miércoles, 21 de enero de 2026

La plantilla de Sabic parará la producción si no forma parte en la negociación de un plan social

 


Entre 350 y 370 empleos penden del cierre de la planta Lexan 1 y su industria auxiliar en la pedanía de La Aljorra (Cartagena)

     Varios centenares de trabajadores de Sabic han recibido con una protesta al vicepresidente europeo de la multinacional, Roger Bosch, quien este miércoles visita el complejo industrial de la compañía, ubicado en la diputación cartagenera de La Aljorra.





Los trabajadores zarandean el coche del director europeo de Sabic, a su llegada a la factoría de La Aljorra.


La rotonda de acceso a Sabic ha sido el lugar en el que se han concentrado para reivindicar, con pancartas y coreando consignas, un plan laboral para los entre 350 y 370 trabajadores que podrían estar afectados por el cierre planta Lexan 1, a los que habría que sumar los de la industria auxiliar que trabaja para la multinacional.




Los trabajadores esperan que la visita de Bosch sirva para traer más información sobre la venta y del cierre de la citada planta, tras el anuncio de venta del negocio de termoplásticos de ingeniería en Europa y América al fondo buitre alemán Mutares.



Fuente: Cartagenaplaza

Manifestación en Murcia contra el plan sobre Gaza para continuar con el genocidio del pueblo palestino


Han intentado engañarnos, pero la realidad es clara: el genocidio en Palestina continúa.





- Por eso seguimos en la calle.

- Porque callar es ser cómplice.

- Porque la solidaridad no se negocia.


🚫 Embargo de armas YA 

🚫 No al plan para Gaza 

❌ Ruptura total de relaciones con Israel 

🇵🇸 Palestina libre, desde el río hasta el mar 


No es momento de cansarse, es momento de insistir, resistir y luchar 🔥

Nos vemos en la calle 🖤🤍💚❤️


#PalestinaLibre#EmbargoDeArmasYa✊🏽🇵🇸

martes, 20 de enero de 2026

Palomares rehúye el estigma del accidente nuclear 60 años después: “Sólo pedimos que limpien”

 


PoNéstor Cenizo   
      Periodista que ha publicado en El Mundo, JotDown o Líbero y actualmente colabora habitualmente con elDiario.es como corresponsal en Málaga.

El vecindario se debate hoy entre exigir a la administración que limpie los terrenos o ignorar un incidente del que dicen que afecta más a la imagen que a las condiciones ambientales del pueblo

     El 17 de enero de 1966 Manuela Sabiote recogía tomates cuando un trozo de avión cayó a pocos metros de su huerta.


Manuela Sabiote, junto a los restos del fuselaje de un avión caído en Palomares.


En una foto que tomó un periodista o algún soldado, Manuela posa sonriente con los restos de fuselaje, las matas de tomates de fondo y algunos paisanos que observan. Es la foto que ilustra este reportaje, el rastro inocente del incidente de Palomares, del que este sábado se cumplen sesenta años.

La foto simboliza el estado de ánimo con el que el pueblo encajó el episodio. Pocas horas después, aquello se llenó de militares que hablaban inglés y buscaban un par de bombas termonucleares extraviadas, y la inocencia dio paso a las mentiras oficiales que no sirvieron jamás para evitar que el pueblo quedase marcado para siempre.

Aquella pequeña aldea del Levante almeriense acababa de sufrir uno de los más graves accidentes nucleares de la Guerra Fría. Un B-52 y un KC-135 habían colisionado durante una de las habituales operaciones de repostaje en vuelo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ejecutaba sobre la Sierra Almagrera. Palomares, con poco más de 700 vecinos, agrícola y pobre, quedaría marcada para siempre por nueve kilos de isótopos de plutonio dispersados en forma de aerosoles sobre un área aproximada de 226 hectáreas con zonas de vegetación silvestre, cultivadas y urbanas. Que cayeron cuatro bombas se supo casi al momento; todo lo demás se ocultó durante el franquismo y hasta bien entrada la democracia


El entonces ministro de Informacion y Turismo, Manuel Fraga, bañandose en la playa de Palomares próxima al lugar del accidente de dos aviones ocurrido en 1966.

