UGT anuncia acciones judiciales contra la modificación de las condiciones laborales que afecta a 80 personas, en su mayoría mujeres migrantes
La protesta a las puertas de las instalaciones de la empresa Espace Tecno Agrícola, en Torre Pacheco, no es un estallido aislado. Detrás de las concentraciones diarias de decenas de trabajadoras hay años de precariedad larvada, contratos inestables y decisiones empresariales que, según denuncian los sindicatos, han terminado por empujar a muchas familias al límite. La empresa, cuya matriz es Agromediterránea, una de las compañías más relevantes del sector hortofrutícola en la Región de Murcia, se enfrenta ahora a un conflicto colectivo que amenaza con judicializarse y que vuelve a poner el foco en la situación de las mujeres migrantes en el campo murciano.
Según explica Getsemaní Alcaraz, asesor sindical de UGT, el origen del conflicto está en el uso continuado del contrato fijo discontinuo en una actividad que durante años fue prácticamente constante. En su opinión, cuando apenas existían interrupciones en la producción, lo que correspondía era la contratación indefinida ordinaria, especialmente en el trabajo de almacén, que aportaba una estabilidad clave a la plantilla. Sin embargo, la empresa optó por mantener ese modelo de contratación flexible.
El problema se agravó hace aproximadamente tres años, cuando parte del trabajo que se realizaba en el almacén fue trasladado al campo. Ese cambio organizativo redujo de forma notable las horas efectivas de trabajo de los fijos discontinuos. En 2025, la actividad apenas alcanza, según el sindicato, al 50% de la plantilla. "Un fijo discontinuo, cuando se le acaba la prestación por desempleo y no hay llamamiento, se queda sin ningún ingreso", destaca Alcaraz, que califica la situación de "dramática".
En ese contexto, la empresa ha iniciado un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que afecta, en principio, a unas 80 personas de un censo total de 220. La medida supone el traslado obligatorio de trabajadoras del almacén al campo. UGT sostiene que esta vía se ha elegido para evitar un expediente de regulación de empleo y abaratar costes. "No se cobra lo mismo en el almacén que en el campo, ni se trabaja en las mismas condiciones", señala el asesor sindical, que recuerda que se trata de convenios distintos y con peores condiciones salariales y laborales en el régimen agrario.
Para UGT, la empresa está utilizando una herramienta legal con un objetivo claro: reducir indemnizaciones y forzar salidas. En un procedimiento de este tipo, la compensación máxima es de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. "Una persona con 20 años de antigüedad se puede quedar, como mucho, en unos 17.000 euros", explica Alcaraz, que considera que se está "enmascarando un despido colectivo" bajo la apariencia de un traslado.
El periodo de consultas se ha cerrado con el apoyo de Comisiones Obreras y del sindicato Redes, que suman mayoría en el comité de empresa, pero sin el respaldo de UGT. El sindicato ha anunciado que impugnará el acuerdo en los tribunales como conflicto colectivo. A su juicio, la negociación no ha sido real ni se han aportado todos los datos necesarios. "La empresa dice que no hay trabajo, pero sí lo hay: lo que ha hecho es deslocalizarlo del almacén al campo", sostiene Alcaraz.
Las protestas
Mientras tanto, las trabajadoras afectadas han decidido visibilizar su situación con concentraciones diarias a las puertas de la empresa. En los carteles se podía leer: 'No somos números, somos personas' o 'Basta de mentiras, no al ERE encubierto'. Muchas de ellas llevan entre 10 y más de 20 años en la plantilla. Ramah El Farh, una de las empleadas que participa en la protesta, explica que el malestar surge porque "llevamos mucho tiempo sin trabajar y ahora la empresa quiere mandarnos al campo". Ella misma acumula 18 años de antigüedad como envasadora y asegura que lo que reclaman es "nuestro derecho completo", es decir, una indemnización acorde a los años trabajados o el mantenimiento de las condiciones laborales anteriores.
La protesta, que reúne a unas 45 personas, se mantiene pese a la falta de respuesta de la empresa. Según las trabajadoras, nadie de la dirección se ha puesto en contacto con ellas desde que comenzaron las movilizaciones. Tampoco, por ahora, han sufrido amenazas directas, aunque el miedo ha ido dejando paso al hartazgo. "Hay gente que ha tenido que ir a la Cruz Roja para poder comer", denuncia Alcaraz, que describe una estrategia empresarial de desgaste: no dar trabajo efectivo hasta que la persona se canse y se marche.
Mujeres migrantes
El conflicto tiene, además, una clara dimensión de género y origen. Según UGT, alrededor del 80% de las personas afectadas son mujeres de origen árabe. Para el sindicato, no es un dato menor. "Estamos en un sector muy precarizado, con poco conocimiento de los derechos laborales. Las empresas se aprovechan de esa vulnerabilidad: reunión con recursos humanos, firma aquí y se acabó", afirma el asesor sindical. El traslado al campo, además, abre la puerta a cambios de centro de trabajo incluso a otras provincias, una circunstancia difícilmente asumible para mujeres con cargas familiares y redes de apoyo limitadas.
Fuente: La Opinión DE MURCIA
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