El detenido por explotar a nepalíes en Ulea es un «magnate» de la inmigración irregular

 

 Por Raúl Hernández   

     Redactor multimedia de La Verdad.

La Policía Nacional sitúa al empresario como una figura relevante en las redes de la economía sumergida

     Fue el olor constante a cebolla lo que provocó las denuncias de los vecinos de una zona rural de Ulea. Además, llevaban tiempo alertando de una actividad ininterrumpida en una finca agrícola donde, según decían, se trabajaba día y noche sin descanso. Aquellas quejas vecinales fueron el primer hilo del que tiraron los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Murcia.

Un agente en la finca de Ulea donde eran explotados laboralmente los jornaleros de Nepal y otras nacionalidades.

Las vigilancias confirmaron un trasiego constante de furgonetas, entrada y salida de mercancía y jornadas que no se detenían ni de madrugada. Lo que no se sabía entonces era que cerca del 90% de los 65 trabajadores que fueron liberados carecían de documentación regularizada y que la mayoría procedía de Nepal. En la finca vivían en condiciones insalubres, entre basura y colchones viejos tirados en el suelo en un inmueble donde eran hacinados al finalizar su jornada laboral.

Quienes los vigilaban eran ciudadanos pakistaníes, un colectivo que comparte lengua con los primeros, algo que facilitaba el control y la comunicación dentro de la finca. Los investigadores tratan ahora de reconstruir cómo llegaron a España y quién costeó esos desplazamientos.

La operación avanzó por fases. En un primer momento, fueron detenidos tres intermediarios que actuaban como capataces, dos pakistaníes y un rumano. El último en caer fue el empresario, de origen pakistaní, que dirigía el entramado, considerado por los investigadores como el jefe de la organización, con varios inmuebles a su nombre y considerado un «magnate» dentro del entramado de la inmigración irregular y la economía sumergida, según fuentes cercanas a la investigación.

Estaba ya en prisión

En la finca y en varios domicilios se incautó de abundante documentación, que está siendo analizada.

La actuación se enmarca en un dispositivo contra la trata con fines de explotación laboral coordinado con Europol y con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La causa sigue abierta a la espera de nuevas actuaciones judiciales sobre los propietarios de la finca y los arrendadores de la nave.

Fuente: La Verdad