Corresponsal
de EL PAÍS en la Región de Murcia, donde escribe sobre la
actualidad política, social y medioambiental.
El
principal investigado está actualmente en prisión por delitos
similares cometidos en Albacete
Trabajaban
en el campo en turnos las 24 horas del día, descansaban hacinados en
pequeñas habitaciones con colchones en el suelo y cocinaban y comían
en unas instalaciones completamente
insalubres y llenas de suciedad. Es el infierno del que la
Policía Nacional ha rescatado a 65 personas, en su mayoría
procedentes de India y Nepal, que trabajaban en condiciones
de semiesclavitud para una empresa agrícola del municipio
murciano de Ulea.
Una de las habitaciones donde dormían quienes trabajaban en condiciones de semiesclavitud.
El
propietario de la empresa y supuesto cabecilla de esta trama
de explotación laboral está actualmente cumpliendo prisión
por otros delitos similares cometidos con otra empresa en la
provincia de Albacete. La Policía ha detenido además a otras cinco
personas, tres de las cuales han sido enviadas a prisión provisional
por estos hechos.
Los
ciudadanos liberados se encontraban en situación irregular en
España, y los detenidos aprovechaban esa situación de extrema
vulnerabilidad para explotarlos y obligarlos a trabajar en
condiciones absolutamente infrahumanas, según destacadas fuentes de
la investigación, que se inició el pasado mes de septiembre de 2025
en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Murcia y del Operativo EMPACT de Europol.
Según
ha desvelado la investigación policial, estos inmigrantes
irregulares eran explotados “bajo unas condiciones totalmente
precarias y abusivas”, obligados a trabajar las 24 horas del día
en diferentes turnos, y “algunos a unas condiciones indignas e
inhumanas”.
Estas
personas pasaban todo el tiempo en la finca agrícola en el término
municipal de Ulea, una localidad de apenas 1.000 habitantes en el
Valle de Ricote, en el interior de la Región de Murcia. En las
instalaciones agrícolas se habían habilitado unas estancias que la
Policía calificaba de “insalubres” en las que los ahora
liberados descansaban hacinados, se aseaban o comían.
Las
imágenes facilitadas por la Policía muestran colchones ocupando
todo el suelo de las estancias, sobre los cuales se apilan mantas y
efectos personales de las personas explotadas, así como pequeños
electrodomésticos de cocina con mucha suciedad.
Los
cinco detenidos en esta operación están acusados de delitos
de contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento
de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.
En
cuanto a las personas liberadas, según han explicado a EL PAÍS
fuentes de la investigación, buena parte de ellos han sido derivados
a diferentes ONG y asociaciones que trabajan con migrantes en
situación irregular con el objetivo de darles apoyo, facilitar su
integración en el país y ayudarles a llevar a cabo los trámites
para regularizar su situación. No existe un protocolo único
para este
tipo de casos con víctimas de explotación laboral , sino
que cuando se lleva a cabo una operación de este tipo, la Brigada de
Extranjería estudia la situación de cada uno de los afectados, su
posible arraigo familiar o las posibilidades de ofrecerles una salida
legal en el país.
Para
Gerardo Medina, secretario general del área de Industria y
Agricultura de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, los casos
de explotación laboral a personas en situación irregular en el
campo murciano que son detectados y que salen a la luz son solo “la
punta del iceberg” de un problema mucho más amplio. Los datos
oficiales sobre economía sumergida apuntan a que esta ronda entre el
20% y el 22% en el sector del campo en la Región de Murcia, por
encima del 17% que de media tiene la economía en esa comunidad
autónoma, debido en parte a la enorme vulnerabilidad de los
trabajadores. “Son personas que quieren trabajar a toda costa y se
ven engañados en un país que desconocen y en el que, por pésimas
que sean las condiciones, pueden considerarlas mejores que en sus
países de origen”, ha lamentado.
En
estos casos extremos, el representante sindical ha advertido de que
se suman otros en los que las empresas sí tienen datos de alta
legalmente a trabajadores de origen extranjero, pero “aunque las
contrataciones son legales, luego pagan por debajo del salario mínimo
interprofesional, imponen jornadas de más de 12 horas, no respetan
los descansos o no facilitan el transporte hasta las fincas”, entre
otras irregularidades, por lo que ha subrayado la necesidad de
aportar más recursos para inspeccionar este tipo de empresas.
Fuente:
EL
PAÍS
