Periodista
en elDiarioRegióndeMurcia.es y
guionista.
En
2023, el ayuntamiento de este municipio, donde los salones de juegos
triplican la media nacional, intentó utilizar el urbanismo como
herramienta para frenar la ludopatía entre los jóvenes. Su plan se
ha visto truncado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia
En
Lorca, los salones de juegos triplican la media nacional. Mientras
que en la mayoría de localidades españolas suele haber un local de
este tipo por cada 13.000 habitantes, en este municipio, el tercero
más poblado de la Región de Murcia, hay uno por cada 4.000. En
algunos barrios, los locales de apuestas se han convertido en el
primer negocio que los jóvenes ven al salir del instituto, mientras
que para acceder a un centro polideportivo o una biblioteca deben
caminar kilómetros.
La Policía Local de Lorca interviene en una reyerta con heridos a las puertas de un polémico salón de juegos situado frente a un instituto.
La ubicación de estos locales junto a centros educativos hace años que encendió todas las alarmas. Especialmente en una región donde más de 7.000 menores ya apuestan diariamente, según un informe del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia (UMU). Es la heroína del siglo XXI. Una industria que mueve 373 millones de euros anuales en este territorio, con base en los datos aportados por el Consejo Empresarial del Juego (CeJuego).
Para
muchos padres y educadores la cercanía de salones de apuestas y
juegos de azar tan cerca de donde se forman los jóvenes normaliza
una actividad que puede ser especialmente dañina para personas
jóvenes y vulnerables.
Especialistas
en salud mental y adicciones también han advertido en numerosas
ocasiones del riesgo que supone la exposición temprana al juego para
los jóvenes. Numerosos estudios apuntan a que el juego puede
convertirse en un grave problema para una proporción significativa
de personas jóvenes con edades clave comprendidas entre los 14 (que
es la de iniciación) y los 25 años.
En la Región de Murcia, más de 7. 000 menores ya juegan y apuestan a diario.
Las
adicciones al juego no solo implican pérdidas económicas, sino que
están asociadas a trastornos de ansiedad, deterioro de relaciones
personales y trastornos emocionales profundos, especialmente cuando
el juego se vincula a entornos familiares con mayor vulnerabilidad
socioeconómica.
El
psicólogo clínico especializado en trastornos de conducta y
patología dual en adolescentes, Jordi Royo i Isach, explica los
primeros signos de ludopatía en los jóvenes: “Suele haber un
cambio de comportamiento, que incluye la irritabilidad o ansiedad
cuando no pueden jugar. También mienten sobre el tiempo y el dinero
invertido en apostar, y pierden el interés por otras actividades, de
modo que el juego se convierte en su principal fuente de ocupación,
dejando de lado los estudios y otras aficiones y aislándose de su
entorno”.
Para
este especialista, los casos más graves pasan por llevar a cabo
conductas arriesgadas, incluidos delitos, para conseguir dinero para
jugar. Hay un dato aún más alarmante: el 20% de los jugadores
patológicos intentarán suicidarse durante su vida, como recuerda la
reconocida psicóloga especializada en Psicología Clínica y
Conductas Adictivas, Sara Meca.
Focos
de conflictos e inseguridad
Para
muchos vecinos de Lorca, estos establecimientos no solo representan
una amenaza social, sino también un foco de inseguridad, ruido y
desorden en barrios que, por otra parte, siguen pendientes de
inversiones en espacios deportivos, culturales o de ocio juvenil.
Carmen
L. vive frente al Instituto de Educación Secundaria (IES) José
Ibáñez Martín. Justo enfrente de la puerta de acceso a este centro
educativo hay un salón de juegos. “Se ha vuelto insoportable vivir
aquí. Hay peleas constantes, gritos de madrugada, o consumo de
alcohol y drogas en las inmediaciones de nuestros portales, donde
también hacen sus necesidades los usuarios de este local”, cuenta
a elDiario.es Región de Murcia. “He perdido la cuenta de las veces
que ha venido ya la policía para disolver reyertas”, relata otra
vecina. “Queremos poder vivir tranquilos. Este tipo de locales
deberían estar donde no generen problemas”, añade un comerciante
de la zona.
Dos agentes realizan una inspección en uno de los salones de juego implantados en el municipio.
Los
residentes afectados y también la comunidad docente de este
instituto y de otro próximo, el IES Francisco Ros Giner, llevan
meses recogiendo firmas entre familias y alumnado. De momento, no hay
respuesta a sus reivindicaciones.
El
intento de regulación y la respuesta judicial
Parte
de la proliferación de salones de juego en Lorca se explica por una
ausencia de legislación autonómica ambiciosa. A día de hoy, la
normativa de la Región de Murcia no contempla distancias mínimas
obligatorias que impidan que estos locales se ubiquen cerca de
colegios o institutos. Esto deja a los municipios como Lorca con
pocos instrumentos regulatorios efectivos, obligándolos a recurrir
al planeamiento urbanístico —como el Plan General Municipal de
Ordenación (PGMO)— para intentar limitar la expansión del juego.
Así,
en el año 2020, desde el Grupo Municipal de IU-Verdes, en la
oposición en el Ayuntamiento de Lorca, se empezó a trabajar en una
propuesta de modificación del PGMO que suscitara el consenso de
todas las fuerzas políticas con representación en el pleno
municipal que debía aprobarla. Y se consiguió.
En
enero de 2023, todos los partidos acordaron esta reforma del PGMO
para establecer distancias claras: 1.000 metros entre salones de
juego y 500 metros respecto a centros educativos, sanitarios,
deportivos o culturales. El objetivo era proteger a la ciudadanía y,
especialmente, a los más jóvenes, de la ludopatía. Con la adopción
de las nuevas distancias, en la práctica, en Lorca ya no podrían
abrirse más locales de juego.
