día, se sale de lo normal”.

«Los alcaldes temen a los agricultores»

Costa Morata se muestra también especialmente crítico con el funcionamiento interno del consistorio y con el papel del secretario municipal, Jesús López, al que atribuye un poder excesivo: “El Ayuntamiento de Águilas se caracteriza por un poder desmedido del secretario municipal, que se extralimita y afecta al poder políticoLos funcionarios le tienen miedo”. En ese contexto, afirma que sus artículos críticos sobre la gestión municipal han incrementado la hostilidad hacia su figura.

Respecto a la solicitud de retirada del título, detalla que “la petición la firma el dirigente de ASAJA y va acompañada de 293 firmas”, aunque cuestiona el respaldo real de ese apoyo: “Noventa de esas firmas están escritas por la misma mano y muchas corresponden a trabajadores, algunos inmigrantes, que no saben ni quién soy ni de qué va la cosa; firman porque su jefe se lo pide”.

La polémica se produce, además, en un contexto especialmente grave. Costa Morata denuncia haber sido víctima de agresiones e intimidaciones. “Me quemaron la puerta de la casa; echaron gasolina y le pegaron fuego mientras yo estaba durmiendo dentro”, relata. A ese episodio suma una amenaza posterior: “Un tipo me amenazó en la puerta del Ayuntamiento diciéndome que me mandaría un amigo si seguía hablando. Según explica, los hechos fueron denunciados: “Yo hice la denuncia a la Guardia Civil y no sé nada más”.

Pese a ello, deja claro que no piensa dar un paso atrás. “No estoy acostumbrado a aguantar injusticias y voy a alzarme contra esto”, afirma, y advierte de que, si el pleno aprueba la revocación del título, recurrirá la decisión por la vía contencioso-administrativa. “Esta batalla empezará el martes día 30 y puede durar años, porque yo voy a seguir incrementando mi información y mi acción como periodista comprometido”.

Costa Morata advierte además de las consecuencias jurídicas de la decisión: “Ya hemos advertido de que hay responsabilidad patrimonial de todos y cada uno de los que voten a favor”. A su juicio, la revocación carece de base legal y le causaría un daño moral injustificado: “Ese daño moral se traduciría en una exigencia penal y pecuniaria”, subraya, añadiendo: “Que sepan cada uno de los que van a votar lo que votan”.

«El medio ambiente es considerado un estorbo»

En su análisis más amplio sobre la situación ambiental y política de la Región de Murcia, Costa Morata no oculta su profundo pesimismo y emplea un lenguaje especialmente duro contra quienes, a su juicio, toman las decisiones públicas. “El medio ambiente es considerado un estorbo para los negocios, para las empresas, para la producción y para el turismo”, afirma, tras más de cinco décadas de activismo.

A la pregunta de si la Región de Murcia está gobernada por responsables incapaces de afrontar la crisis ambiental, responde sin matices: “Sí, en primer lugar ignorantes”. Y añade: “La ignorancia se podría disculpar, pero hay que añadir la perversidad ambiental, la falta de sensibilidad y las ganas nulas de adquirirla”.

En ese diagnóstico va aún más lejos: “Nos gobiernan ignorantes, malvados y necios”. Una afirmación que vincula directamente a la forma en que, a su juicio, se ha gestionado durante décadas la protección del territorio: “Los ecologistas siempre han sido considerados enemigos a batir, desde el primer día, y eso no se ha suavizado con el tiempo”.

Águilas está gobernada por el PSOE, primero bajo el liderazgo de Mari Carmen Moreno y, actualmente, con Cristóbal Casado como alcalde. El hecho de que el gobierno municipal no haya impulsado directamente la retirada, pero sí haya permitido que el asunto llegue al pleno, coloca al Ejecutivo local en una posición políticamente delicada.

Las críticas de Costa Morata a Carmen Moreno

Uno de los elementos que planea sobre esta polémica es que Pedro Costa Morata ha sido crítico, en artículos de opinión firmados por él mismo, con decisiones políticas adoptadas por el Ayuntamiento de Águilas, incluidas actuaciones desarrolladas durante los mandatos de Mari Carmen Moreno.

Se trata de críticas políticas y de gestión, centradas en cuestiones ambientales, urbanísticas y de modelo de desarrollo. Un ejercicio de crítica pública que se inscribe dentro de la libertad de expresión y del debate democrático.

Diversos colectivos consideran que esta actitud crítica podría haber actuado como detonante de una reacción política que ahora se canaliza mediante la retirada de un reconocimiento honorífico.

