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lunes, 23 de febrero de 2026

Más sobre Morir sobreviviendo en el campo murciano (II)

 



Sigue la tragedia con multitud de cómplices y conniventes. Tras el artículo publicado en días pasados sigue la misma empresa con prácticas de fumigación que son dañinas para las personas. En la pedanía de Comala, municipio de Molina de Segura. Sin EPIs (Equipos de Protección Individual) ni para quienes aplican los productos fitosanitarios, ni para quienes están indebidamente e ilegalmente cerca, respirando todo eso, e impregnado sus ropas y sus pieles con las sustancias tóxicas.




Una empresa que compagina los negocios de energías renovables y la actividad agrícola, muy cercana a un famosísimo desguace con estándares europeos, situado en la A-30, envenena conscientemente a las cuadrillas que trabajan sus fincas, fumigando en el mismo espacio y tiempo, con productos altamente tóxicos. La diferencia con hace unos días es que, mientras tanto, una persona trabajadora S.A.M. tuvo que ser atendida, el pasado 12 de febrero, por síntomas muy evidentes de intoxicación en el Centro de Salud de Archena.

De ahí fue remitida al Hospital Morales Meseguer, de Murcia, para su hospitalización para abordar intoxicación generalizada e intervención quirúrgica y un gran “abceso” fruto de la sobreexposición al agente contaminante. Esta persona ha sido dada de alta hospitalaria para seguir un proceso de curación y desintoxicación que se estima de dos semanas, mientras que la baja médica será, al menos, de poco más de un mes. El resto de personas trabajadoras observa diversos síntomas propios de ese “gaseamiento”: tos, rinitis en ojos y nariz, adormecimiento de senos faciales y nasales, lengua y labios, dificultad respiratoria…

Repetimos: NO son nada buenas las condiciones de trabajo y de vida de quienes venden su fuerza de trabajo para sobrevivir. Incluso aguantan graves riesgos laborales, de seguridad y salud, desde el silencio impotente, en aras de conseguir el dinero necesario para cuidar a sus familias, aunque se cuiden menos esas personas. Y la complicidad silenciosa o la connivencia consciente de los entornos laborales e institucionales. Es urgente humanizar mucho más la vida y el trabajo, cuidando y protegiendo a quienes riegan nuestros campos con su sudor y los levantan con sus manos.




Estaría muy bien que las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, la inspección de trabajo, los distintos entes gubernamentales (local, autonómico y central), así como los sindicatos, las iglesias de las diversas confesiones, el periodismo humano,…entre otros ámbitos se implicaran más y mejor para atajar esta tragedia incalificable y dejaran de mirar para otro lado. Nos estamos dirigiendo a todos ellos.

INSISTIMOS: Van a trabajar a los campos murcianos los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: personas migrantes, personas gitanas y otros sectores con vidas precarias y al límite.

PERSONAS. Esos sectores que sostienen la producción, la distribución, incluso el consumo y los cuidados imprescindibles para que siga funcionando la vida, tal como la conocemos. Y además, cabe apuntar el alto porcentaje de mujeres valientes y resilientes que sostienen esos sectores de la economía.

Mujeres realmente existentes, invisibles, hormigas laboriosas que cargan responsabilidades familiares aquí y desde aquí. ¡Ya basta! Tenemos una comunidad murciana, recordamos, con una alta cantidad de coches de alta gama, gracias a la riqueza que se les extrae habitualmente a todas estas personas. Y muchísimos comercios de ropa de celebraciones. Y familiares que estudian en el extranjero, o en universidades privadas, embarcaciones de recreo de cierta gama, motos de agua,…Y tantas otras muestras que conectan con la creciente desigualdad y obscenidad deshumanizadora.

¡Cuánta falta de respeto, cuánta falta de humanidad, cuánta deshumanización! ¡Cuánta psicopatía, cuánta depredación, cuánta indignación! Y como agravante, podemos relatar que tales hechos han sido comunicados detalladamente a diversas autoridades competentes (¿?), del inisterio de Trabajo, del Ministerio del Interior, a Emergencias 112,… sin mucho éxito. Incluso, recordamos, en la Inspección de Trabajo, se han limitado a comentar que no son competentes en el caso. Nos ha quedado claro que no son competentes.