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La gente de Palomares vivió engañada 40 años. Hasta 2006 no se tomaron las primeras medidas de radioprotección con el vallado de 40 hectáreas. Antes siempre habían dicho que todo había quedado perfectamente. Manuel Fraga fue el principal vocero: decía incluso que se había quedado mejor, así de chulo era”, recuerda hoy José Herrera, quizá la persona que más ha investigado los esfuerzos de los sucesivos gobiernos, en dictadura y democracia, por enterrar el asunto bajo una capa de silencio y olvido: “Una investigadora norteamericana, Barbara Moran, me preguntó una vez cómo era posible que siguiera siendo tan secreto, cuando en su país ya habían desclasificado el Acuerdo Otero-Hall [el proyecto científico a largo plazo para estudiar los efectos de la contaminación por plutonio]”.


La bomba nuclear B28FI, recuperada a 870 metros de profundidad, en la cubierta del USS Petrel.


Plutonio y americio como fuentes contaminantes

En este pueblo que hoy supera por poco los 2.000 habitantes muchos están cansados de contar a los periodistas las mismas historias una y otra vez. Lo viven como una maldición atada al aire que respiran y la tierra que cultivan.

El sensacionalismo ocasional no ha ayudado. No hay trabajos que demuestren de forma consistente que hay aquí una incidencia mayor de algún tipo de cáncer, y los análisis regulares de las lechugas, los tomates, los caracoles, los conejos, el agua o el aire no dan motivos para la alarma. Pero la tierra contaminada sigue ahí, a menos de un metro de la superficie. “No es un pueblo contaminado, son solo unas parcelas”, dice María Isabel Ponce, actual alcaldesa pedánea (PSOE), que insiste: “Tenemos toda la tranquilidad, está vigilado a través del CIEMAT, y lo único que pedimos es que se haga la limpieza de los terrenos vallados, como llevamos pidiendo 60 años”.

Desde hace décadas todo se hace depender de un acuerdo que nunca llega con Estados Unidos, responsable del accidente y el único con capacidad para transportar, tratar y almacenar los terrenos contaminados. Óscar Velasco es el hijo de Manuela, la joven que posó con los trozos de avión. También fue alcalde hasta 2023, y lo tiene claro: “Urge la descontaminación, ya”. Y alerta de que habrá un momento en que el vallado no sirva para acotar el riesgo. “El americio se va degradando y tiene otro tipo de radiación que puede salir al exterior. Eso es un peligro no solo para Palomares, sino también para poblaciones cercanas”.


Terrenos afectados por contaminación radiactiva en Palomares (Almería).


La fuente de emisiones radiológicas se compone de isótopos de plutonio (238Pu, 239Pu, 240Pu y 241Pu) y americio (241Am, generado a partir de la desintegración de su progenitor, el isótopo 241Pu). Según el CIEMAT, el 241Am y el 239+240Pu son los radionucleidos críticos debido a que son los isótopos más abundantes en concentración de actividad con los distintos componentes del ecosistema afectado: suelos, alimentos, aire, depósito, agua, organismos indicadores y sedimentos.

Como no se ve, se oye, se siente o se huele, la gente no valora el riesgo”

Pepe Ramos tenía cinco años el 17 de enero de 1966 y dice recordar muy bien el alboroto, la excitación, cómo el pueblo pasó de ser un villorrio olvidado a centro de la atención mundial gracias a la visita del amigo americano. “No teníamos nada, y yo me escapaba de casa y me iba a montarme a los helicópteros. Nos traían chicles y Coca Cola, que nunca habíamos visto aquí”, relata. Aquello era un jolgorio del que te podías ir con algún bonito obsequio. “Mi hermana se hizo una foto encima de una de las bombas. Todo el mundo andaba por todos sitios recogiendo cosas. Hasta un destornillador de los americanos tengo todavía. El otro día me lo encontré en una caja de herramientas”.