Un amplio respaldo social

Frente a la iniciativa de retirada del nombramiento, se ha articulado un amplio respaldo social a Pedro Costa Morata, con posicionamientos públicos de Ecologistas en AcciónCCOO Región de Murcia, colectivos ciudadanos y organizaciones políticas de izquierda, que advierten del riesgo de convertir las distinciones honoríficas en instrumentos de represalia ideológica.

Estos colectivos subrayan que revisar un título concedido a una persona galardonada con el Premio Nacional de Medio Ambiente envía un mensaje preocupante sobre el respeto institucional a las trayectorias críticas.

El PORN de Marina de Cope, más de 30 años pendiente

El pleno del 30 de diciembre no decidirá solo sobre un nombre en un listado honorífico. Decidirá si un ayuntamiento puede revisar y cuestionar reconocimientos otorgados a figuras avaladas por el propio Estado por razones que muchos consideran ideológicas.

Conviene recordar que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, que incluye Marina de Cope, sigue sin aprobarse, más de tres décadas después de que el espacio fuera declarado protegido, mientras la agricultura intensiva dentro del parque avanza.

El parque regional fue creado en 1992, pero desde entonces el Gobierno de la Región de Murcia no ha culminado la aprobación del instrumento clave que debe regular usos, establecer niveles de protección y fijar criterios de conservación. Sin ese plan, el espacio carece de un marco normativo completo y eficaz.

El PORN es un instrumento obligatorio según la legislación ambiental. Su ausencia ha convertido a Marina de Cope en lo que organizaciones ecologistas califican como un “parque de papel”: protegido formalmente, pero sin herramientas reales de conservación.

Durante años, esta falta de planificación ha generado incertidumbre jurídica y ha mantenido abierto el conflicto entre la protección ambiental y las presiones urbanísticas y económicas en uno de los tramos de costa mejor conservados del Mediterráneo.

Un referente del ecologismo

Pedro Costa Morata no es un activista local ni una figura circunstancial. En 1998 fue distinguido con el Premio Nacional de Medio Ambiente, uno de los máximos galardones oficiales en esta materia, concedido por el Estado español.

El reconocimiento le fue otorgado por su larga trayectoria en el movimiento ecologista, su papel pionero en la lucha antinuclear (en Águilas proyectaron una central nuclear) su labor divulgativa y su pensamiento crítico frente a modelos de desarrollo ambientalmente insostenibles. Un perfil que sitúa el debate abierto en Águilas mucho más allá del ámbito municipal.


Fuente: RRNEWS

viernes, 17 de octubre de 2025

Calnegre y Cabo Cope, una joya natural que espera protección desde hace más de 30 años

 


 Por Gloria Piñero   
      Periodista en elDiarioRegióndeMurcia.es y guionista.



La larga parálisis administrativa impuesta por los sucesivos gobiernos de la Región de Murcia impide la aprobación de las normas que deben regular este parque regional, el espacio natural más emblemático del litoral murciano



      En el extremo suroccidental de la Región de Murcia, entre los términos de Lorca y Águilas, se extiende uno de los espacios naturales más singulares del litoral mediterráneo español: el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, declarado como tal en 1992 por la Ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio.


Litoral del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, en la Región de Murcia. AMACOPE.


Dentro de sus límites se extienden montes, ramblas y calas vírgenes de alto valor ecológico que se enfrentan a las amenazas que supone una desprotección ambiental que dura ya 33 años. Es el tiempo que ha transcurrido desde que el parque aparece en los mapas oficiales sin que se haya aprobado su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el instrumento legal que debe fijar las normas, usos permitidos y límites a las actividades dentro del espacio supuestamente protegido.

Sin ese plan, no hay medidas claras para su conservación ni sanciones aplicables a las agresiones que sufre. Y, mientras la Administración autonómica persiste en un silencio que dura más de tres décadas, la degradación avanza.

30 años de inactividad administrativa

La urgencia por la “necesidad inmediata de protección”, justificó que el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope se declarase sin contar con un PORN previo. Sin embargo, la Ley 4/1992 preveía esa situación y mandataba a las administraciones competentes —en este caso, al Gobierno de la Región de Murcia— a la aprobación de dicho instrumento “en el plazo máximo de un año” desde la declaración. El ejecutivo murciano estaba entonces en manos del PSOE, que ese mismo año había aprobado los PORN de otros tres parques regionales: el de Sierra Espuña, el de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y el de Calblanque.

En 1993, la entonces Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza acordó el inicio del procedimiento de elaboración del PORN de Cabo Cope y Calnegre. Sin embargo, el proceso quedó paralizado tras la llegada del Partido Popular al Gobierno murciano, en el que permanece inamovible desde entonces.