Llama poderosamente la atención, ya que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ostenta competencias clave en prevención de riesgos laborales (PRL), como Requerimientos y Paralización: Ordenar la adopción de medidas inmediatas y paralizar actividades ante riesgos inminentes. Nos asaltan las dudas sobre la actitud y la aptitud de quien nos ha atendido. La cuestión no es que se no se hayan facilitado EPIs (Equipos de Protección Individual) a las personas trabajadoras “fumigadoras” y “clareadoras” que están en medio de donde se está fumigando indebidamente, sino que hay un riesgo inminente de intoxicación grave, que se está produciendo. ¿Qué más tiene que pasar para que se actúe como se merece este asunto? Nos gustaría mucho que las burocracias sindicales, por otro lado, salen de su letargo acomodaticio camaleónico,…y otras fuerzas actoras y vectoras somos capaces de construir herramientas de resistencia y ayuda mutua, de solidaridad obrera, ante la superexplotación inhumana, ante el irrespeto muy grave a los derechos humanos y el incumplimiento de las leyes, que certifican el vaciamiento del Estado de Derecho.



miércoles, 11 de febrero de 2026

Morir sobreviviendo en el campo murciano

 



     No son nada buenas las condiciones de trabajo y de vida de quienes venden su fuerza de trabajo para sobrevivir. Incluso aguantan graves riesgos laborales, de seguridad y salud, desde el silencio impotente, en aras de conseguir el dinero necesario para cuidar a sus familias, aunque se cuiden menos esas personas.

Alguien dijo que cuidar es querer, y querer es cuidar.

Seguramente necesitamos humanizar mucho más la vida y el trabajo, porque ahora está muy deshumanizado, tratando a las personas sólo como “mano de obra”, como “recursos humanos”, como algo cosificado.

No es un secreto que van a trabajar a los campos murcianos los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: personas migrantes, personas gitanas y otros sectores con vidas precarias y al límite. Esos sectores que sostienen la producción, la distribución, incluso el consumo y los cuidados imprescindibles para que siga funcionando la vida, tal como la conocemos.


Melocotoneros en flor.

Esos sectores que son demonizados por los enemigos de la humanidad y de la libertad.

Aunque paradójicamente apelan a la España “Cristiana” en su cruzada anacrónica contra quienes definen como “enemigos”, para defender a sus amos: los millonarios, los nuevos señores tecnofeudales, los fondos buitres de inversión, y otras criaturas psicópatas y sociópatas.

Han leído poco al Papa Francisco. Incluso, han leído poco. No tienen en cuenta aquello de “amarás a tu prójimo”, “amaos los unos a los otros como yo os he amado”. Eso sería una España más cristiana, desde luego.

La idea de España “cristiana” (instrumental) que algunos (demasiados) practican consiste en ir los viernes o sábados a las casitas de las luces, pero el domingo ir con la esposa y las criaturas a comulgar a misa de 12. O desnaturalizar “folklóricamente” celebraciones religiosas, en formas de fiestas turísticas, con mucho alcohol y otras sustancias, a tope.

Tenemos una comunidad murciana, con un alto ranking de coches de alta gama, gracias a la riqueza que se le expropia habitualmente a quienes riegan nuestras tierras con su sudor y las levantan con sus manos.

Como ejemplo trágico, en estos días, en Molina de Segura, pedanía de Comala, una empresa que compagina los negocios de energías renovables y la actividad agrícola, muy cercana a un famosísimo desguace con estándares europeos, envenena conscientemente a las cuadrillas que trabajan sus fincas, fumigando en el mismo espacio y tiempo, con productos altamente tóxicos.


Paleras en Comala.

¡Cuánta falta de respeto, cuánta falta de humanidad, cuánta deshumanización! ¡Cuánta psicopatía, cuánta depredación, cuánta indignación!

Y como agravante, podemos relatar que tales hechos han sido comunicados detalladamente a diversas autoridades competentes (¿?),del Ministerio de Trabajo, del Ministerio del Interior, a Emergencias 112,…sin mucho éxito.

Incluso en la Inspección de Trabajo, se han limitado a comentar que no son competentes en el caso. Nos ha quedado claro que no son competentes.