Fuera de la burbuja de inocencia infantil, el impacto económico fue inmediato. Recoger tomates quedó prohibido por orden de la autoridad, pero lo peor fue el estigma: “Aquí se vive del campo y cuando empezaron las historias ya nadie quería productos de Palomares, se vendían con etiquetas de Murcia”, señala el hombre. Además, el reparto de las indemnizaciones abrió otra herida en el pueblo.

Durante muchos años, Ramos iba a Madrid a sacarse sangre. “Dejé de hacerlo porque enviaban cosas muy escuetas, como si fuera un simple análisis de sangre. Que yo sepa, nadie ha recibido nada de que tuviera algún problema de radiactividad. Aquí nos conocemos todos y no ha habido problemas de cáncer ni historias de esas más de lo normal”.

Pronto, los vecinos dejaron de preocuparse, anestesiados por la aparente ausencia de consecuencias y el silencio de las administraciones, que ocultaban incluso cómo un doctor de la división de Investigación Biomédica del Laboratorio Nacional de Los Álamos, Haskell Langham, los estaba utilizando como conejillos de Indias. “Como no se ve, se oye, se siente o se huele, la gente no valora el riesgo real”, lamenta Velasco. Hoy, pocos vecinos siguen haciéndose las pruebas.

El año de las bombas”

Para las nuevas generaciones el asunto es molesto o un elemento mitológico. “El año de las bombascomo le dijeron una vez unos niños a Herrera, que tomó prestada la frase para titular su nuevo libro, una recopilación de historias casi al modo documental de Svetlana Alexievich en Voces de Chernobyl. “He tratado de reflejar a los involuntarios protagonistas del suceso, porque la gente del pueblo apenas sale en el tratamiento periodístico del accidente. Siempre se habla del general Wilson, del doctor Langham... Y el pueblo es un figurante”.

Allí cuenta cómo las crónicas radiofónicas a través de Radio España Independiente (La Pirenaica, vinculada al Partido Comunista) rompieron por primera vez el silencio impuesto por la dictadura. Sacaban las crónicas ocultas en la ropa interior de un motorista que iba a Lorca, desde donde se enviaban a Bucarest para ser radiadas. Y también cómo ya en los 80 una jovencísima alcaldesa, Antonia Flores, abanderó la lucha por la transparencia y la dignidad del pueblo de Palomares junto a la duquesa de Medina-Sidonia.

Tuvieron que pasar dos décadas más para que en 2007 se vallaran los terrenos que contienen el material radiactivo que Estados Unidos enterró a medio metro de profundidad, el más grande de ellos en el núcleo del pueblo. Desde entonces, el CIEMAT emite un informe anual a partir de muestras de agua, tierra, aire, animales y vegetales. “Los niveles de irradiación son prácticamente irrelevantes, incluso en las zonas más afectadas”, se lee en el último de ellos. A cinco metros de unas vallas se cultivan lechugas. Nada informa de qué motiva el vallado, de eficacia dudosa con ciertos animales y que no frena al viento.


Zona de acceso restringido en el municipio almeriense de Palomares.


España ha procurado siempre mantener las miradas de terceros ajenas a lo que hay en Palomares, ignorando incluso las reclamaciones de la Comisión Europea para que complete la rehabilitación. Tampoco admite que haya puntos radiactivos fuera del vallado, como en su día denunciaron los ecologistas. Sin embargo, un informe del Gobierno de Estados Unidos al Senado de aquel país reconoció en 2023 que Palomares “sigue sufriendo los efectos” de la “contaminación residual”, que “supera los niveles” de la normativa europea. Pese a que admitía que la ayuda de Estados Unidos es “vital” para zanjar la cuestión, el informe no instaba ninguna medida para intervenir.


La Comunidad Europea dió hasta finales 2021 para que España informara del progreso en la limpieza de Palomares.


