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lunes, 5 de enero de 2026

Alguien robó 56 millones de litros de agua durante los últimos 18 meses en la Región de Murcia. Solo es la punta del iceberg

 

      Responsable de fin de semana en Xataka.

   - Se estima que la actividad se habría dado durante décadas, con daños incalculables al medio ambiente

  • - La cantidad de pozos saqueados para la agricultura industrial están teniendo un defecto devastador en las zonas naturales



     Un péndulo y un par de varas de madera son las únicas herramientas que los zahoríes necesitan para, supuestamente, detectar los flujos magnéticos de las corrientes de agua para encontrar aguas subterráneas. Realmente, un zahorí no sirve de mucho, pero es el nombre con el que el SEPRONA bautizó un ciclo de vigilancia para atrapar a los ladrones de agua. Uno de los últimos casos es el de los 50 millones de litros saqueados por dos empresarios en un periodo de 18 meses.

Pero ni es un caso aislado ni algo que tenga visos de parar.

Puerto Lumbreras. Una de las últimas operaciones del SEPRONA se ha dado en Puerto Lumbreras, en la Región de Murcia, donde los agentes han abierto diligencias a dos empresarios como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Se estima que realizaron la actividad de explotación de pozos durante décadas, pero por concretar, sólo en los últimos 18 meses, se habrían sustraído 56 millones de litros de aguas subterráneas.


Intervención del Seprona en Puerto Lumbreras.

Los investigados utilizaban un pozo clandestino sin contador volumétrico que estaba oculto en una de las empresas y no era agua que utilizaran para regar cultivos propios (algo que suele ser común en este tipo de actividades), sino para vender.

Hidrológica pirata. Eran capaces de extraer más de 100.000 litros diarios que vendían y distribuían a través de sus propios camiones cisterna. ¿Su uso?

  • Explotaciones porcinas de ganadería intensiva.

  • Venta a otras empresas.

  • Venta a particulares para el llenado de piscinas.

    ¿Multa o “coste operativo”? El SEPRONA comenzó la investigación tras una denuncia firmada por 128 vecinos de Zarzalico que detectaron una tubería ilegal de varios kilómetros construida para abastecer cebaderos, y se estima que los dos empresarios facturaron unos 275.000 euros durante los 18 meses ya mencionados.

Lo curioso del asunto es que, como decimos, sólo se ha investigado año y medio, por lo que la cifra puede ser astronómica si se cumple esa estimación de que la actividad se realizó durante décadas. 

El robo de agua no es algo nuevo, ni mucho menos, y de hecho hay estudios que apuntan a que, durante más de un siglo, fue una práctica que se dio en el sureste español.




Tiene todo el sentido si tenemos en cuenta que la zona, con Almería o Murcia, siendo la “huerta de Europa”, no es precisamente en la que más precipitaciones se registran, pero sí donde más se necesita para ese cultivo de frutas y verduras.



De hecho, a esto se le llama “agua virtual” que estas zonas exportan en los tomates, lechugas o aguacates.




Ese robo de agua se ha tomado como un “mecanismo de supervivencia”, algo necesario para mantener la actividad durante sequías, y también hay estudios que apuntan que las multas administraciones que reciben los que cometen la infracción son más bajas que el beneficio económico obtenido por el agua robada.


España es el país con mayor sobreexplotación de agua de Europa.

Devastador. El problema es que las cuentas no salen donde más importa: en la naturaleza. El agotamiento sistemático de los acuíferos debido a las actividades de los pozos ilegales han llevado al agotamiento de algunos de los humedales más importantes de nuestra geografía.


Pozos ilegales al sur de España, en Andalucía.

Doñana es el ejemplo claro, ya que el parque nacional ha sido, y está siendo, drenado por cientos de pozos ilegales para el cultivo.


Doñana

Drenado en Doñana.


Pero no hay que irse lejos de Puerto Lumbreras para ver los efectos, y el Mar Menor es otro ejemplo. El agua dulce subterránea es saqueada y, a veces, usada para regar campos agrícolas en los que se usan fertilizantes con nitratos que, debido a la escorrentía, se filtran en la tierra o van a parar directamente al mar. Esto ocasiona que el agua tenga menos oxígeno del que debería, y al ir a parar a la laguna, los peces mueren por anoxia.