Sólo que se les ha pasado el detalle que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ostenta competencias clave en prevención de riesgos laborales (PRL), como Requerimientos y Paralización: Ordenar la adopción de medidas inmediatas y paralizar actividades ante riesgos inminentes. Nos asaltan las dudas sobre la actitud y la aptitud de quien nos ha atendido.

La cuestión no es que se no se hayan facilitado EPIs (Equipos de Protección Individual) a las personas trabajadoras “clareadoras” que están en medio de donde se está fumigando indebidamente, sino que hay un riesgo inminente de intoxicación grave, que se está produciendo.

¿Tenemos que esperar a que se produzcan daños más graves, con ingresos en emergencias hospitalarias de alguien para que entonces se muevan las autoridades competentes?

A ver si las burocracias sindicales, por otro lado, salen de su letargo acomodaticio camaleónico,…y otras fuerzas actoras y vectoras somos capaces de construir herramientas de resistencia y ayuda mutua ante la superexplotación inhumana, ante el irrespeto muy grave a los derechos humanos y el incumplimiento de las leyes, que certifican el vaciamiento del Estado de Derecho.

¡En Pie! ¡No más precariedad!


viernes, 6 de febrero de 2026

HOY, VIERNES 6 DE FEBRERO | 19:00 h - MANIFESTACIÓN EN MURCIA

 

Por las personas más vulnerables, las precarias, las pensionistas, las que mo pueden pagar un alquiler, las que no llegan a final de mes...





🏠  Por el derecho a una vivienda digna en la Región de Murcia.

🛑 Por la moratoria de los desahucios.

💶 Por la subida de las pensiones.

💡 Por mantener la prohibición de cortar suministros a las familias vulnerables.

❌ Contra el proyecto de vivienda del Gobierno regional.


📍 Salida: Delegación del Gobierno de Murcia

📍 Llegada: Palacio de San Esteban


📣 Acude y movilízate. Esta tarde a las 7, Murcia en la calle.

¡Nos jugamos derechos básicos! 

martes, 20 de enero de 2026

"Después de 20 años, nos empujan a irnos": el conflicto laboral que sacude a Agromediterránea en Torre Pacheco (Región de Murcia)

 

      Periodista y redactor de las noticias de agua, agricultura y medio ambiente del diario La Opinión DE MURCIA.

UGT anuncia acciones judiciales contra la modificación de las condiciones laborales que afecta a 80 personas, en su mayoría mujeres migrantes

     La protesta a las puertas de las instalaciones de la empresa Espace Tecno Agrícola, en Torre Pacheco, no es un estallido aislado. Detrás de las concentraciones diarias de decenas de trabajadoras hay años de precariedad larvada, contratos inestables y decisiones empresariales que, según denuncian los sindicatos, han terminado por empujar a muchas familias al límite. La empresa, cuya matriz es Agromediterránea, una de las compañías más relevantes del sector hortofrutícola en la Región de Murcia, se enfrenta ahora a un conflicto colectivo que amenaza con judicializarse y que vuelve a poner el foco en la situación de las mujeres migrantes en el campo murciano.


Algunas de las mujeres concentradas este lunes frente a la empresa Agromediterránea en Torre Pacheco.

Según explica Getsemaní Alcaraz, asesor sindical de UGT, el origen del conflicto está en el uso continuado del contrato fijo discontinuo en una actividad que durante años fue prácticamente constante. En su opinión, cuando apenas existían interrupciones en la producción, lo que correspondía era la contratación indefinida ordinaria, especialmente en el trabajo de almacén, que aportaba una estabilidad clave a la plantilla. Sin embargo, la empresa optó por mantener ese modelo de contratación flexible.

El problema se agravó hace aproximadamente tres años, cuando parte del trabajo que se realizaba en el almacén fue trasladado al campo. Ese cambio organizativo redujo de forma notable las horas efectivas de trabajo de los fijos discontinuos. En 2025, la actividad apenas alcanza, según el sindicato, al 50% de la plantilla. "Un fijo discontinuo, cuando se le acaba la prestación por desempleo y no hay llamamiento, se queda sin ningún ingreso", destaca Alcaraz, que califica la situación de "dramática".