Nadie descontamina Palomares

Hoy, el gran tema que marca la agenda local es la gran urbanización de 1.600 viviendas y hotel junto a la playa de Quitapellejos, que tiene ya los parabienes de la Junta de Andalucía. “Es prosperidad para los vecinos. Queremos que Palomares no solo sea agricultura, y abrirnos al turismo y al sector servicios”, subraya su alcaldesa pedánea. Durante décadas, Palomares ha observado el desarrollo turístico de Vera o Mojácar sin participar de él. Ahora, los ecologistas alertan de que el proyecto acabaría para siempre con un entorno al que la huella nuclear quizá también haya contribuido a preservar, duplicando la población de la pedanía.


La zona en la que se proyecta la macrourbanización está en regresión por el cambio climático.

Mientras, el pueblo sigue esperando a que alguien saque de allí la tierra contaminada, unos 50.000 metros cúbicos que quedarían reducidos a unos 6.000 una vez tratados. Desde hace casi una década, Ecologistas en Acción lo intenta en los tribunales para chocar una y otra vez contra la determinación del Gobierno de mover ni una piedra. Tras un primer intento fallido, la Audiencia Nacional estudia ahora si debe hacerlo el Ministerio de Transición Ecológica. El proceso está pendiente de que se admitan o no algunas de las testificales que han pedido los ecologistas.

En su momento, el Ministerio ya alegó que las sospechas en torno a la situación radiológica en Palomares son una exageración sin fundamento, que la propuesta de Plan de Rehabilitación de 2010 es papel mojado, que no hay ninguna norma que le obligue a intervenir y que, en todo caso, no está claro que remover sea una buena idea, aunque sea para limpiar.

La tesitura, más teórica que real (al menos por ahora), divide al pueblo. “Yo no soy científico, pero tengo dos dedos de frente: si remueves la tierra va a haber un problema porque se va a liberar al aire”, dice Pepe Ramos. “Tener una contaminación así es peligroso para el ser humano. Vamos 60 años tarde”, rebate Óscar Velasco, que sólo así ve posible borrar un estigma que amenaza con durar tanto tiempo como los isótopos de plutonio: “Descontaminar es la única solución para que al fin se deje de hablar de esto”.


Fuente: elDiario.es

"Después de 20 años, nos empujan a irnos": el conflicto laboral que sacude a Agromediterránea en Torre Pacheco (Región de Murcia)

 

      Periodista y redactor de las noticias de agua, agricultura y medio ambiente del diario La Opinión DE MURCIA.

UGT anuncia acciones judiciales contra la modificación de las condiciones laborales que afecta a 80 personas, en su mayoría mujeres migrantes

     La protesta a las puertas de las instalaciones de la empresa Espace Tecno Agrícola, en Torre Pacheco, no es un estallido aislado. Detrás de las concentraciones diarias de decenas de trabajadoras hay años de precariedad larvada, contratos inestables y decisiones empresariales que, según denuncian los sindicatos, han terminado por empujar a muchas familias al límite. La empresa, cuya matriz es Agromediterránea, una de las compañías más relevantes del sector hortofrutícola en la Región de Murcia, se enfrenta ahora a un conflicto colectivo que amenaza con judicializarse y que vuelve a poner el foco en la situación de las mujeres migrantes en el campo murciano.


Algunas de las mujeres concentradas este lunes frente a la empresa Agromediterránea en Torre Pacheco.

Según explica Getsemaní Alcaraz, asesor sindical de UGT, el origen del conflicto está en el uso continuado del contrato fijo discontinuo en una actividad que durante años fue prácticamente constante. En su opinión, cuando apenas existían interrupciones en la producción, lo que correspondía era la contratación indefinida ordinaria, especialmente en el trabajo de almacén, que aportaba una estabilidad clave a la plantilla. Sin embargo, la empresa optó por mantener ese modelo de contratación flexible.