La desprotección de Cabo Cope-Calnegre se hace especialmente patente cuando las crecidas de las ramblas depositan en su litoral toneladas de residuos plásticos, principalmente provenientes de la agricultura intensiva.

En todos estos años, es cierto que hubo intentos por parte de la Administración regional para cumplir con la legalidad respecto al parque, pero todos tan intermitentes como ineficaces: en 2012, cuando una orden de la Consejería de Presidencia creó las Áreas de Planificación Integrada e incluyó al parque en la “API 004: Costa Occidental”; y posteriormente, en 2020, cuando la Dirección General de Medio Natural volvió a iniciar formalmente el expediente de elaboración del PORN. Incluso se llegó a redactar un documento previo en 2021. Pero nunca se produjo la aprobación inicial ni su publicación oficial en el Boletín Regional.

Un paso que resulta esencial porque, sin esa aprobación inicial, no se activa el régimen de protección cautelar previsto en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que impide transformaciones sustanciales del territorio. Así que, en la práctica, la inactividad del Gobierno regional (que las organizaciones ecologistas tildan de premeditada), está sirviendo para que Cabo Cope y Calnegre se rija por la “ley del salvaje Oeste”.

Una exigencia formal tras décadas de silencio

El pasado 16 de septiembre de 2025, Ecologistas en Acción de la Región Murciana registró un requerimiento formal ante la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. En el mismo, al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, reclama la “inmediata aprobación inicial” del PORN del Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre, y su tramitación por procedimiento de urgencia, conforme al artículo 48.5 de la Ley 4/1989.

El documento —firmado por Ana María García Albertos, presidenta del colectivo— se apoya en una sólida base jurídica, que incluye la invocación del artículo 45 de la Constitución Española, al tiempo que advierte que la ausencia del PORN vulnera el principio de legalidad y los derechos de participación pública.


Un ejemplar de tortuga mora, símbolo de la riqueza natural de la Región de Murcia, en las inmediaciones de Cabo Cope, en Águilas. AMACOPE.


El texto subraya que esta inactividad administrativa no solo incumple la normativa estatal y autonómica, sino que “pone en entredicho el propio régimen sancionador ambiental”, al no existir un marco reglamentario aplicable dentro del parque. Y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad de recurrir judicialmente la “inactividad reglamentaria” cuando esta produce efectos lesivos para el medio ambiente o para derechos de participación ciudadana.

Así que, si la Consejería no responde en tres meses, Ecologistas en Acción estará legitimada para interponer recurso contencioso-administrativo por inactividad, abriendo así un nuevo frente judicial en aras de la protección de este espacio.

Las amenazas de siempre… y las nuevas

El Parque Regional ha sobrevivido durante décadas a amenazas de gran envergadura. En los años ochenta y noventa, una central nuclear proyectada en Cabo Cope estuvo a punto de condenarlo para siempre.

Más tarde, la presión urbanística se convirtió en el mayor peligro. En 2001, la nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia fue aprovechada para modificar los límites del parque regional y declarar la Actuación de Interés Regional (AIR) ‘Marina de Cope’, un controvertido proyecto urbanístico-turístico que pretendía un desarrollo desaforado —60.000 viviendas, cinco campos de golf, diez campos de fútbol, veinte hoteles y un puerto interior con 2.000 puntos de amarre— dentro de lo que, hasta entonces, había sido parque regional.

Los ayuntamientos de Lorca y Águilas no tardaron en buscar acomodo a la AIR en sus respectivos planes generales de ordenación, con la única oposición de Izquierda Unida. Eran los años del boom del ladrillo.


Mapa del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope. CARM.


Hubo que esperar hasta 2012 para que el Tribunal Constitucional, en una de las sentencias más simbólicas relacionadas con el urbanismo murciano, declarara nula la disposición adicional octava de la Ley autonómica del Suelo que desprotegía unas 15.000 hectáreas de espacios naturales, principalmente en Cope-Calnegre y devolviera sus límites originales al parque. Una larga batalla jurídica y social que fue posible por la interposición, diez años antes, de un recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados del PSOE, liderados por la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que respaldaron la lucha de Ecologistas en Acción, ANSE, WWF y Greenpeace.

Un tiempo que fue aprovechado por empresas y organizaciones agrícolas para que, con el Gobierno regional de brazos caídos, roturaran varios cientos de hectáreas, las convirtieran en regadío y se construyeran infraestructuras como gasolineras, almacenes y viviendas dentro del parque.