Suma y sigue. Lamentablemente, como decimos, ni es un problema nuevo… ni aislado. Estos últimos años hemos ido hablando de decenas de investigados, detenidos y condenados. La empresa de aguas de Málaga, de hecho, ha llegado a contratar a detectives privados para vigilar empleados, proveedores y clientes.




Según WWF, hay más de 500.000 pozos ilegales en España, los beneficios compensan las multas administrativas y fiebres como la del aguacate no ayudan en absoluto.


Hay quienes están regando aguacates irregularmente.

Fiebre del aguacate.


Fuente: Xataka

miércoles, 24 de diciembre de 2025

El PP reforma la Ley del Mar Menor para permitir que empresas sancionadas por contaminar sigan recibiendo subvenciones

 

 Por Rosa Roda   
      Periodista murciana.


El Mar Menor deja de tener un marco sancionador singular y más exigente, y pasa a integrarse en una normativa general pensada para todo el territorio nacional, con menor capacidad de adaptación a una situación de emergencia ambiental


     En plenas fechas navideñas, con la atención pública diluida y la actividad política en mínimos, el Partido Popular ha registrado en la Asamblea Regional de Murcia una proposición de ley que modifica aspectos clave de la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor.


López Miras, de celebración con Feijóo.

La iniciativa, presentada el 19 de diciembre, no refuerza una norma ampliamente incumplida, sino que rebaja su régimen sancionador y abre la puerta a que empresas sancionadas por contaminar la laguna puedan seguir accediendo a subvenciones públicas.


Cultivos de regadío junto al Mar Menor.

La propuesta, firmada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, se ampara en conceptos como “armonización normativa”, “simplificación administrativa” y “reducción de la carga burocrática”. Sin embargo, el momento elegido para su registro -a las puertas de la Navidad- y el contenido de la reforma apuntan a una estrategia clara: desactivar, con bajo coste político, uno de los pocos elementos realmente disuasorios de la Ley del Mar Menor.

Del régimen excepcional al marco general

La Ley 3/2020 fue concebida como una norma excepcional para un ecosistema en situación crítica. Su carácter integral y su régimen sancionador más severo que el estatal respondían al fracaso de décadas de regulación ordinaria incapaz de frenar el deterioro del Mar Menor.


Campo de golf, Mar Menor, La Manga e Isla Grosa al fondo.

La proposición del PP plantea ahora eliminar ese régimen específico y sustituirlo por el previsto en la Ley estatal 30/2022, que regula el sistema de gestión de la Política Agrícola Común. El texto justifica este cambio en la supuesta coincidencia de objetivos entre ambas normas y en la necesidad de evitar duplicidades normativas.

Lo que no se explica es por qué, cuando la laguna sigue sin recuperarse plenamente y muchas de las obligaciones de la ley autonómica continúan sin aplicarse, se opta por rebajar el nivel de exigencia y diluir la singularidad jurídica del Mar Menor en un marco general pensado para todo el territorio nacional.


Trabajadores de la Consejería de Medio Ambiente murciana retiran algas del Mar Menor.

Menos sanción, más margen para seguir cobrando ayudas

Uno de los cambios más relevantes afecta directamente al castigo económico por contaminar. La reforma del artículo 83.4 limita las sanciones accesorias vinculadas a la pérdida del derecho a subvenciones públicas.

Según la nueva redacción, la comisión de infracciones graves o muy graves podrá conllevar la pérdida de ayudas de la Comunidad Autónoma durante un máximo de dos años, y solo en relación con determinadas inversiones en las Zonas 1 y 2.

En la práctica, esto significa que una empresa sancionada por contaminar el Mar Menor no quedará automáticamente excluida del acceso a subvenciones públicas. Podrá seguir optando a ayudas fuera de esas zonas, a otras líneas de financiación autonómica, estatal o europea, y hacerlo además con un mayor margen de discrecionalidad administrativa.

La propia proposición reconoce que la ley autonómica era “más exigente que la legislación estatal” y justifica la reforma para otorgar mayor potestad al instructor del procedimiento sancionador, alineándose con la normativa nacional. En un contexto de aplicación desigual de la ley y de escasa eficacia inspectora, este giro supone una rebaja efectiva del castigo económico asociado al daño ambiental.