Sin
embargo, la medida chocó con la justicia. Hace unos días, la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia (TSJRM) anuló esta reforma urbanística.
La
sentencia estimó el recurso presentado por varias empresas del
sector del juego argumentando que la medida municipal no contaba con
justificación técnica ni legal suficiente para imponer distancias
más restrictivas que las fijadas por la normativa de la comunidad
autónoma, que es la que tiene la competencia principal en materia de
juegos y apuestas.
Sesión del Pleno del Ayuntamiento de Lorca en la que se aprobó la modificación del Plan General para alejar las casas de apuestas de los centros educativos.
Según
el TSJRM, el Ayuntamiento había excedido los límites al endurecer
las condiciones sin un respaldo sólido que explicara por qué eran
necesarias esas distancias más amplias. En resumidas cuentas,
mientras la Asamblea de Región de Murcia siga sin aprobar distancias
mínimas obligatorias, los municipios seguirán con las manos atadas
para abordar este problema de salud pública.
En
septiembre de 2018, el presidente Fernando López Miras (PP) anunció
un decreto para establecer una distancia mínima entre centros
educativos y salones de juego. Ocho años después, esa iniciativa
está “completamente paralizada”, como denuncia José Luis
Álvarez-Castellanos, diputado regional de Izquierda Unida-Verdes,
quien acusa al mandatario murciano de “plegarse a los intereses de
la patronal del juego”.
Álvarez-Castellanos
explica las claves: “En la Región de Murcia, cuando los
propietarios de los salones de juegos renuevan las licencias, la
administración vuelve a tener en cuenta las condiciones iniciales
existentes en el momento de su concesión, y no las nuevas derivadas
de cambios normativos, que es lo que exige el artículo 7.2 de la Ley
regional del Juego y las Apuestas”, que establece que las
condiciones para la renovación de las licencias son las vigentes en
el momento de su solicitud. Si se aprobaran distancias mínimas a
centros educativos —como sucede en la mayoría de las autonomías
españolas—, muchas casas de apuestas “tendrían los días
contados”. Por eso, “el Gobierno regional decidió paralizar el
asunto y dejarlo morir en un cajón”, denuncia el parlamentario de
IU-Verdes.
Regulaciones
autonómicas frente a la “barra libre” en Murcia
El
debate abierto en Lorca no es una excepción en España. En los
últimos años, varias comunidades autónomas y algunos grandes
municipios han endurecido su normativa para alejar los salones de
juego y casas de apuestas de los centros educativos, sanitarios y
espacios frecuentados por menores, precisamente para frenar la
ludopatía juvenil.
El
caso más citado es el de la Comunidad
Valenciana,
pionera en este tipo de regulación. Desde 2020, su ley autonómica
exige una distancia mínima de 850 metros entre los locales de juego
y centros educativos, sanitarios o deportivos, además de imponer
separación entre los propios salones. La medida supuso, en la
práctica, un freno casi total a nuevas aperturas en zonas urbanas
consolidadas, tal y como se pretendía en Lorca.
En la Región de Murcia, la industria del juego incluso patrocina eventos populares, como los relacionados con el Entierro de la Sardina.
Otras
regiones han seguido ese camino, aunque con distancias más
moderadas. En Castilla y León, una reforma legal aprobada en 2023
amplió de 100 a 150 metros la distancia mínima respecto a colegios
e institutos, y fijó hasta 300 metros entre establecimientos de
juego, con el objetivo de evitar la concentración en barrios
concretos. Andalucía también establece actualmente una distancia de
150 metros para nuevos locales, mientras que Canarias dio un paso más
en 2024 al elevar esa separación hasta los 300 metros.
En
grandes áreas urbanas, el debate ha sido aún más intenso.
Barcelona, por ejemplo, aprobó un plan especial que fijaba 800
metros de distancia respecto a centros educativos y otros
equipamientos sensibles. Aunque parte de esa regulación fue
posteriormente anulada por los tribunales, el caso ilustra hasta qué
punto algunos ayuntamientos han intentado utilizar el urbanismo como
herramienta de salud pública ante la falta de respuestas más
contundentes desde otros niveles administrativos.
A
las puertas de una batalla jurídica y política en Lorca
La
anulación del plan ha provocado reacciones políticas y sociales en
Lorca. El PSOE local, a través de su portavoz Isabel Casalduero, ha
reclamado públicamente que se recurra la sentencia y se agoten todas
las vías judiciales para defender la normativa aprobada en 2023.
Casalduero
sostiene que permitir que los salones de apuestas puedan instalarse
frente a institutos, centros de salud o zonas sensibles es
“incomprensible” y que la polémica no debe quedarse en un debate
técnico: “La ludopatía destroza vidas, familias y proyectos
vitales cada día. Lo mínimo que podemos hacer es alejar estos focos
de adicción de los más vulnerables”, ha declarado.
En los barrios de Lorca proliferan los salones de juego, un 'foco de adicción' según la concejala del PSOE, Isabel Casalduero.
Vecinos,
familias y asociaciones también reclaman una legislación autonómica
que fije distancias, límites y controles efectivos, así como
programas educativos en escuelas e institutos, campañas de
prevención y el impulso de alternativas de ocio saludable para los
jóvenes.
Mientras
tanto, la ciudad se prepara para una batalla jurídica y política
que definirá si la protección de la ciudadanía ocupará un lugar
prioritario frente a los intereses de los operadores del juego o si,
por el contrario, la normativa actual seguirá alentando su expansión
sin freno, permitiendo que estos locales sigan abriendo más puertas
en el corazón de los barrios y cerca de los centros que deberían
proteger el futuro de la juventud.
Fuente:
elDiario.es
Región de Murcia