Hoy, a pesar de la sentencia, las amenazas no han desaparecido. El deterioro se manifiesta en forma de nuevas roturaciones ilegales, sobreexplotación agrícola y contaminación difusa. En las zonas agrícolas colindantes proliferan los invernaderos, el uso intensivo de plásticos y fitosanitarios, y las captaciones ilegales de agua en una comarca árida. Cada DANA, la crecida de las ramblas llenan el litoral del parque de botes, envases de fungicidas y herbicidas de uso agrícola, tubos de riego por goteo, trozos de gomas y toneladas de plásticos que contaminan la costa. Nadie responde por ello.


Imagen de satélite de la Marina de Cope, donde se aprecian múltiples roturaciones y construcción de infraestructuras. Instituto Geográfico Nacional.


La falta de un PORN también impide establecer zonas de exclusión y amortiguación, lo que deja el parque expuesto a la expansión de cultivos hasta incluso dentro de sus límites naturales.

A ello se suma la presión turística creciente. Por un lado, los planes urbanizadores del Ayuntamiento de Águilas, que promueve la construcción de un camping en una zona situada a escasos 2.000 metros de importantes áreas de conservación de la biodiversidad; por otro, la costa virgen de Calnegre es, cada verano, un imán para visitantes y vehículos todoterreno, sin apenas regulación.

Mención aparte merece el vandalismo ambiental. El último ejemplo se produjo el pasado agosto: una nueva quema intencionada de tarayes en la playa del Charco, espacio integrado en el Parque. El mismo lugar que ha sido escenario de reiterados incendios en los últimos meses, según ha denunciado AMACOPE, y que se ceba con la especie Tamarix canariensis, incluida en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia donde está calificada de “interés especial”.

Pero no es el único. En los últimos años, son frecuentes la rotura intencionada de la señalización informativa, el vuelco de contenedores o el destrozo con tractores de las líneas de bolardos de madera que protegen la flora autóctona, incluidas especies vulnerables, como el azufaifo (Ziziphus lotus), el patagusanos (Salsola papillosa) o el chumberillo de lobo (Caralluma europea), cuando no directamente en peligro de extinción, como la gramínea Enneapogon persicus o la ortiga muerta de roca (Scrophularia arguta).

Así que, lo que la ley llamó en su día parque regional es, en la práctica, “un territorio a la deriva”, resumen desde Ecologistas en Acción. El resultado de la parálisis institucional es la impunidad ambiental: el espacio protegido más emblemático del litoral murciano se mantiene sin orden ni protección real.

Una joya ecológica que languidece

El valor ambiental del parque es indiscutible. En su territorio confluyen hábitats esteparios, dunas, acantilados y zonas marinas de alto interés ecológico. Es refugio de especies amenazadas como la tortuga mora (Testudo graeca), el águila perdicera, el búho real o diversas especies de flora endémica litoral.


Cala Blanca, en el término municipal de Lorca, una de las playas vírgenes que forman parte del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope.


Además, el parque forma parte de la Red Natura 2000, bajo las figuras de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Paradójicamente, estas designaciones europeas obligan a la existencia de planes de gestión coherentes. La propia normativa autonómica —Ley 6/2012 y Orden de 2012 sobre planificación integrada— establece que, cuando se solapan varias figuras de protección, la planificación debe integrarse en un único documento.

Pero el Gobierno regional, según Ecologistas en Acción, “anuló por la vía de los hechos” su decisión de incluir el PORN dentro del Plan de Gestión Integral de la Costa Occidental “sin respaldo jurídico alguno”.

En su escrito, Ecologistas en Acción también lanza una advertencia clara: “No puede haber auténtica gestión de los recursos naturales sin la previa planificación y ordenación, a través del instrumento expresamente previsto por la Ley para ello”.

La falta de ese instrumento —el PORN— priva al parque de un elemento esencial: la seguridad jurídica. Propietarios, agricultores y administraciones locales operan en un limbo normativo donde ni los límites ni los usos están definidos.

El espejo de un modelo regional

El caso de Cabo Cope–Calnegre simboliza un patrón recurrente en la política ambiental murciana: declarar espacios naturales sin dotarlos de herramientas de gestión ni recursos para su conservación.


Imagen aérea de la Manga del Mar Menor.


Mientras otras comunidades autónomas han culminado hace años la planificación de sus parques regionales, Murcia arrastra décadas de retrasos e incumplimiento de la ley.

El contraste es aún más evidente cuando se compara con la atención mediática y política que ha recibido el Mar Menor, cuya degradación ecológica ha movilizado reformas legales y plataformas ciudadanas, mientras Cabo Cope languidece a la espera de una decisión política que nunca llega y que no admite más demora.


Fuente: elDiario.es