El relato del esfuerzo agrario y el silencio sobre los incumplimientos

La exposición de motivos dedica un apartado a ensalzar el “esfuerzo” del sector agrario durante los últimos cinco años, destacando inversiones en barreras vegetales, tecnologías de riego de precisión o mejoras en la gestión de estiércoles y purines. Ese esfuerzo se presenta como argumento suficiente para suavizar ahora el régimen sancionador.

Sin embargo, el texto omite cualquier referencia a los incumplimientos constatados, a la persistencia de aportes de nutrientes a la laguna o a la falta de controles efectivos. Tampoco incluye una evaluación pública del grado real de aplicación de la ley ni del impacto de las medidas adoptadas hasta ahora.

Una reforma sin balance y en el momento más oportuno

La iniciativa concluye asegurando que no tiene impacto económico y que no se han mantenido reuniones ni contactos con colectivos para su elaboración. No hay, en cambio, un balance riguroso de por qué, cinco años después, el Mar Menor sigue siendo un ecosistema frágil ni de por qué una ley concebida para protegerlo se modifica antes de haberse aplicado plenamente.

El hecho de que esta reforma se impulse en plena Navidad, con la atención mediática dispersa y la actividad institucional bajo mínimos, refuerza la lectura política de la iniciativa: cambiar la Ley del Mar Menor sin abrir un debate social profundo y sin asumir el coste de explicar por qué se rebaja su capacidad sancionadora.

En la práctica, la proposición del PP no corrige los incumplimientos de la ley: los normaliza. Y lo hace facilitando que empresas sancionadas por contaminar el Mar Menor puedan seguir accediendo a subvenciones públicas, debilitando uno de los pocos mecanismos con capacidad real de disuasión.


Fuente: RRNEWS

sábado, 20 de diciembre de 2025

La Plataforma Stop Biogás Los Camachos se concentró en Cartagena contra la macroplanta de biogas proyectada allí

 




     La Plataforma Ciudadana Stop Biogás Los Camachos – Cartagena – Mar Menor convocó a la ciudadanía a una concentración pública el pasado jueves 18 de diciembre, a las 10:00 horas, frente a la Sede de la Autoridad Portuaria de Cartagena, para exigir transparencia, acceso a la información pública y garantías legales y ambientales ante la cesión de suelo público destinada a la implantación de una macroplanta de biogás promovida por la empresa Heygaz en el Polígono Industrial de Los Camachos.

Falta de información y desvío de la finalidad del suelo público 

La Plataforma denunció que la Autoridad Portuaria de Cartagena habría cedido, o estaría tramitando la cesión, de parcelas de titularidad pública sin información suficiente, sin procesos claros de participación ciudadana y sin responder a las reiteradas solicitudes formales de reunión y acceso a la documentación registradas por ciudadanos y ciudadanas y colectivos sociales. 

En este contexto, el colectivo recordó que en 2022 SEPES vendió 276.000 m² de suelo a la Autoridad Portuaria por un precio simbólico de 10 €/m², muy por debajo de su valor real, precisamente porque el destino de esos terrenos era logístico y estratégico, en el marco del desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos. 

La posible implantación de una macroplanta de biogás, una actividad industrial y energética de alto impacto, desnaturaliza la finalidad pública que justificó dicha operación, compromete suelo estratégico y plantea serias dudas sobre la coherencia y legalidad del proceso.

Preguntas sin respuesta 

La Plataforma consideró que la ciudadanía tiene derecho a conocer: 

• Los contratos, convenios y acuerdos entre la Autoridad Portuaria y la empresa Heygaz. 

• Las condiciones económicas y administrativas de la cesión de suelo público. 

• Los criterios técnicos y estratégicos que justifican el cambio de uso de terrenos concebidos para fines logísticos. 

• Las relaciones empresariales y societarias vinculadas al proyecto. 

• Las razones por las que no se atienden las solicitudes formales de información y reunión.

Exigencias a la Autoridad del Puerto de Cartagena 

Como gestora de patrimonio público, la Autoridad Portuaria tiene la obligación de actuar con transparencia, publicidad y responsabilidad institucional. Por ello, esta Plataforma ciudadana exigió: 

• Publicación inmediata de toda la documentación vinculada al proyecto. 