El problema se agravó hace aproximadamente tres años, cuando parte del trabajo que se realizaba en el almacén fue trasladado al campo. Ese cambio organizativo redujo de forma notable las horas efectivas de trabajo de los fijos discontinuos. En 2025, la actividad apenas alcanza, según el sindicato, al 50% de la plantilla. "Un fijo discontinuo, cuando se le acaba la prestación por desempleo y no hay llamamiento, se queda sin ningún ingreso", destaca Alcaraz, que califica la situación de "dramática".

En ese contexto, la empresa ha iniciado un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que afecta, en principio, a unas 80 personas de un censo total de 220. La medida supone el traslado obligatorio de trabajadoras del almacén al campo. UGT sostiene que esta vía se ha elegido para evitar un expediente de regulación de empleo y abaratar costes. "No se cobra lo mismo en el almacén que en el campo, ni se trabaja en las mismas condiciones", señala el asesor sindical, que recuerda que se trata de convenios distintos y con peores condiciones salariales y laborales en el régimen agrario.

Para UGT, la empresa está utilizando una herramienta legal con un objetivo claro: reducir indemnizaciones y forzar salidas. En un procedimiento de este tipo, la compensación máxima es de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. "Una persona con 20 años de antigüedad se puede quedar, como mucho, en unos 17.000 euros", explica Alcaraz, que considera que se está "enmascarando un despido colectivo" bajo la apariencia de un traslado.

El periodo de consultas se ha cerrado con el apoyo de Comisiones Obreras y del sindicato Redes, que suman mayoría en el comité de empresa, pero sin el respaldo de UGT. El sindicato ha anunciado que impugnará el acuerdo en los tribunales como conflicto colectivo. A su juicio, la negociación no ha sido real ni se han aportado todos los datos necesarios. "La empresa dice que no hay trabajo, pero sí lo hay: lo que ha hecho es deslocalizarlo del almacén al campo", sostiene Alcaraz.

Las protestas

Mientras tanto, las trabajadoras afectadas han decidido visibilizar su situación con concentraciones diarias a las puertas de la empresa. En los carteles se podía leer: 'No somos números, somos personas' o 'Basta de mentiras, no al ERE encubierto'. Muchas de ellas llevan entre 10 y más de 20 años en la plantilla. Ramah El Farh, una de las empleadas que participa en la protesta, explica que el malestar surge porque "llevamos mucho tiempo sin trabajar y ahora la empresa quiere mandarnos al campo". Ella misma acumula 18 años de antigüedad como envasadora y asegura que lo que reclaman es "nuestro derecho completo", es decir, una indemnización acorde a los años trabajados o el mantenimiento de las condiciones laborales anteriores.

La protesta, que reúne a unas 45 personas, se mantiene pese a la falta de respuesta de la empresa. Según las trabajadoras, nadie de la dirección se ha puesto en contacto con ellas desde que comenzaron las movilizaciones. Tampoco, por ahora, han sufrido amenazas directas, aunque el miedo ha ido dejando paso al hartazgo. "Hay gente que ha tenido que ir a la Cruz Roja para poder comer", denuncia Alcaraz, que describe una estrategia empresarial de desgaste: no dar trabajo efectivo hasta que la persona se canse y se marche.

Mujeres migrantes


Mujeres concentradas frente a la empresa Agromediterránea en Torre Pacheco.

El conflicto tiene, además, una clara dimensión de género y origen. Según UGT, alrededor del 80% de las personas afectadas son mujeres de origen árabe. Para el sindicato, no es un dato menor. "Estamos en un sector muy precarizado, con poco conocimiento de los derechos laborales. Las empresas se aprovechan de esa vulnerabilidad: reunión con recursos humanos, firma aquí y se acabó", afirma el asesor sindical. El traslado al campo, además, abre la puerta a cambios de centro de trabajo incluso a otras provincias, una circunstancia difícilmente asumible para mujeres con cargas familiares y redes de apoyo limitadas.


Fuente: La Opinión DE MURCIA