En ese contexto, la empresa ha iniciado un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que afecta, en principio, a unas 80 personas de un censo total de 220. La medida supone el traslado obligatorio de trabajadoras del almacén al campo. UGT sostiene que esta vía se ha elegido para evitar un expediente de regulación de empleo y abaratar costes. "No se cobra lo mismo en el almacén que en el campo, ni se trabaja en las mismas condiciones", señala el asesor sindical, que recuerda que se trata de convenios distintos y con peores condiciones salariales y laborales en el régimen agrario.

Para UGT, la empresa está utilizando una herramienta legal con un objetivo claro: reducir indemnizaciones y forzar salidas. En un procedimiento de este tipo, la compensación máxima es de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. "Una persona con 20 años de antigüedad se puede quedar, como mucho, en unos 17.000 euros", explica Alcaraz, que considera que se está "enmascarando un despido colectivo" bajo la apariencia de un traslado.

El periodo de consultas se ha cerrado con el apoyo de Comisiones Obreras y del sindicato Redes, que suman mayoría en el comité de empresa, pero sin el respaldo de UGT. El sindicato ha anunciado que impugnará el acuerdo en los tribunales como conflicto colectivo. A su juicio, la negociación no ha sido real ni se han aportado todos los datos necesarios. "La empresa dice que no hay trabajo, pero sí lo hay: lo que ha hecho es deslocalizarlo del almacén al campo", sostiene Alcaraz.

Las protestas

Mientras tanto, las trabajadoras afectadas han decidido visibilizar su situación con concentraciones diarias a las puertas de la empresa. En los carteles se podía leer: 'No somos números, somos personas' o 'Basta de mentiras, no al ERE encubierto'. Muchas de ellas llevan entre 10 y más de 20 años en la plantilla. Ramah El Farh, una de las empleadas que participa en la protesta, explica que el malestar surge porque "llevamos mucho tiempo sin trabajar y ahora la empresa quiere mandarnos al campo". Ella misma acumula 18 años de antigüedad como envasadora y asegura que lo que reclaman es "nuestro derecho completo", es decir, una indemnización acorde a los años trabajados o el mantenimiento de las condiciones laborales anteriores.

La protesta, que reúne a unas 45 personas, se mantiene pese a la falta de respuesta de la empresa. Según las trabajadoras, nadie de la dirección se ha puesto en contacto con ellas desde que comenzaron las movilizaciones. Tampoco, por ahora, han sufrido amenazas directas, aunque el miedo ha ido dejando paso al hartazgo. "Hay gente que ha tenido que ir a la Cruz Roja para poder comer", denuncia Alcaraz, que describe una estrategia empresarial de desgaste: no dar trabajo efectivo hasta que la persona se canse y se marche.

Mujeres migrantes


Mujeres concentradas frente a la empresa Agromediterránea en Torre Pacheco.

El conflicto tiene, además, una clara dimensión de género y origen. Según UGT, alrededor del 80% de las personas afectadas son mujeres de origen árabe. Para el sindicato, no es un dato menor. "Estamos en un sector muy precarizado, con poco conocimiento de los derechos laborales. Las empresas se aprovechan de esa vulnerabilidad: reunión con recursos humanos, firma aquí y se acabó", afirma el asesor sindical. El traslado al campo, además, abre la puerta a cambios de centro de trabajo incluso a otras provincias, una circunstancia difícilmente asumible para mujeres con cargas familiares y redes de apoyo limitadas.


Fuente: La Opinión DE MURCIA

jueves, 3 de abril de 2025

El 5 de abril, nueva fecha clave para que la vivienda deje de ser un negocio

 

 Por Martín Cúneo   
      Desde Diagonal en El Salto. Coautor del libro 'Crónicas del estallido'.


Más de 40 ciudades de todo el estado español salen a la calle este sábado para pedir a los gobiernos que salgan de su parálisis y garanticen el derecho a la vivienda.





     Este abril se cumple un año del inicio del ciclo de protestas que ha tenido como eje inseparable la denuncia de los efectos de la turistificación y la crisis de la vivienda. Una nueva gran manifestación, más de 40 en realidad, tendrá lugar de forma simultánea a lo largo de este 5 de abril y de todo el territorio español, todas con un mismo objetivo: “Acabar con el negocio de la vivienda”.


Carteles que llenan ciudades como Málaga convocando a la protesta del próximo sábado, 5 de abril.

Este ciclo de movilización comenzó el 10 de abril de 2024 con una huelga de hambre y con una multitudinaria manifestación en las Islas Canarias diez días después. Le siguieron la manifestación del 25 de mayo en Baleares —más de 20.000 personas en Palma de Mallorca— y protestas multitudinarias en buena parte de la ciudades y zonas tensionadas por los altos precios de la vivienda y la turistificación. En Cantabria, ese mismo mayo de 2024, más de 8.000 personas reclamaban que su tierra no se convirtiera en “la Ibiza del norte”. En Málaga, Madrid, San Sebastián o Valencia ya se habían producido movilizaciones antes del verano centradas en la presión turística y sus consecuencias en el territorio y en la crisis de vivienda.


Foto de David F.

Después del verano llegaron las grandes manifestaciones, esta vez más focalizadas en los altos precios de la vivienda, pero con la demanda de la regulación de los pisos turísticos de fondo. En Madrid y Barcelona, el 13 de octubre y el 23 de noviembre, se reunieron varios cientos de miles de personas; y en Málaga, el 9 de noviembre, se juntaron más de 30.000 personas. Después de un 9F en Madrid que consiguió mantener la tensión, este sábado llega un nuevo momento clave en la lucha para pinchar la crisis de vivienda.




Las manifestaciones de este 5 de abril están convocadas por cientos de colectivos y plataformas locales que forman parte del movimiento de vivienda. Aunque los grandes sindicatos estatales y otras organizaciones sociales han mostrado su apoyo a la convocatoria, el protagonismo lo tienen en esta ocasión las asambleas y organizaciones que trabajan de forma específica el tema de la vivienda.




Uno de los principales impulsores de esta movilización, además de las asambleas de vivienda locales, son los sindicatos de inquilinos. Para estas organizaciones, los “precios desorbitados” de los alquileres se han convertido en “la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda”. Una situación que es “aún más grave” en las ciudades turísticas, donde “los alquileres de temporada y el modelo turístico expulsan a las vecinas de sus barrios y precarizan a las trabajadoras del sector”.


Piquetes de los sindicatos de inquilinos.

La imposibilidad de “construir proyectos de vida” por los altos precios, así como el “enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad” y “la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria” son las principales causas, según estos sindicatos, de la “indignación social” y el “consenso de que la vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho”.




Entre las demandas para este 5A destacan una bajada del 50% de los alquileres, contratos de alquiler indefinidos, el fin de la vivienda especulativa, la desarticulación de los grupos de desokupación, el aumento del parque público y la recuperación de vivienda vacías, turísticas y en alquiler de temporada. Otra de las reivindicaciones es el fin de los procesos penales y de criminalización contra el movimiento de vivienda y contra las personas que no tienen otra opción que ocupar para tener un techo.


El 21 de noviembre, activistas por el derecho a la vivienda empapelan una oficina de Alquiler Seguro para denunciar que se está saltando la Ley de Vivienda.

En qué momento llega el 5A

Por cuarto mes consecutivo, este marzo la vivienda ha repetido como primer problema de la sociedad española, según el Barómetro del CIS. La respuesta del gobierno central y de las autoridades autonómicas y municipales ha estado muy por detrás de las demandas expresadas en las calles. La aplicación de los topes al alquiler que incluye la ley de vivienda solo se han implementado por ahora en Catalunya a pesar de los preparativos y anuncios de que se iban a comenzar a aplicar en Asturias, Navarra y País Vasco. Desde el 25 de enero pasado, Errentería (Gipuzkoa) es oficialmente zona tensionada —y hay otros municipios vascos que lo han solicitado o lo van a solicitar—, pero por ahora en ellos no se puede aplicar la regulación porque no está aprobado el índice de referencia que debe regular el precio de los alquileres. Este índice lo tiene que realizar el Gobierno central, pero necesita de datos fiscales y catastrales que deben suministrar las haciendas forales.




Frente a las demandas de las movilizaciones contra el desborde de los alquileres turísticos, de temporada y de habitaciones, el Ministerio de Vivienda liderado por Isabel Rodríguez se limitó a lanzar un registro único de alquileres de corta duración, que entrará en vigor en julio de 2025 y una prohibición de la Golden Visa inmobiliaria, que entra en vigor este 3 de abril, casi un año después de haber sido anunciada, permitiendo en este tiempo una explosión de compras por parte de capitales extranjeros.




Dos días antes de las manifestaciones, este 3 de abril, entran en vigor también otras dos medidas del Gobierno central en materia de vivienda, dos de las pocas iniciativas que se han llegado a concretar desde el lanzamiento de la fallida ley de vivienda en mayo de 2023. La primera es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que obliga a los propietarios a tener el visto bueno del 60% de la comunidad de vecinos para abrir una vivienda de uso turístico. La segunda es la modificación de ley de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar los procesos de desahucio en algunos casos de ocupación.




La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal afectará solo a las nuevas licencias que se tramiten legalmente después de este 3 de abril. Es decir, no influirá en las miles de licencias ya concedidas ni en las decenas de miles de pisos que operan de forma ilegal. Aún así, desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) consideran la medida como “todo un éxito del movimiento vecinal”. A partir de ahora, explican en un comunicado, el propietario que desee abrir un piso turístico está obligado a pedir el permiso de la comunidad de vecinos y a obtener la “aprobación expresa” de las tres quintas partes del total de los propietarios.




Para garantizar el cumplimiento de esta ley, la FRAVM lanzó este 1 de abril la Red Stop Vivienda de Uso Turístico, una campaña para informar a las comunidades de vecinos de los nuevos derechos adquiridos y para exigir a las autoridades autonómicas y municipales el cumplimiento de la ley. Una colaboración que no hay que dar por hecho: el pasado 24 de marzo el Ministerio de Pablo Bustinduy entregó al Ayuntamiento una lista de los 15.000 pisos turísticos ilegales que operan en Madrid. La falta de respuesta y de compromiso por parte del Consistorio para acabar con los pisos turísticos ilegales ha llevado a Más Madrid a planear una denuncia contra José Luis Martínez Almeida por “inacción” y prevaricación. “Su empeño en gobernar para los fondos buitres, no puede estar por encima de la ley”, dicen desde el partido de la oposición.




Este 3 de abril también entra en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal presentada por el PNV y aprobada el 14 de noviembre con el apoyo de PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, y el voto accidental de Bildu, por el que pidió perdón poco después. Los portales inmobiliarios y los medios de derecha han augurado a partir de esta fecha “el fin de los okupas”, un “palo a los okupas” o “juicios express para desalojar okupas”. Titulares que no coinciden con la letra de la enmienda aprobada y que entra en vigor este jueves.

Esta enmienda del PNV modifica el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de usurpación de morada (artículo 245 del Código Penal) y de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal), que pasarán a tramitarse por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales, lo que en teoría permitirá agilizar los desahucios.


Movilización masiva para impedir el desahucio de Josep de la Casa Orsona el pasado 31 de enero.

Sin embargo, tal como recuerda el abogado Diego Redondo García, cuando entre en vigor la nueva reforma, “solo habrá juicio rápido para los supuestos del apartado primero del artículo 245 del Código Penal que son los que se producen con violencia o intimidación sobre las personas”, unos casos completamente minoritarios en el total de ocupaciones que se producen en el Estado español. Según explica a El Salto, la mayoría de los casos de ocupación se realizan en pisos vacíos de bancos, fondos de inversión y grandes propietarios, que no son primera ni segunda residencia, por lo que no se verían afectados por esta reforma.

Más allá de la eficacia de esta medida, la entrada en vigor de una ley que focaliza el problema de la vivienda en la ocupación recuerda una vez más la composición de derecha del Parlamento que salió de las últimas elecciones generales. La entrada en el Congreso, esta vez con el voto favorable del PSOE, de la proposición de ley de Junts para convertir en cautelares buena parte de los desahucios en casos de ocupación vuelve a confirmarlo.




El próximo 5 de abril, cientos de miles de personas en más de 40 ciudades recordarán al PSOE y a los partidos de arco de la derecha que la culpa de la crisis de la vivienda no la tienen los pobres sino aquellos que han convertido la vivienda en un negocio.


En Lloret de Mar, uno de los municipios más turísticos del Estado español, la extrema derecha obtiene uno de cada cinco votos.

Fuente: El Salto