• Paralización cautelar de cualquier cesión o concesión de suelo público. 

• Evaluación ambiental rigurosa, acumulativa e independiente, considerando los efectos sobre la cuenca del Mar Menor. 

• Garantías de que esta operación no antepone intereses privados al interés general. 

La Plataforma Stop Biogás los Camachos-Cartagena-Mar Menor hizo un llamamiento a vecinas y vecinos, organizaciones sociales, colectivos profesionales y medios de comunicación para defender la legalidad, la transparencia y el interés general, porque Cartagena no puede permitirse operaciones opacas sobre su suelo público y el Mar Menor no admite más presiones ni decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía.












miércoles, 17 de diciembre de 2025

Concentración en Cartagena de la Plataforma Stop Biogás Los Camachos

 



     La Plataforma Ciudadana Stop Biogás Los Camachos – Cartagena – Mar Menor convoca a la ciudadanía a una concentración pública el jueves 18 de diciembre, a las 10:00 horas, frente a la Sede de la Autoridad Portuaria de Cartagena, para exigir transparencia, acceso a la información pública y garantías legales y ambientales ante la cesión de suelo público destinada a la implantación de una macroplanta de biogás promovida por la empresa Heygaz en el Polígono Industrial de Los Camachos.




Falta de información y desvío de la finalidad del suelo público 

La Plataforma denuncia que la Autoridad Portuaria de Cartagena habría cedido, o estaría tramitando la cesión, de parcelas de titularidad pública sin información suficiente, sin procesos claros de participación ciudadana y sin responder a las reiteradas solicitudes formales de reunión y acceso a la documentación registradas por ciudadanos y ciudadanas y colectivos sociales. 

En este contexto, el colectivo recuerda que en 2022 SEPES vendió 276.000 m² de suelo a la Autoridad Portuaria por un precio simbólico de 10 €/m², muy por debajo de su valor real, precisamente porque el destino de esos terrenos era logístico y estratégico, en el marco del desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos. 

La posible implantación de una macroplanta de biogás, una actividad industrial y energética de alto impacto, desnaturaliza la finalidad pública que justificó dicha operación, compromete suelo estratégico y plantea serias dudas sobre la coherencia y legalidad del proceso.

Preguntas sin respuesta 

La Plataforma considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer: 

• Los contratos, convenios y acuerdos entre la Autoridad Portuaria y la empresa Heygaz. 

• Las condiciones económicas y administrativas de la cesión de suelo público. 

• Los criterios técnicos y estratégicos que justifican el cambio de uso de terrenos concebidos para fines logísticos. 

• Las relaciones empresariales y societarias vinculadas al proyecto. 

• Las razones por las que no se atienden las solicitudes formales de información y reunión.

Exigencias a la Autoridad del Puerto de Cartagena 

Como gestora de patrimonio público, la Autoridad Portuaria tiene la obligación de actuar con transparencia, publicidad y responsabilidad institucional. Por ello, esta Plataforma ciudadana exige: 

• Publicación inmediata de toda la documentación vinculada al proyecto. 

• Paralización cautelar de cualquier cesión o concesión de suelo público. 

• Evaluación ambiental rigurosa, acumulativa e independiente, considerando los efectos sobre la cuenca del Mar Menor. 

• Garantías de que esta operación no antepone intereses privados al interés general. 

Por los motivos expuestos esta plataforma convoca a una concentración ciudadana en la Sede de la Autoridad portuaria de Cartagena.




La concentración tendrá lugar: 

Día: Jueves, 18 de diciembre de 2025 

Hora: 10:00 horas 

Lugar: Plaza Héroes de Cavite. Frente a la sede de la Autoridad Portuaria de Cartagena.   

La Plataforma Stop Biogás los Camachos-Cartagena-Mar Menor hace un llamamiento a vecinas y vecinos, organizaciones sociales, colectivos profesionales y medios de comunicación para defender la legalidad, la transparencia y el interés general, porque Cartagena no puede permitirse operaciones opacas sobre su suelo público y el Mar Menor no admite más presiones ni decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía.